Independencia y pobreza severa

Hay virus capaces de sobrevivir en ambientes que, sobre el papel, deberían resultarles adversos. Teóricamente, las manchas de inmoralidad no tendrían cabida en un país que camina límpidamente hacia una independencia que hará palidecer al estado de felicidad permanente que prometía la canción de Georges Moustaki.

El caso es que enzarzados en problemas de lazos, damascos, balcones y desobediencias, se escapan entre los dedos problemas a los que la ciudadanía debe hacer frente día a día. Y en ese terreno, los métodos de los gobiernos autonómicos de Artur Mas y de los independentistas de Quim Torra apenas difieren. Comparten corrientes de fondo como el recorte y contención del gasto o la opacidad informativa. En la precipitada carrera desde el austericidio a la independencia hemos perdido la oportunidad de mejorar las condiciones de vida gracias a los presupuestos, ya fueran los propios o los del Estado. La prueba es que en Cataluña se sigue gobernando sin rubor con las cuentas aprobadas en 2017.

En 2011, el Gobierno de Artur Mas decidió cortar por lo sano la partida destinada a la Renta Mínima de Inserción (RMI), que suponía unos 426 euros al mes por perceptor. La “sospecha” de fraude la hizo merecedora de soportar un tijeretazo de 50 millones de euros. Era la época de la austeridad ajena, esa que se aplicaba a las ayudas sociales de los otros, pero no al impuesto de sucesiones propio. La prestación que tan cicateramente abordó el Gobierno de Mas iba destinada a quienes se hallaban en situación de pobreza severa. Para proceder al recorte se agitó la sombra de la cultura de la sospecha. Una parte de los beneficiarios de la prestación fueron presentados como una suerte de aprovechados que se daban la gran vida a costa del sufrido contribuyente. Han pasado ocho años y el Gobierno de Quim Torra sigue dando pábulo al “efecto llamada”. De nuevo triunfa la cultura de la sospecha, ahora con la aquiescencia de Esquerra Republicana, que dirige el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. El hecho es que una medida que por ley no debe estar sujeta a vaivenes presupuestarios sufre estrecheces claramente ilegales.

Cuando en 2017 el Parlament aprobó por unanimidad la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), el soberanismo la presentó como un jalón en el camino a la independencia, como una muestra de ese Estado de Bienestar futuro que triunfaría en la Cataluña libre. Aunque lo cierto es que la derecha española (PP y Ciudadanos) votó a favor de esa medida. El caso es que con ello se daba la oportunidad de cobrar esta prestación a cualquier persona mayor de 23 años, residente en Cataluña durante al menos dos años, sin patrimonio —más allá de la primera residencia— y que hubiera agotado todas las prestaciones posibles. No era mucho. Se pasaba de los 426 euros al mes a los 564 de la nueva prestación que, progresivamente, debe llegar a los 660 en 2020. Lo importante era el cambio de concepto. La RGC, apoyada por 121.000 firmas ciudadanas, procuraba paliar de forma estructural —no paternalista ni asistencial— los efectos de una descarnada crisis que, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), ha dejado en la pobreza severa a casi 350.000 personas. ¿Se ha logrado el objetivo dos años después?

El primer problema es que esta prestación no llega ni a la mitad de sus potenciales beneficiarios (120.004 personas de 350.000). De las 133.746 nuevas solicitudes acumuladas desde 2017, solo se han aprobado 10.468 de RGC y complementos hasta finales de 2018. De los 9.300 recursos de alzada presentados por denegación, se han resuelto positivamente 109. En los motivos de rechazo no se especifica la razón, en algunas ocasiones. Los promotores de la ILP han tenido que acudir a la Comisión de Garantía del Derecho al Acceso a la Información Pública de la Generalitat en busca de amparo para conseguir datos. En la Cataluña de la transparencia las cifras son muy borrosas.

Mientras, crece la brecha entre las rentas más altas y las más bajas y la posibilidad de redistribución estructural que supone la RGC se queda muy corta. Harían bien los responsables de la Generalitat en escuchar el contenido de las mociones en favor de agilizar la RGC aprobadas por ayuntamientos como Santa Coloma, Santa Perpètua de Mogoda, Badia del Vallès, Cornellà o Vilafranca. O les bastaría con prestar oídos a esa especie de consejero áulico en que se ha convertido el Síndic de Greuges, quien denunciaba las graves consecuencias sociales de las denegaciones, las demoras en la tramitación de solicitudes y la excesiva burocratización del proceso.