Los refugiados son una excepción

Mercè Bros no ha conocido nunca a un refugiado pese a que es la responsable del programa de atención de solicitantes de asilo de la Fundación Benallar. La entidad ha atendido en dos años a 20 personas procedentes del programa de ayuda Nausica, dentro del plan municipal Barcelona Ciudad Refugio, iniciado en 2015: de estas 20 personas, ninguna ha conseguido, de momento, el estatus legal que las considera refugiadas. La organización Bayt-Al-Thaqafa (Bayt) colabora desde hace dos años con el plan estatal de atención a los refugiados: de 70 solicitantes de asilo que han acogido, solo 2 han conseguido ser oficialmente refugiados. “Los preparamos para una resolución negativa porque, en el momento que su petición es rechazada ya sean autónomos y puedan establecerse”, explica Mireia Aguado, coordinadora de Bayt.

Los expertos confirman que hay un abuso de la palabra refugiado. Una persona refugiada es aquella que ha obtenido el asilo. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica que el Gobierno rechaza dos de cada tres peticiones de asilo: de las 13.350 resoluciones sobre solicitudes de asilo en 2017, solo 595 fueron favorables. El Gobierno reconoce que al menos a un tercio de los demandantes les amenaza algún tipo de peligro y concedió 4.080 permisos de protección subsidiaria, un estatus legal que corrobora que la persona, pese a no ser refugiada, corre un riesgo si vuelve a su país. También son minoría los inmigrantes que intentan solicitar el derecho de asilo: para hacerlo hay que pasar primero unos exámenes previos del Ministerio del Interior. El Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) del Ayuntamiento de Barcelona atendió en 2017 a casi 17.000 personas, un tercio de las cuales (4.405) tenían las condiciones para reclamar el asilo.

El número de solicitantes de asilo atendidos por el SAIER se ha triplicado desde 2015, cuando empezó el plan Ciudad Refugio. El principal grupo de demandantes de asilo en Barcelona —y en España— son los venezolanos, con 1.045 demandadas atendidas por el SAIE entre enero y mayo de 2018 (3.589 en total). Siguen como destacados nacionales de Colombia (449), Honduras (375) y el Salvador (297). El colectivo ucraniano fue el segundo solicitante en 2017, por detrás de Venezuela.

La CEAR informa que en España hay 40.000 solicitantes de asilo. El periodo de resolución puede durar más de dos años. Durante este tiempo, los solicitantes residen legalmente con ayudas para vivienda, escuela y manutención. Pasados los dos años, hay varios programas, como el de Barcelona Ciutat Refugi, que amplían en seis meses la asistencia económica, residencial y formativa. Entidades como Bayt o Benallar dan clases de idiomas —aprender castellano es obligatorio para el asilo— y organizan programas formativos.

Benallar ofrece talleres de horticultura y desvía a sus acogidos a cursos de restauración, electromecánica o manipulación de alimentos. En Bayt han conseguido que tengan ingresos propios la mayoría de las 19 familias de solicitantes de asilo que han atendido, en profesiones como cocinero, informática o socorrismo. El Ayuntamiento subraya que el acompañamiento de las organizaciones y de los voluntarios es clave para una buena integración. Aguado añade que un buen asesoramiento legal puede ser determinante porque, por ejemplo, muchas inmigrantes desconocen que la violencia de género también es una razón para demandar asilo.

Los representantes de Bayt explican que las peticiones para hacer de voluntario han aumentado: “Nos piden trabajar con refugiados”, dice Joana Castro, responsable de prensa de Bayt. Un 40% de los nuevos voluntarios de Bayt tienen experiencia en campos de migrantes en Grecia, y la entidad los reenvía a atender sin papeles: “Les explicamos que las condiciones que sufren los sin papeles o los demandantes de asilo no son muy diferentes. La situación de los dos grupos es muy arbitraria”, según Castro. El Ayuntamiento de Barcelona insiste a EL PAÍS que considera injusto el sistema burocrático para los inmigrantes irregulares: “El Estado debe conceder permisos de trabajo y residencia excepcionales a las personas migradas. Con la actual Ley de extranjería estas personas quedan condenadas a la exclusión administrativa y social porque durante un mínimo de tres años no pueden regularizar su situación”.