Educación nombra nuevo tribunal y repetirá el examen del conservatorio

El tribunal de las oposiciones a catedrático de instrumentista de cuerda del Conservatorio Superior de Música de Madrid se renovará al completo. La Consejería de Educación soltó la bomba ayer, por lo que apartará también a los dos miembros que no habían renunciado: el presidente, José Antonio Campos, y la secretaria, Cecilia M. Campa, violinista y violonchelista de la región madrileña, respectivamente. La otra noticia, que cayó como un jarro de agua fría, afecta a los opositores, que tendrán que repetir la parte práctica del examen, es decir, el concierto de dos horas, a pesar de que ya habían sido evaluados y su nota está custodiada.

El surrealismo musical existe y parece una novela negra. Una de las oposiciones más duras a las que los aspirantes a catedráticos se tienen que enfrentar tendrá que repetirse. Ya es un hecho. Se trataba de alcanzar el nivel más alto para los instrumentistas de violín, viola, violonchelo y contrabajo. Cinco plazas que no salían desde hace 30 años para 14 aspirantes. Pero la carrera por el podio tendrá que empezar casi desde la primera curva. La causa: un tribunal dividido que se acusa mutuamente de actuar ilegítimamente.

“Esto que están haciendo es muy grave. Quieren sembrar la sombra de la duda sobre Cecilia y sobre mí, que éramos los que estábamos velando para que no ocurriera nada ilegal”, cuenta José Antonio Campos, presidente del tribunal, violinista de 57 años y 20 de carrera musical. “Aquí nos hemos puesto muy serios desde el principio, porque nos hemos negado a seguir criterios interesados. No entramos en el juego, porque nada más empezar daba la sensación de que ya había plazas que estaban adjudicadas. Una oposición no está dada por decreto, hay que venir y defenderla”, explica Campos, enfadado.

Las desavenencias en el tribunal empezaron casi desde el principio. La Consejería anunció las oposiciones a finales de abril y convocó los exámenes para el 29 de junio. Los cinco miembros del tribunal, José Antonio Campos, Cecilia M. Campa, Alano Melchor Kovacs, Joaquín Torre y Jorge A. Muñoz Martín, comenzaron a evaluar con criterios dispares desde el inicio. Para unos, un examen con 30 faltas de ortografía era una falta grave, razón suficiente para no calificarlo con buena nota. Para otros, nada serio para una cátedra de música. Eso ocurrió en la primera parte de las pruebas, la teórica, donde los aspirantes tenían que desarrollar un tema por escrito durante dos horas. Aunque las mayores divergencias llegaron con la práctica, es decir, cuando los candidatos se presentaron ante el tribunal a exponer al menos seis piezas musicales.

“Es muy duro prepararte mentalmente para eso. Tienes que ser constante, ensayar desde por la mañana hasta por la noche, es como prepararte para una olimpiada”, explicó el jueves un candidato, que prefirió mantenerse en el anonimato. “Yo sé que tenía buena calificación en esa parte. Solo espero que no tengamos que repetirlo”, remató. La Consejería anunció ayer, sin embargo, que sí que tendrán que hacerlo, ya que solo se respetarán las notas de los exámenes teóricos.

“Eso es una vergüenza. ¿Qué pasa, que los que lo han hecho mal ahora tienen otra oportunidad y los que lo hicieron bien se la tienen que volver a jugar? Eso es otra oposición”, protesta Campos.

Los candidatos que se presentaron tenían aptitudes de todos los colores. Normales, buenos y brillantes. Dos de ellos, según miembros del tribunal consultados por este periódico, especialmente destacados: Fernando Arias, violonchelista, y Ana Valero, violista. Las referencias que hay de la carrera de él, por ejemplo, lo sitúan como uno de los jóvenes valores más laureados de su generación. Y ella, que ha ofrecido regularmente conciertos de música de cámara en numerosos países y su repertorio abarca desde el estilo barroco hasta la música del siglo XXI, no se queda atrás: desde 2010 ha compaginado su actividad concertística con su trabajo en varias orquestas profesionales y como profesora en la Escuela Internacional de la Haya, en Holanda.

Pero lo cierto es que todos tuvieron una valoración subjetiva. “Era imposible calificar mal a esta gente. Pero se utilizaban otras técnicas para equilibrar las notas”, explica Campos, y eso a pesar de que existen al menos 15 parámetros técnicos y musicales para seguir a rajatabla, como la afinación o las pausas durante la interpretación de una obra que no están contempladas. “Yo sé que siempre califiqué con criterios objetivos. Los puedo justificar todos. De hecho, no tenía ningún problema en que hubieran puesto a un inspector, al revés, visto el percal lo habría preferido”, dice el presidente.

