La Ciudad de la Justicia, en San Blas

San Blas se ha convertido en este mes de octubre en el distrito judicial penal por excelencia. El Gobierno regional ha decidido unificar en un radio de 100 metros los 56 juzgados de lo Penal, de Ejecutorias, de Violencia sobre la Mujer y de Menores. Tan solo los de instrucción, situados en la mítica sede de la plaza de Castilla, continúan alejados de este núcleo. Se cumple así una de las demandas históricas de fiscales, abogados y procuradores que se han quejado siempre de la dispersión de las sedes en la capital.

San Blas (156.149 habitantes, con un 18,6% de población extranjera) acoge cerca del 5% de la población global de la capital y tiene una tasa de paro del 8,32%. Durante décadas tuvo una gran potencia industrial, con fábricas míticas como Santa Bárbara, pero el declive del sector se dejó sentir en sus polígonos. Esta concentración judicial ya estaba incluida en el Plan de Infraestructuras Judiciales presentado en febrero de 2017, tras ser desestimada por enésima vez la construcción de una Ciudad de la Justicia en Valdebebas (Hortaleza) en la que estuvieran todos los juzgados de la capital. Este proyecto se inició hace unos 15 años, dentro del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Pese a varios intentos, alguno incluso de bajo coste, han quedado enterrados y con ellos cualquier intento de hacer realidad soluciones que ya funcionan en ciudades como Valencia.

El distrito acogía hasta la fecha los 26 juzgados de lo Penal y la Fiscalía de Enjuiciamiento y Apelaciones en la sede de la calle de Julián Camarillo. Solo en 2017, recibieron 16.541 casos y al final de año les quedaban pendientes casi 17.000 procedimientos. En la calle de Institución Libre de Enseñanza (antigua Hermanos García Noblejas) estaban el juzgado de refuerzo y los Juzgados de Menores. El resto de sedes ahora unificadas se distribuían en diversos edificios. En un inmueble obsoleto de la calle de Manuel Tovar (Fuencarral-El Pardo), se concentraban los 11 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los 5 de lo Penal de esta especialidad, la fiscalía, los forenses y los equipos sociales. Este centro se caracterizaba por la falta de espacio y por el continuo contacto entre las mujeres víctimas de violencia machista y sus agresores.

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer se han trasladado al número 31 de la calle de Albarracín, donde antes estuvo la sede central de la Policía Municipal. El inmueble consta de 26.700 metros cuadrados y con importantes novedades. “La oficina judicial es más amplia, los techos son altos por lo que da menos sensación de agobio y hay accesos a las salas de vistas independientes para las víctimas y los acusados”, destaca el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira. Durante 2017, estos juzgados tramitaron 17.108 procedimientos, lo que supuso un 9% más que en 2016. A final de año, quedaron pendientes 2.894 casos, según la Memoria de 2017 del TSJM.

Las 600 personas que trabajan en el nuevo edificio de Albarracín están en pleno traslado. Acogerá también 17 juzgados de lo Penal, lo que supondrá que haya más espacio en la sede de Julián Camarillo; la fiscalía provincial, la forensía y los equipos técnicos de Violencia sobre la Mujer. “Estos cambios se van a notar también en la plaza de Castilla, ya que se libera una planta entera con el traslado de los seis juzgados de ejecutorias penales”, explica la decana de los jueces de Madrid, la magistrada María Jesús Barco.

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, reconoce que se ha elegido San Blas por contar ya con dos sedes previas y por el precio del alquiler de las oficinas. “Con esta concentración buscamos mejorar la eficacia y la eficiencia. El nuevo edificio cuenta con un salón de actos de grandes dimensiones que puede utilizarse para macrojuicios. También hay espacio para que los abogados puedan reunirse con sus clientes y áreas para la Guardia Civil y la Policía Nacional”, afirma Ibarrola.

En estos días se están dando los típicos problemas iniciales como la falta de teléfonos o fax en algunos juzgados, que los muebles se han trasladado de las antiguas sedes y no caben en los nuevos emplazamientos o, incluso, el reparto de las plazas de aparcamiento del edificio. El Ejecutivo regional espera tenerlo resuelto en los próximos días. “No hemos querido mover los juzgados de instrucción de la plaza de Castilla porque supondría el traslado de mucha gente, además son los juzgados emblemáticos por excelencia”, mantiene Ibarrola.

Lo que queda pendiente es unificar el núcleo civil, que sufre también una gran dispersión. El actual presidente regional, Ángel Garrido, ha pedido que estén en las proximidades de la calle del Poeta Joan Maragall (antigua Capitán Haya). “Estamos trabajando con la Consejería de Hacienda para lograr las mejores ubicaciones”, concluye la consejera.