El Gobierno impugnará los acuerdos del Parlament que llaman a la desobediencia

La tensión y la bronca política regresaron este jueves al Parlament de Cataluña, en una sesión en la que la mayoría independentista aprobó diversas resoluciones que defienden la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, y piden una ley de amnistía si se condena a los dirigentes del procés o la retirada de los efectivos de la Guardia Civil de Cataluña. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP también se unieron para que se debata si Cataluña ha de seguir dentro de la UE. El Gobierno de Pedro Sánchez está analizando los acuerdos del Parlament con la intención de impugnarlos de inmediato. Entre las resoluciones que prevé recurrir está la que pide la retirada de la Guardia Civil del territorio de la comunidad autónoma. 

El Parlament se reunió este jueves para votar las decenas de propuestas de resolución tras el debate de política general del pasado miércoles, pero en medio de la sesión trascendió el encarcelamiento de siete de los miembros de los CDR por decisión de la Audiencia Nacional, acusados de integración en grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos. Parte de la bancada independentista empezó a corear gritos de “¡libertad!”, a lo que sumó el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El dirigente de Esquerra Ernest Maragall justificó los gritos en el Parlament asegurando: “Cuando decimos libertad, ellos saltan. Y nos dicen terroristas. Eso no es tolerable. Hemos gritado libertad como lo hacemos cada día desde hace dos años”.

Con anterioridad a la bronca parlamentaria, los independentistas emplearon su mayoría en la Cámara para sacar adelante un texto que retoma la apuesta por la desobediencia frente al Estado y las decisiones judiciales. Por 69 votos a favor y 25 en contra, fue aprobada una propuesta de la CUP que defiende “la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados”. El texto también asegura que “el Parlament reconoce que Cataluña ejerció el derecho a la autodeterminación” en el referéndum del 1 de octubre de 2017 anulado por el Tribunal Constitucional.

En la votación de esa resolución de la CUP no participaron 35 de los 36 diputados de Ciudadanos. Previamente el PSC había pedido sin éxito a la Mesa de la Cámara que retirase ese punto del orden del día. En opinión de los socialistas, se podían estar desoyendo los requerimientos que ha realizado en los últimos dos años el Tribunal Constitucional.

La resolución aprobada también rechaza “las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial, del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo” y califica de “legítimo y legal” aquel referéndum. La mayoría independentista también se impuso para comprometer al Parlament a trabajar a fin de conseguir una amnistía para los políticos presos, en caso de que sean condenados por el Supremo. Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra, y Catalunya en Comú Podem se abstuvo.

Los juristas discrepan sobre la viabilidad de una ley de amnistía, que debería ser aprobada por el Congreso, como sucedió en la Transición. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, considera que la elaboración de un texto así, con carácter de ley orgánica, debería ser impulsada por el propio Parlament a través de un proyecto de ley que se presentase en el Congreso o bien al Gobierno central para su remisión a las Cortes.

Por el contrario, Javier Tajadura, de la Universidad del País Vasco, considera que la amnistía para los presos independentistas no tiene encaje en la Constitución, que en su artículo 62 atribuye al Rey la competencia para “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Esta última expresión, según Tajadura, equivale a la amnistía y, a su entender, la petición del Parlament supone una “injerencia clara” en el poder judicial, como lo sería pronunciarse en contra de la concesión de indultos.

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y de varios consejeros huidos en Bruselas, coincide con Tajadura en que “la Constitución prohíbe los indultos generales”, según declaró el pasado mes de agosto en una entrevista. El letrado recuerda que la ley de amnistía “requiere una mayoría legislativa muy amplia”, que se le antoja inviable.

Apoyo al lazo de Torra

Otra resolución aprobada expresa su apoyo a Quim Torra para mantener la pancarta con el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat, desoyendo así un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Cámara también reclamó la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, “por ser manifiestamente incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía”. Cunillera se mostró favorable a la operación judicial que se saldó con la detención de nueve miembros de los CDR.

El independentismo también sumó sus fuerzas para aprobar otro texto que considera “imprescindible debatir y eventualmente tomar una decisión” en relación a la pertenencia a la Unión Europea, la Unión Monetaria y la OTAN. Ese acuerdo rompe con la tradición europeísta que siempre caracterizó a la extinta Convergència.