Los coches con licencia aspiran a triplicar su implantación tras el fallido decreto anti Uber

La paz social a la que la Administración había llegado con los taxistas vuelve a tener los días contados. La suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del reglamento anunciado por Colau, que exigía una autorización adicional y preveía reducir así a la mitad las 800 las licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en el área de Barcelona, ha dado alas a las empresas del sector, como Uber y Cabify. Estas consideran que es el primer paso para desencallar los procesos judiciales, que tienen paralizadas cerca de 3.000 licencias en Cataluña. Los taxistas han convocado una huelga de 48 horas, el 25 de julio.

El conflicto entre el sector del taxi y los vehículos con licencia VTC estalló con la llegada de aplicaciones tecnológicas, como Uber y Cabify, que operan con vehículos con este tipo de autorización. Hasta entonces, taxi y VTC convivían en las calles con clientes y regulaciones distintas. El taxi tiene derecho a parar a los clientes por la calle y a usar las paradas especiales para su transporte, mientras que la VTC debe contratarse de antemano. Con la llegada de las aplicaciones, los clientes de una y otra oferta convergieron y empezaron los recelos del taxi.

La demanda creciente de licencias VTC rompió con la proporción que estipula la ley de Transporte y tiene en alerta a los taxistas. La ley obliga a que por cada VTC haya al menos 30 licencias de taxi. En el Área Metropolitana de Barcelona hay 10.522 licencias de taxi y casi 800 de VTC. La proporción, pues, no respeta la ley, aunque los operadores de VTC aseguran que las licencias se obtuvieron con legalidad: entre 2009 y 2015 se dieron más licencias de las que estipula el 1/30 porque una modificación en la normativa lo permitía. “Lo increíble es que en 2015 se volvieran a introducir limitaciones”, afirma un portavoz de una de las empresas VTC. Para volver a respetar la proporción, el AMB que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impulsó un reglamento que pretendía volver a cumplir la ley de Transporte: con la entrega de una etiqueta de la AMB se añadía una limitación más a la de la obtención de una licencia, con lo que el sector de la VTC temía ver reducida a la mitad la oferta en Barcelona.

El varapalo judicial del TSJC en forma de suspensión cautelar del reglamento propuesto por Colau vino precedido por el recurso por parte del Ministerio de Fomento, que entendió que se invadían competencias. El taxi ha respondido al recurso de Fomento y a la suspensión del reglamento con la convocatoria de movilizaciones.

Frente a la indignación del taxi, las empresas que alquilan las licencias VTC ven en la resolución judicial una oportunidad para reivindicarse y crecer. Compañías como Moove Cars, Vector o Auro empiezan a controlar cantidades significativas de licencias VTC en Barcelona, que luego alquilan a las plataformas Uber o Cabify. Para todas estas empresas, el fin de la traba del área metropolitana es un presagio de que pronto se desencallarán los procesos judiciales que tienen paralizadas 20.000 licencias en España y casi 3.000 en Cataluña. Estas compañías, según fuentes del sector, consideran que si se restituyen estas licencias no será suficiente, ya que, explican, el negocio todavía tiene mucho margen para crecer. El sector recuerda que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha emitido varios comunicados defendiendo la liberalización del sector y la necesidad de desencallar las licencias que están en los tribunales.

La patronal Unauto VTC aseguró en un comunicado que el fin del reglamento en el área de Barcelona permite a los barceloneses “disponer cada vez de más alternativas de movilidad”. La patronal, a la que pertenecen Cabify y Uber y las empresas que gestionan las VTC que luego alquilan las plataformas, ha presentado decenas de recursos para proteger sus licencias. Unauto recuerda que “ya existe un marco normativo para la convivencia del taxi y las VTC, aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en mayo de 2018”, y las empresas defienden el uso de estos coches para conseguir “quitarle clientes al coche privado y buscar un modelo de movilidad sostenible”.

Todas las organizaciones del sector catalán del taxi han convocado un paro de 48 horas, los días 25 y 26 de julio, en apoyo al reglamento del Área Metropolitana de Barcelona. Las organizaciones Asociación Taxistas Latinos Unidos, Elite Taxi Barcelona, Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya, Sindicat del Taxi de Catalunya, Agrupació Taxi Companys y Anget Taxi han anunciado en un comunicado que llevarán a cabo un paro de 48 horas, que se iniciará a las 6.00 horas del miércoles 25 de julio.

El sector se movilizará en defensa de la licencia municipal para los operadores de VTC y de la proporción de una de estas licencias por cada taxista. “Debemos frenar esta locura en la calle y en los tribunales. No nos queda otra. Es una responsabilidad que asumimos las asociaciones del taxi y que debe asumir todos y cada uno de los taxistas de la AMB”, asegura el comunicado.

Además de los dos días de paro, que coinciden con días de mucha actividad turística, los taxistas se concentrarán el miércoles a las 11.00 horas en el paseo Lluís Companys, frente al TSJC.