Cataluña llega exhausta a una sentencia histórica

El pasado 27 de septiembre cuatro conocidos activistas del independentismo irrumpieron en el balcón del Palau de la Generalitat, lugar fetiche del autogobierno catalán, y colgaron una pancarta a favor de la “libertad de expresión”. El Govern que preside Quim Torra reconoció después, con toda naturalidad, que había “autorizado” esa irrupción y hasta agradeció la labor a los activistas, que protestaban contra la orden judicial de retirada de símbolos partidistas de las instituciones catalanas. La utilización del balcón de la Generalitat para causas de partido es solo la punta del iceberg de las tensiones a las que el independentismo ha sometido a las instituciones del autogobierno durante el proceso secesionista que comenzó en 2012. El resultado ha sido la degradación de las mismas e incluso su descrédito entre buena parte de los catalanes. Así lo ratifican incluso las encuestas oficiales.

La sentencia del juicio del procés —que se conocerá previsiblemente el lunes— no será el final del conflicto político entre el independentismo y el constitucionalismo, pero volverá a poner a los secesionistas en la encrucijada de tener que decidir si se limitan a protestar en la calle o si vuelven a utilizar la Administración para ello. Y todo en un momento en el que las instituciones del autogobierno muestran una enorme debilidad: el último barómetro de la Generalitat admite que la popularidad del Govern anda por los suelos. En una escala de 10, ha bajado hasta el 3,6, siete décimas menos que hace un año. La labor de la presidencia de la Generalitat también está en caída libre y solo recibe una nota del 4,15.

“El deterioro de las instituciones es un problema común en muchos países, pero en Cataluña ha sido especialmente grave por el procés”, reflexiona el notario y presidente de la asociación política La Tercera Via, Mario Romeo. “Nuestro drama es que la desafección hacia la Generalitat alcanza tanto a los independentistas, que la ven como una institución sometida al Estado, como a los no secesionistas, que la consideran un reducto donde el separatismo se ha atrincherado”. “El resultado es que muchos catalanes ya no reconocen como algo propio ni la figura del president ni la fiesta de la Diada ni nada”, remacha Romeo.

El descrédito también afecta al Parlament, escenario de los episodios más extremos del procés, como la fracasada declaración de independencia. Hoy, a diferencia de lo que ocurría hace solo un año, la mayor parte de catalanes (30%) considera más importantes las elecciones generales que las del Parlament (26%). La actividad legislativa es casi nula. Otra cosa son los discursos y declaraciones efectistas, la última una defensa de la “desobediencia civil e institucional” como respuesta a la sentencia del procés, aprobada por la mayoría independentista y que el Govern es incapaz de concretar. El exletrado de la Cámara Francesc Pau no ve salida a la situación mientras no se aborde políticamente la cuestión catalana. “El Parlament siempre ha sido una institución publicitaria, el problema es que ahora se encuentra en un momento bajo y prácticamente se centra solo en el procés”, afirma el jurista.

Esta situación deriva en que, además del parón legislativo, estén bloqueadas las renovaciones de 30 de los 33 organismos públicos que requieren del consenso de los partidos. Desde TV3 hasta el Síndic de Greuges.

La sentencia que se conocerá el lunes volverá a poner a prueba estas costuras. Tras 18 meses de discursos incendiarios ya ni siquiera Quim Torra defiende la desobediencia institucional. Ahora parece contentarse con jalear la desobediencia civil en la calle, sabedor de que la aplicación de un nuevo artículo 155 en Cataluña sería letal para sus intereses. Sus socios en el Govern, Esquerra Republicana, llevan meses con un discurso que llama a “preservar las instituciones”. Y hay un tercer grupo dentro del Gobierno de Torra —simbolizado por la consejera de Empresa, Àngels Chacón— que, además, pide poner el foco en la gestión del día a día. “O los catalanes nos ven como algo útil o nos barrerán”, resumen. Exhaustos por ocho años de agitación, piden volver a la política.