Sin inspector, los miembros, divididos, firmaron las actas y de los 14 aspirantes pasaron siete a la fase final. Según la normativa, en caso de discordancia dentro de un tribunal se puede emitir un voto particular donde se refleje la opinión en el acta. Esto no sucedió. Las actas, firmadas, están guardadas bajo llave, a pesar de que el pasado lunes, día 15, cuando se estaban realizando las últimas pruebas, dos miembros del tribunal renunciaran por estar en desacuerdo con la forma de calificar.

“Recibí un escrito de los dos vocales con su renuncia y argumentaban que era por los criterios de evaluación establecidos”, explica Miguel Zurita, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, que añade que se vio obligado a aceptarla “sin entrar en quién tenía razón o no”. “Vi que el resultado estaba comprometido, y no se puede dejar que el resultado sea cualquiera con el riesgo de perder la objetividad”, añade. “No queremos causar prejuicios a nadie, y menos a los opositores, pero hay una evidencia de que no se estaba actuando con objetividad y decidimos actuar rápido”, dice Zurita.

El presidente del tribunal, sin embargo, discrepa en el proceder. “Lo normal habría sido ponerse en contacto conmigo. De hecho, yo le remití un escrito en el que le decía que estaba a su disposición para contar nuestra opinión de lo que estaba pasando en el tribunal. Pero no interesó”, se queja. “No me puse en contacto porque la decisión estaba clara. Vemos que el resultado no tiene garantías y actuamos así, rápido. Sin entrar en si tienen razón unos u otros”, replica Zurita, que ha reconocido que el nuevo tribunal estará compuesto al completo por nuevos catedráticos de cuerda de otras comunidades autónomas y que además habrá un inspector, es decir, “un árbitro perfecto de la situación”.

Esta circunstancia, sin embargo, se podría haber evitado si la Administración hubiera aceptado la petición de CC OO de poner cámaras en las pruebas prácticas, según cuenta Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato. “Llevamos mucho tiempo detrás de esto. Es algo que se hace en países serios, como EE UU, y se han reído de nosotros en nuestra cara cuando lo hemos nombrado”, razona. Zurita admite que es algo que “no se ha considerado hasta el momento”. “Ya haremos una valoración en el futuro, pero es algo que puede ofrecer garantías o no, porque igual hay opositores que prefieren no ser grabados, y eso también habría que respetarlo”, aduce.

La Comunidad de Madrid anunció ayer que el nombramiento de los nuevos miembros del tribunal será publicado en el BOCM el próximo lunes, 22 de julio, y que los exámenes se reanudarán “a partir del día 2 de septiembre”.

“Es inaudito. El lunes pasado, cuando empezó la última fase, los miembros nos comunicaron por la mañana que habían decidido renunciar e hicieron una especie de huelga de brazos caídos. Nosotros seguíamos corrigiendo la última parte, que era la guía docente que habían entregado, y se negaron a mirarlo. Mientras, los siete candidatos que habían pasado habían empezado su presentación, que era la última prueba. Lo habían hecho ya cuatro y quedaban por hacerlo los otros tres, que iban por la tarde. Solo quedaba eso”, cuenta el presidente del tribunal.

Los 14 aspirantes deberán entonces volver atrás y comenzar sus pruebas prácticas en septiembre, con nuevo tribunal. Para algunos será una nueva oportunidad. Para otros, la posibilidad de una ocasión perdida.

“Hay que tener en cuenta que la disolución de un tribunal sin motivación nos retrotrae a tiempos preconstitucionales. ¿Dónde queda el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, aportar pruebas, hacer alegaciones?”, preguntan desde CC OO, que defendían un nuevo tribunal con los dos miembros que no habían renunciado. “La Administración ha señalando el proceso en su conjunto al poner en duda la transparencia y el buen funcionamiento de su propio proceso. Ha puesto en duda y en cuestión la actuación de personas concretas y lo que ha conseguido es poner en cuestión el proceso en su conjunto. De hecho, hemos recibido en las últimas horas un aluvión de reclamaciones en otras especialidades”, añade Galvín.

La tristeza por la decisión de la Administración se extiende a los principales afectados, los opositores. “Estamos creando personas con criterios y no se puede utilizar el arte en beneficio propio y por egolatría. Hay que hacerlo con decencia. Yo no tendría ningún problema en suspender a algún amigo mío si no lo merece. ¿Otros pueden decir lo mismo? Han intentado tomarnos el pelo. Mi único interés es que consigan la plaza los que realmente la merecen. Por respeto a la música y a la decencia”, finaliza el ya expresidente, que estudiará acciones legales.