La policia cita a la cuñada de Carmela Silva al no acudir al juicio para declarar sobre su contrato

El tribunal que juzga si hubo prevaricación y malversación en el contrato por parte del Ayuntamiento de Vigo de Vanesa Falque, cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra Carmela Silva, y que hoy no ha comparecido como testigo, ha ordenado a la policía que la cite en su domicilio. Falque, que había solicitado no asistir por problemas de salud, ha sido apercibida con una multa de 5.000 euros y advertida de que si no declara podría incurrir en un delito de desobediencia grave.

El juicio arrancó este martes con la declaración de los dos acusados por el supuesto enchufe de Vanesa Falque que fue contratada por la concesionaria municipal Imesapi, entre junio de 2008 y julio de 2013, sin que conste que haya ido a trabajar. La fecha de finalización del contrato laboral de Falque coincide con el de la adjudicación por parte del Concello de Vigo a la propia empresa, encargada de la gestión del servicio público municipal de los denominados Centros Cívicos vigueses.

Mientras el funcionario del Ayuntamiento de Vigo ha afirmado que nunca impuso la contratación de Falque, el gerente de la concesionaria mantuvo la versión que ya dio durante la instrucción de la causa de que Imesapi había recibido instrucciones para contratarla, aunque no recordaba quién las había dado. Ambos están acusados de supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

La Fiscalía sostiene que ambos idearon un plan para "aparentar" la contratación de Vanesa Falque, "persona muy afín a un miembro del gobierno local", en clara alusión a Silva como teniente de alcalde del Ayuntamiento. Para sufragar la nómina de esta trabajadora, el Ayuntamiento encargó a la empresa la elaboración de varias encuestas y estudios que, según el ministerio público, fueron facturados como obras menores, pero documentalmente no consta que intervinieran en su elaboración ni Falque ni Imesapi, según la fiscalía.

El funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orue, que se enfrenta a una condena de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, ha explicado que como jefe del departamento de Participación Ciudadana encargó a Imesapi la elaboración de una serie de encuestas sobre la calidad de los servicios, y que dicho encargo procedía de una orden general del gobierno municipal, a través del edil del departamento, Santos Héctor Rodríguez.

No obstante, negó que él impusiera la contratación de la cuñada de Carmela Silva o hubiera planificado la elaboración de esas encuestas como modo de compensar económicamente Imesapi por el coste salarial que suponía mantener a Vanesa Falque en la concesionaria.

El funcionario explicó también que esta trabajadora desempeñó labores de apoyo en la unidad de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento, aunque "no haya quedado huella de su trabajo”. Gutiérrez Orue ha añadido que ignora quién elaboró las encuestas encargadas a Imesapi aunque admitió que fue él quien propuso los presupuestos de las encuestas, en lugar de la propia empresa, alegando que se ceñía a los precios de mercado.

El gerente de Imesapi incidió en que la concesionaria no tenía control sobre los trabajadores de los centros cívicos, pero Ramón Comesaña sí ha reconocido que el encargo de las encuestas fue la forma en que el Ayuntamiento abonaba a la empresa los costes laborales de la contratación de Falque, como apuntó el funcionario. “La concesionaria no ganó dinero con este contrato y ojalá no la hubiéramos hecho nunca", ha lamentado.