Guerra judicial por la sangre

La gestión de la sangre que donan de forma altruista los ciudadanos y que después el Centro de Transfusión de Madrid entrega a los hospitales mueve cada año cerca de 10 millones de euros. Pero no siempre fue así. Hasta 2013 este servicio público recaudaba un 1.000% menos. Ese año empezó a cobrar a los hospitales de gestión privada de la red pública, como la Fundación Jiménez Díaz o el Rey Juan Carlos de Móstoles. Y ese año empezó también una suerte de guerra de la sangre soterrada que durante años ha enfrentado a la Comunidad de Madrid con cuatro de estos centros.

El conflicto empezó porque los hospitales del grupo QuirónSalud consideraron que no debían pagar por recibir las bolsas de sangre del Centro de Transfusión. Empezaron a recurrir ante la Junta Superior de Hacienda, un órgano administrativo, pero cuando este no les dio la razón, llevaron la disputa a los tribunales. Según un recuento elaborado por este diario a partir de dos decenas de sentencias, rechazaron pagar al menos 22 facturas por un valor total de 2,6 millones de euros. Algunas reclamaciones acabaron en los juzgados; otras no. En total, los pleitos de todo tipo llegaron a sumar 8,8 millones de euros, según fuentes de Sanidad.

La donación de sangre en España es altruista y voluntaria desde 1985. No existen bancos de sangre privados, de manera que todas las donaciones, se hagan donde se hagan, pasan por el centro de transfusión público. Este distribuye los productos resultantes (hematíes, plaquetas...) a los hospitales. A los públicos no les cobra, pero a los privados sí. Para ello las comunidades establecen precios públicos por bolsa, que corresponden a los costes de su tratamiento y almacenamiento. Una de hematíes, por ejemplo, ronda los 150 euros.

Solo durante 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una decena de sentencias que obligaron a QuirónSalud a pagar por la sangre que usan en sus hospitales. Los cuatro centros son la Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Villalba. Entre los cuatro atienden aproximadamente a un millón de madrileños mediante contratos de concesión: la Comunidad de Madrid les paga un canon o cápita por ocuparse de los habitantes de sus áreas geográficas.

Los jueces aseguran que estos centros no pueden negarse a pagar por la sangre, porque eso querría decir que reciben un recurso público de manera gratuita. Así lo afirma el tribunal en una de las sentencias, referida a facturas del hospital de Valdemoro: darles la razón “llevaría a afirmar la gratuidad de los hemoderivados suministrados al hospital por parte del Centro de Transfusiones”.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad confirmó que en 2013 “se decidió empezar la facturación” de los hemoderivados que analiza, procesa y distribuye el Centro de Transfusión. En una nota interna de abril de 2013 se registraba que los llamados “productos intermedios” (bancos de tejidos, hemoterapia y transfusión y enfermedades genéticas e inmunológicas) pasaban a ser objeto de facturación. Se trataba de “regularizar la situación por los servicios prestados”.

En QuirónSalud afirman que el conflicto se debe simplemente a una interpretación distinta de la normativa y que sus abogados siempre han defendido que los precios públicos (el pago por las bolsas de sangre se factura como precio público) no son aplicables a los hospitales de gestión indirecta, porque su relación contractual con la Administración es de otro tipo. Un portavoz explicó que la Fundación Jiménez Díaz tuvo hasta 2005 un banco de sangre del que se abastecía con su propia estructura de recursos humanos y equipamiento. La Administración madrileña puso en marcha en 2005 la política de suprimir los bancos de sangre de los hospitales y centralizar todas las donaciones en el Centro Regional de Transfusión, añadió.

La FJD firmó entonces un acuerdo por el cual, a cambio de remitir las donaciones al Centro de Transfusión, este enviaba al hospital las bolsas necesarias para los pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. El acuerdo se mantuvo vigente hasta 2013, cuando “de manera unilateral” y “en plena crisis” la Comunidad de Madrid decidió empezar a facturar. QuirónSalud afirma que, tras las sentencias en su contra, ya ha abonado todo lo que debía. La Consejería de Sanidad confirmó que la deuda ya ha sido saldada.