El PP denuncia irregularidades en un proceso selectivo del Ayuntamiento de Coslada

El PP denuncia irregularidades en un proceso selectivo del Ayuntamiento de Coslada, gobernado por el PSOE. Los populares sostienen que el tribunal pudo cambiar el criterio de corrección sobre la marcha. Se quejan de favoritismo, ya que la única aprobada obtuvo una plaza de funcionaria en 2010 con otro gobierno socialista. En aquella ocasión el PP depositó el nombre de la aspirante ante notario diez meses antes de su designación. Una portavoz del Gobierno municipal sostiene que el proceso ha sido limpio y que el tribunal estaba compuesto por técnicos habilitados.

La jefatura del área de Desarrollo Económico y Empleo quedó vacante a principios de año, tras la jubilación de su responsable. Para cubrir el puesto de forma temporal, el Consistorio convocó un proceso interno entre los trabajadores de la concejalía. El único requisito era poseer una licenciatura. Cinco personas cumplían el perfil, pero solo tres decidieron competir por el puesto, que lleva aparejado un notable aumento de sueldo. Los candidatos realizaron un examen el 16 de mayo. Constaba de dos ejercicios prácticos. El primero, sobre contrataciones, se evaluaba con un máximo de cuatro puntos mientras que el segundo, desarrollar un plan de comercio, valía diez.

Los resultados fueron remitidos a las participantes por correo electrónico el 22 de mayo. Solo aprobó una de ellas con una calificación de 5,1. Las aspirantes suspensas solicitaron revisar su examen y conocer los criterios de evaluación seguidos por la comisión. “El supuesto práctico de mayor puntuación era un tema muy específico que ninguna de las tres aspirantes conocíamos, tal y como manifestamos al intercambiar impresiones”, admiten las participantes, según los recursos de alzada presentados por las candidatas suspendidas.

“Mismos protagonistas”

Al oírlo, un compañero del área les comunicó que inicialmente habían suspendido todas, pero que el tribunal decidió aprobar a una para cubrir el puesto. Así lo corroboró la Jefa Administrativa de la concejalía, según declararon las candidatas que no lograron aprobar. Una de ellas sostiene en su denuncia que incluso el concejal de Desarrollo Económico, Manuel Marín, reconoció que el tribunal había votado cambiar el criterio de corrección, algo que no aparece reflejado en el acta. “No ha habido ninguna modificación de criterios. Se han realizado dos revisiones a las alegaciones presentadas y el tribunal se ha ratificado en ambas”, explica Macarena Orosa, concejal de Recursos Humanos.

“Hace ocho años, con el mismo alcalde (el socialista Ángel Viveros), el mismo concejal y la misma aspirante, vivimos una situación parecida”, denuncia Francisco Becerra, portavoz del PP. El 5 de enero de 2010 el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocm) publicó las bases para contratar a dos orientadores laborales. El 28, los populares registraron ante notario tres nombres de los que, dijeron, saldrían los elegidos. Todos ellos eran empleados de la concejalía de Desarrollo Económico, cuyo titular era Marín. Los resultados se hicieron públicos el 19 de noviembre y las dos personas que consiguieron plaza estaban en la terna presentada por el PP diez meses antes. Una de ellas es la aspirante que ha superado ahora la prueba para la jefatura del área de Desarrollo Económico.

Orosa, que es la encargada de dirimir los recursos presentados, afirma desconocer el proceso de 2010, pero recalca que la persona a la que se refiere el PP “lleva más de 18 años trabajando en el Ayuntamiento y ha superado varios exámenes”. Fuentes municipales indican que otra de las candidatas suspendidas fue contratada cuando Becerra era concejal de Personal y que nunca se examinó. “Trabaja en el Consistorio gracias a una sentencia judicial que consolidó su puesto por concatenación de contratos. Hay siete casos en total”.

El PP también denuncia que uno de los miembros del tribunal para elegir a la nueva jefa económica, el vocal Andrés Couso, fue alcalde de Olmeda de las Fuentes por el PSOE, partido que gobierna en Coslada. Según Orosa, haber desempeñado esa labor no le incapacita para formar parte de la comisión evaluadora, ya que está en ella como funcionario de un Ayuntamiento vecino.