La Fiscalía evita acudir a la junta de seguridad de Barcelona por los lazos amarillos

La fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, ha evitado este viernes acudir a la junta de seguridad de Barcelona por la presencia de lazos amarillos en el edificio del Ayuntamiento. La alcaldesa Ada Colau y el consejero de Interior, Miquel Buch, se han reunido con responsables en seguridad y operadores jurídicos para abordar el aumento de la delincuencia en la ciudad. Talón, sin embargo, no ha acudido al encuentro en protesta por la presencia de símbolos en apoyo a los políticos independentistas encarcelados.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado el motivo de la ausencia de Talón y han añadido que no es la primera vez que ocurre: en anteriores convocatorias de la junta, el ministerio público ha declinado la invitación por la presencia de esos símbolos. Tras revalidar la alcaldía, Colau volvió a colgar el pasado junio el lazo amarillo en el balcón del Consistorio, en la plaza de Sant Jaume. Las mismas fuentes añaden que, pese a la ausencia, la Fiscalía está trabajando para atajar la inseguridad en Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han acordado abrir “de manera casi inmediata”, aunque no han fijado un plazo concreto, una comisaría en la Plaza de Cataluña. La medida es una de las planteadas para reducir la delincuencia en la ciudad, donde los robos violentos en la calle han crecido un 35%. “Tenemos que conjurarnos para cambiar la situación”, dijo el consejero de Interior. Él y Colau criticaron la ley, que no pena la reincidencia: “Instamos a la Fiscalía y la judicatura a que hagan una revisión lo más ágil posible. No solo no ayuda, sino que es parte del problema”.

El consejero de Interior se refirió de manera recurrente a la necesidad de “mejorar la colaboración en las denuncias” entre Mossos y Guardia Urbana. En la actualidad, la policía local toma unas 12.000 denuncias anuales, según fuentes del cuerpo municipal, y el resto recae en Mossos, que asumen más del 80%. El acuerdo de la junta de este viernes pretende que la Guardia Urbana llegue a las 30.000 denuncias, ampliando el tipo de delitos que atiende desde sus comisarías, y mejorando así el servicio al ciudadano. La intención es que la reapertura de una oficina en Plaza de Cataluña sirva precisamente para recoger más denuncias de manera compartida entre los dos cuerpos. Fuentes policiales aseguran que la prioridad es abrir unas nuevas instalaciones, y no las que hay en el suburbano, cerradas desde noviembre de 2017 por problemas "estructurales".

La Generalitat presentó este viernes en la junta un plan concreto, con el que asume “la responsabilidad” en la lucha contra la delincuencia en la ciudad. Además de la apertura de la comisaría de Plaza de Cataluña, están los 320 mossos más que se destinarán a Barcelona en otoño, una mayor implicación de los servicios centrales en la lucha contra la delincuencia en Ciutat Vella y en zonas turísticas y de ocio, en la lucha contra los hurteros, los narcopisos, las agresiones sexuales y los tirones. También aumentará la estructura de mando de Mossos en Barcelona y se creará una unidad regional de seguridad ciudadana, que supondrá más horas de patrullaje en la calle. El objetivo último es aplacar el aumento sostenido que se vive en la ciudad desde 2017. En el primer semestre del año, los delitos han aumentado un 9%.

Finalmente, y sin profundizar, Buch mencionó el objetivo de “plantar cara al top manta”. El Ayuntamiento y la Generalitat se han pasado uno a otro el problema, sin que ninguna de las dos administraciones considere que la venta ambulante ilegal es directamente su responsabilidad. Buch se refirió este viernes a “dar apoyo” al Consistorio, y Colau habló de “cooperación” entre los dos cuerpos, y alegó que no “profundizaron” en la junta porque ya existe una comisión específica. Fuentes policiales aseguran que los dispositivos para evitar el top manta se harán como hasta ahora: liderados por Guardia Urbana con el apoyo de Mossos.

Colau y Buch coincidieron en la rueda de prensa posterior a la reunión en criticar que la ley no ayuda en la lucha contra los robos y los hurtos en la ciudad, que son la mayor parte de los delitos (90%). “Es evidente que tenemos un tema judicial”, subrayó Colau, sobre la necesidad de que se pene la reincidencia. “Hay que enviar el mensaje claro de que no sale a cuenta venir a robar a Barcelona”, repitió durante su intervención. “Los representantes de la justicia tienen que ayudarnos y trabajar en una modificación legislativa si hace falta y sacar de las calles la actividad delictiva”, se sumó Buch. La jueza decana, Mercè Caso, acudió a la reunión.