La Policía de Madrid prepara un protocolo para que las identificaciones tengan más garantías

El Ayuntamiento pondrá en marcha con un proyecto piloto en Ciudad Lineal un nuevo protocolo de identificación policial. Hasta ahora, cuando un agente pedía la documentación a un ciudadano o le cacheaba, la gestión quedaba registrada al comunicarse verbalmente con la centralita. A partir del 1 de noviembre los policías que participen en el ensayo tendrán que rellenar un formulario pensado, según el Consistorio, para garantizar los derechos de los ciudadanos más vulnerables y a la vez, reforzar la seguridad jurídica de los agentes. Los sindicatos que representan a la mayoría del cuerpo policial municipal, CCPM y CSIT-UP, rechazan los planes municipales y aseguran que se sienten señalados.

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El nuevo proceso de actuación forma parte de los planes de la Corporación municipal para modernizar la Policía Municipal. Se inspira en el trabajo que han hecho en otros países para mejorar la labor policial y proteger los derechos humanos, especialmente en los colectivos más desfavorecidos, como los migrantes, aseguran fuentes del Área de Seguridad del Ayuntamiento.

Cuando un policía pide a un ciudadano que se identifique y llama a la central por radio para comunicar los datos y pedir información sobre el sujeto, la llamada queda registrada y un operario ingresa los datos sobre la operación. El lugar y el momento en el que se produce también están controlados, porque los agentes municipales llevan GPS tanto en su sistema de transmisiones portátil como en su vehículo. Francisco José Horcajo, portavoz de CSIT-UP, considera que la inscripción en el sistema es garantía suficiente para que un ciudadano que se sienta discriminado por una actuación policial pueda denunciarla ante asuntos internos.

Con el nuevo protocolo, los agentes deberán cumplimentar unos formularios cada vez que identifiquen o registren a alguien, con independencia del resultado. Después deberán entregar una copia al ciudadano con información precisa acerca de sus derechos y de las vías de denuncia disponibles. De esta forma, las identificaciones deben estar justificadas y quedan regladas. “Los resultados han mostrado una mejora de la seguridad ciudadana allí donde se ha implementado, además de un aumento en la confianza en la propia policía por parte de la población”, aseguran las mismas fuentes de la concejalía que dirige Javier Barbero.

Oposición sindical

CCPM y CSIT-UP rechazan el nuevo sistema de actuación. Las dos centrales, enfrentadas al Ayuntamiento por la negociación de su convenio colectivo y por episodios como la muerte de Mame Mbaye, el senegalés que se dedicaba a la venta ambulante, y que desató incidentes violentos en Lavapiés, consideran que este procedimiento cuestiona su actuación y les señala. “Parece que están dando por sentado que estamos haciendo algo mal contra colectivos vulnerables, y eso no es así. Nos controlan como si hiciesemos algo malo y lo único que hacen es ponernos trabas”, critica Alberto Cid, portavoz de CCPM. “No nos dejan trabajar y ponen en entredicho nuestra labor como policías. Nos han llamado racistas y xenófobos”, añade Horcajo. Los sindicatos se quejan también de que los formularios multiplicarán su carga burocrática y producirán retrasos en su trabajo.

El Consistorio que dirige Manuela Carmena insiste en que se trata de una recomendación de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Agencia Europea de Derechos Humanos contra las identificaciones por perfil étnico. En Reino Unido, Suiza y Países Bajos ya implementan este tipo de protocolos. La policía nacional holandesa cuenta además con una aplicación para teléfono móvil donde los ciudadanos pueden presentar quejas. Este mes de septiembre una comitiva madrileña, formada por representes de la Policía Municipal y miembros de las ONG Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España, Asociación Rumiñahui y Right International Spain, viajó a Northampton (Reino Unido) a conocer la experiencia británica.

En España, la instrucción para las identificaciones funciona en A Coruña, Castellón y Fuenlabrada. En este municipio madrileño, al que el Ayuntamiento de Madrid observa de cerca, el plan arrancó hace ocho años. Antes de arrancar, la policía fuenlabreña identificaba a 9,6 marroquíes frente a un español. Seis meses después, esta ratio bajó a 3,4 frente a uno, según una aditoría externa encargada por el Ayuntamiento de esa localidad. “Mientras el sesgo discriminatorio disminuía, la tasa de acierto (esto es, el porcentaje del total de las identificaciones que resultan en el descubrimiento de un ilícito) pasó del 6% al 17%”, aseguran fuentes la Corporación de la capital. Ocho años después, el acierto en las identificaciones está en el 40% y la ratio de desproporcionalidad con las personas extranjeras ha seguido cayendo. “Cuando se toman medidas que regulan la actuación de los agentes, sube la eficacia y disminuye el sesgo contra determinados colectivos”, insisten.

“Avance en derechos”

UPM, el segundo sindicato en representación en el cuerpo municipal de policía constata que el plan tiene como objetivo “impulsar y promover cambios en los servicios policiales y mejoras en sus procedimientos para garantizar a la sociedad diversa y a colectivos minoritarios, un trato policial igualitario y no discriminatorio”, señala Jaime Johnson, secretario general de UPM. Su sindicato rechaza valorar el protocolo, pero defiende que “está a favor de cualquier programa que suponga un avance en derechos democráticos”.

La sección de policía local de CC OO en Madrid, que representa en torno al 15% de los municipales madrileños, considera las nuevas instrucciones “adecuadas y aceptables” y no ve “motivo de alarma ni de queja”. Coinciden con la visión del Ayuntamiento de que la medida protege también a los agentes: “Cuando el policía ha desarrollado el protocolo adecuado, ya tiene un respaldo jurídico y tiene una mayor esgarantías”, dice Emiliano Herrero, secretario general del sindicato, que añade que su sindicato prefiere “la prevención frente a la denuncia”.

“Este protocolo va encaminado a que no exista discriminación y todas las medidas que van encaminadas en ese sentido son beneficiosas”, opina Herrero. La policía actúa adecuadamente, subraya, y no se sienten señalados por el protocolo. “La corporación está restringiendo los vehículos y eso no criminaliza a los conductores, simplemente establece una norma de convivencia”, reflexiona. “Luego veremos los resultados, si implica una mejora de l a seguridad o al contrario, si implica menos identificaciones y menos control”.