El líder de los miguelianos reta a la Iglesia tras la sentencia: “Quiero hablar cara a cara con los obispos”

Tras ser condenado por abusos sexuales y absuelto de asociación ilícita y otros 20 delitos, el fundador de la orden de los miguelianos, Miguel Rosendo, ha comparecido públicamente este miércoles en A Coruña para cargar contra la jerarquía de la Iglesia católica que amparó durante años las actividades de su organización pero que le dio la espalda en cuanto fue detenido en 2014. “Quiero hablar cara a cara con los obispos y que me digan lo que no fueron capaces de decirme en su momento; que me expliquen la trampa, la red que me han echado encima”, ha afirmado Rosendo, arropado por tres sacerdotes y la abogada Beatriz Seijo, quienes han acusado a “una serie de hombres” de la Iglesia y del Opus Dei de urdir un “montaje” para acabar con la orden.

El fallo del caso de los miguelianos condena a Rosendo a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven entre 1996 y 2012. La sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que no es firme y que será recurrida tanto por la acusación particular como por el fundador de la orden religiosa ante el Tribunal Supremo, considera probado que Rosendo agredió a la víctima con tocamientos cuando solo tenía nueve años, unos abusos que fueron a más a medida que la niña iba creciendo. El tribunal, sin embargo, no considera acreditado que la organización Orden y Mandato de San Miguel Arcángel fuera una secta, ni que Rosendo empleara con los seguidores de la asociación “técnicas de adoctrinamiento basadas en la persuasión coercitiva enfocada al quebranto total o parcial de la personalidad”.

El hecho de que la sentencia haya descartado este último delito ha llevado a la defensa de Rosendo a anunciar durante la rueda de prensa acciones legales contra los medios de comunicación que se refieran al fundador de la orden y a sus simpatizantes con palabras que a su juicio lo vinculan con prácticas sectarias, entre las que ha llegado a citar “líder”, “organigrama” o “seguidores”. “La orden siempre actuó bajo licencia y bendición de la Santísima Iglesia”, ha proclamado Rosendo entre lágrimas, golpes de pecho y aspavientos.

La abogada de Rosendo ha afirmado que al darle la espalda a los miguelianos cuando el caso salió a la luz, la jerarquía católica fue “injusta con personas respetables” y la ha acusado de impulsar en 2012, antes de que el escándalo llegase a los tribunales, un procedimiento canónico “irregular”, una “auténtica falacia”. “Orden y Mandato está completamente limpia pero destruida jurídica y eclesialmente”, ha admitido Seijo.

Ninguno de los comparecientes han querido concretar los motivos que han podido llevar a la cúpula de la Iglesia a esa supuesta conspiración contra la asociación creada por Rosendo. Seijo se ha limitado a citar el “capital humano” que acumuló la orden de los miguelianos, a la que estaban vinculadas según sus cálculos unas 450 personas, frente a la grave crisis de vocaciones que sufre el catolicismo en España. Anteriormente la abogada se había referido a las inyecciones de fondos que recibió la Iglesia a través de la asociación, que invirtió una “gran cantidad de dinero” en la rehabilitación de propiedades eclesiales como el convento de Vilariño.

Por su parte, los sacerdotes Juan Luis Castón y Eduardo Lostao, defensores de Rosendo y vinculados a varias parroquias madrileñas hasta hace poco, han apuntado incluso al Vaticano y al Opus Dei. Tras acusar al obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, de “mentir en sede judicial”, han asegurado que un “amigo de Quinteiro” con un puesto de responsabilidad en Roma firmó un informe contra la orden “que se usó para proscribir y maltratar”. Este periódico no ha logrado contactar con el Obispado para recabar su versión sobre estas acusaciones.