¿Gasta demasiado un ayuntamiento con un superávit de 1.000 millones?

Habitualmente, cualquier cargo electo se queja de la carencia de medios financieros de la Administración en la que sirve y reclama, constantemente, un aumento de los fondos que gestiona. En el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, nos encontramos en una peculiarísima situación que se resume en que no se nos permite gastar los ingresos que ya tenemos. No solicitamos mayor financiación a nadie (ni un euro), simplemente pedimos que nos dejen emplear nuestros propios recursos para mejorar los servicios a la ciudadanía.

En efecto, la ciudad de Madrid cerró el ejercicio 2017 con una capacidad de financiación de 1.057 millones de euros. No se trata de un escenario puntual o coyuntural, sino que ha sido el cuarto ejercicio consecutivo que se cierra con una capacidad de financiación por encima de los 1.000 millones de euros. Esta envidiable e inaudita situación financiera contrasta con la necesidad de financiación de 1.043 millones de euros con la que la Comunidad de Madrid concluyó el mismo ejercicio presupuestario o con los más de 22.000 millones de euros de déficit que presentó la Administración Central.

No solamente somos la Administración local con el superávit más alto de España, sino que también hemos rebajado nuestra deuda a un ritmo vertiginoso. Veamos los datos: de 2014 a 2017 el Ayuntamiento de Madrid disminuyó su deuda viva en un 43%; en ese mismo periodo la Comunidad de Madrid la aumentó en un 29% y la Administración Central la incrementó en un 12%. La reducción del pasivo de nuestra ciudad está siendo tan intensa que, de seguir así, en 2019 ya no podremos continuar amortizando anticipadamente deuda, so pena de incurrir en ahorros negativos.

Pues bien, ante esta situación en la que la capacidad de financiación supone casi un tercio del gasto no financiero total, cualquier ciudadano legítimamente puede preguntarnos, al menos, dos cosas: ¿por qué no bajamos los impuestos o por qué no gastamos más?

En cuanto a lo primero, con el actual diseño de la regla de gasto, una bajada de impuestos implica automáticamente, y por el mismo importe, una disminución del techo de gasto no financiero. Es decir, si en la actualidad nos permiten llegar a un gasto de aproximadamente 3.600 millones y decidiésemos bajar los impuestos por un importe de 500 millones, significaría que nuestro techo de gasto disminuiría hasta 3.100 millones y, en consecuencia, tendríamos que recortar gastos por valor de 500 millones, lo que nos llevaría, de nuevo, a un superávit de 1.000 millones. Esto es, tendríamos el mismo superávit y habríamos tenido que llevar a cabo importantes recortes.

Respecto de lo segundo, los proyectos de modernización de nuestra ciudad y de mejora de los servicios públicos que queremos llevar a cabo se enfrentan, cada día, con la implacable regla de gasto que, en la interpretación que se ha dado en el actual Plan Económico Financiero que afecta al Ayuntamiento, implica que la capital debe reducir sus gastos en aproximadamente 63 millones de euros respecto de lo realmente gastado en 2017. Esto es, a la Administración con la mayor capacidad de financiación de toda España (más de 1.057 millones de euros) no solo no se le permite incrementar ni un céntimo su gasto, sino que se le obliga a reducirlo en 63 millones. Evidentemente, esto es un sinsentido jurídico y económico que no se puede aceptar.

Un último dato: según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española, organismo independiente de control fiscal), la ciudad de Madrid presentó un gasto no financiero per cápita de 1.080 euros, mientras que en Barcelona la cifra alcanzó los 1.549 euros (aún por debajo, por cierto, de los 1.570 euros de Bilbao). Esto significa que el gasto no financiero per cápita de Barcelona fue en 2017 más de un 43% superior al de Madrid, lo que ilustra claramente la necesidad de incremento de gasto que tiene la capital de España.

No se trata de gastar por gastar, sino de utilizar los ingresos públicos para crear más empleo, reequilibrar el territorio y proteger a los más vulnerables. Esto es todo lo que pedimos: un trato justo para la ciudadanía madrileña.

Jorge García Castaño, Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid