Borrón y cuenta nueva policial

Nueva dirección, nuevas órdenes. Los responsables de la Policía Municipal (5.800 agentes) han empezado a desmontar las medidas de la anterior Corporación. Algunas estuvieron rodeadas de polémica y no sentaron bien el cuerpo, que las vieron como una injerencia en su trabajo diario.

Fin al Comité Ético. El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) daba la puntilla a este comité el pasado jueves. La concejal de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz Otero, firmaba el decreto que ponía fin a una de las medidas estrella de su antecesor, Javier Barbero. Este comité lo formaban agentes y representantes de asociaciones que quisieron integrarlo de manera voluntaria. Este órgano colegiado pretendía asesorar en posibles conflictos éticos, tras analizar casos y situaciones concretas. Es decir, hacía de árbitro deontológico con vistas a futuras actuaciones.

“No se trata de desconfiar de la profesionalidad de la policía. Se buscaba hacer una reflexión para ver cómo se podría actuar mejor. Este sistema ya funciona por ejemplo en los comités de ética de los hospitales”, afirma Barbero.

Los actuales responsables de la Policía Municipal entienden que sus funciones ya estaban cubiertas. La Ley de Coordinación de Policías Locales —de ámbito regional— ya recoge la formación de este comité para analizar posibles actuaciones conflictivas. Aparte, las normas que regulan las sanciones en la Policía Nacional son las que se utilizan para los agentes locales. Los actuales responsables recuerdan que el comité solo se ha reunido tres veces. Dos de ellas, para ver sus funciones. La tercera, con un colectivo de mujeres víctimas. “No se comprende que este comité lo presida un oficial [antiguo cabo] y no esté el máximo responsable del cuerpo”, añaden.

El PIPE no se renueva. La anterior Corporación inició un plan piloto para evitar la discriminación policial a los inmigrantes. A través del Plan de Identificaciones de Personas Extranjeras (PIPE), se rellenaba un impreso en el que se especificaba a qué personas, de qué nacionalidades y por qué motivos se le pedía la documentación. Se puso de manera experimental en Ciudad Lineal, dado su alto número de inmigrantes y nacionalidades. El paso del tiempo ha demostrado que no hay casi impresos rellenos del PIPE.

El anterior concejal atribuye estos cambios “a criterios de sectarismo”: “Se suprime todo lo anterior por el hecho de que lo propuso y lo inició el otro. Este plan proviene de una recomendación de Naciones Unidas”, afirma Barbero.

Los actuales responsables tienen una versión distinta. Recuerdan que las identificaciones y las posibles infracciones a la Ley de Extranjería corresponden a la Policía Nacional. “Si un agente hace una identificación y comprueba que no tiene los papeles en regla, debe actuar de inmediato. Esto podría incluir la detención o la apertura de un expediente de expulsión”, añaden.

Cambios en el plan director. El plan director es el código de circulación, las normas por las que se rige el cuerpo. Son sus líneas maestras. El anterior concejal y su alcaldesa Manuela Carmena apostaron por una policía más social, con agentes de proximidad y no tanto por una policía represora. Una de las primeras medidas que pusieron en marcha fue reducir de dos a una las unidades centrales de seguridad (UCS, especie de antidisturbios) y les prohibió intervenir en desahucios.

La nueva concejal, Inmaculada Sanz, ya ha anunciado que ese documento será reformado en los próximos meses de tal manera que se retomen competencias hasta ahora abandonadas. Se busca, por tanto, una policía más proactiva y que evite problemas como el botellón o los ruidos en la vía pública. “Hay una gran desmotivación en el cuerpo, que se ha generado en los últimos años donde ha habido una dirección que no ha apoyado a la policía y que les ha considerado como enemigos de los madrileños”, añaden fuentes municipales.

La UAS vuelve a la Casa de Campo. Las antiguas Unidades Centrales de Seguridad se redujeron en época de Carmena a un solo grupo con la mitad de efectivos. Pasaron de más de 250 agentes a poco más de 125. Se les rebautizó como la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS). Se caracterizan por llevar una boina negra en lugar de la gorra del resto de agentes. La sede de la UAS se quedó en la calle de Trespaderne, junto al aeropuerto de Barajas. A la sede de la Casa de Campo se trasladó la Unidad de Medio Ambiente.

La concejal visitó la unidad de Barajas el pasado miércoles y anunció que la UAS regresará este lunes a la Casa de Campo. Aquí están más cerca del centro de la ciudad, por lo que se reduce el tiempo de reacción. Además, cuentan con una enorme superficie para entrenar y para practicar deporte en los alrededores de la unidad. Otro anuncio, volverán a vestir de negro —su color originario— para que se les distinga del resto de agentes.

Luchar contra los manteros. El nuevo equipo de gobierno ha decidido acabar con la cierta impunidad que tenían los vendedores ambulantes ilegales, en especial los manteros. La orden que está vigente ahora obliga a los agentes a que avisen a sus superiores antes de actuar. Eso supone que exista una gran demora en las intervenciones, lo que ha degenerado en que los manteros hayan campado a sus anchas en lugares tan céntricos como Gran Vía y la Puerta del Sol. “Cuando uno no se ve respaldados por sus superiores y sabe que si actúa se va a meter en problemas, opta por la opción fácil de no hacer nada. Ese ha sido el caso de los manteros”, recuerdan varios mandos policiales.

De momento, la nueva dirección de la Policía Municipal ha mantenido la orden actual. Eso sí, ya se están dando órdenes verbales en las reuniones previas al inicio del servicio para que los agentes empiecen a perseguirlos.

Más vigilancia en Puente de Vallecas y Tetuán. Una de las últimas medidas tomadas por la concejal de Seguridad ha sido el refuerzo de la vigilancia en barrios en los que los vecinos han pedido mayor presencia policial. En concreto, en Bellas Vistas (Tetuán) y en Peña Prieta (Puente de Vallecas). Allí acude desde esta semana la UAS para patrullar mañana y tarde.

Policía Judicial. Otro objetivo de la nueva dirección es reforzar la Unidad de Policía Judicial, que se ha visto mermada en los últimos años. Fuentes de la nueva dirección sostienen que se ha perdido la relación que había con los jueces de la plaza de Castilla. Este lugar lo ha ocupado la Policía Nacional. A partir de septiembre, se pretende recuperar su participación en investigaciones, sobre todo en asuntos de siniestralidad laboral y falsedad documental. “En los últimos años no han dado cursos de formación ni se han sacado plazas, lo que ha dejado la unidad bajo mínimos. Hay que conseguir más especialización”, añaden fuentes policiales.