Instrucciones contra la sentencia
Los CDR se preparan para nuevos días de tensiones en la calle cuando se conozcan las penas del juicio al Procés: “Necesitamos estar preparadas y fuertes”
- Hola a todos. Acaba de venir un fotógrafo de EL PAÍS a pedirnos hacer una foto, y les hemos dicho que no.
La sala en la que se reúne el Comité de Defensa de la República (CDR) de Gracia emite un murmullo de aprobación. “Hace poco en otra reunión no dejaron entrar a la ACN [Agencia Catalana de Noticias]. Yo creo que no se quieren fotos y ya”, dice una asistente. La gente coge su silla de las torres del fondo y se organiza para caber en esta sala del Lluïsos de Gracia, adonde llega desde la calle el ruido de niños jugando. Es un aforo insólito: unas cien personas. Gente mayor sobre todo, muchas mujeres, varios jóvenes; un espectro sociocultural amplio y de distintas ideologías unidas por el soberanismo. Se imparte esto: Taller Antirrepresión: medidas de protección jurídicas y emocionales. El CDR explicó la razón de la actividad en Twitter: “Vienen días de estar en la calle y es necesario que estemos preparadas y fuertes. ¡Cuidémonos! No faltes y pásalo”. No faltó nadie. O, al menos, no cabía nadie más. “Cómo se nota que el lunes sale la sentencia, hay preocupación”, empieza Laura Medina, abogada de Iríada, la asociación de defensa de derechos humanos y civiles que imparte el taller. Hace dos semanas, la policía detuvo a nueve miembros de los CDR supuestamente con material para preparar explosivos; siete de ellos fueron enviados por el juez a prisión acusados de terrorismo.
En la Plaça de Nord, barrio de Gracia, un hombre arrastra una bicicleta a un portal. No es un hombre ni una bicicleta cualquiera: se trata de un trotamundos, el argentino Maty Amaya, que dice que salió de casa para unos días y lleva cinco años viajando y más de 90.000 kilómetros recorridos. “¿Es por alguna causa?”. “No, es por mi lema: ‘Cuando se quiere, se puede, lo imposible cuesta un poco más”. Su bicicleta pesa más de cien kilos. Hay infinidad de banderas en ella. La independentista arriba de todo, entre otras; defiende la independencia de Cataluña “y el País Vasco”, dice, aunque hace dos días en su cuenta de Instagram la foto de una gran bandera española anuncia su llegada a Girona. Un vecino abre el portal en el que hablamos y Maty se despide: le han ofrecido por redes sociales un cuarto para pasar la noche.
A veinte metros, en la misma plaza, sigue entrando gente al Lluïsos de Gracia, asociación social y deportiva dedicada a formar niños y jóvenes; hoy decenas de niños participan en varios juegos infantiles. El colectivo tiene 164 años de historia, más de un millar de socios (hay lista de espera), alrededor de una veintena de secciones y una sede espectacular, reformada en 2015, donde además de dos plantas con salones a disposición de colectivos del barrio, cuenta con un teatro de 200 localidades y una cafetería. Ese bar hoy, viernes tarde, está repleto de gente, pero hay una mesa alta vacía que nadie ocupa. Un cartel en catalán explica por qué: “En esta mesa se solía sentar Jordi Cuixart. Hace un año que él y Jordi Sànchez están privados de libertad. Por eso esta mesa está reservada para recordarles y decirles que los esperamos pronto”. En el vestíbulo (un enorme cartel con fotos gigantes de los políticos presos) y en la fachada (dos afiches pidiendo república y libertad para los encausados por el procés) recuerda la situación de excepcionalidad que se vive en Cataluña.
El procesismo tiene dos objetivos marcados, explica una fuente anónima del CDR: que no haya normalidad hasta que se instaure la república —“se sacrificarán una o dos generaciones, pero se conseguirá”— y que el desánimo no cale —“la represión del Estado español consiste en eso, en hacer que pienses, después de tanto tiempo, si merece la pena tanto esfuerzo”. En la propia Plaça de Nord una estudiante cuenta que varios de sus amigos, universitarios como ella, ven con hastío una nueva temporada de movilizaciones: cortes de tráfico, manifestaciones, huelgas. “Son independentistas y también estudiantes, sería otro curso perdido, como en 2017”. A esto, básicamente, se refería Toni Comín, exconseller huido de la justicia española en Bélgica, cuando esta semana apelaba al “precio que hay que pagar” por la independencia, planteando la posibilidad de que la gente deje de trabajar para frenar la economía: la dicotomía vida-causa o, más bien, poner la vida al servicio de la causa, no los representantes políticos que ya la han puesto sino los ciudadanos comunes. Las generaciones sacrificadas.
Dentro del Lluïsos de Gracia, la abogada Laura Medina habla a los asistentes al taller. Muchos de ellos toman notas. La letrada explica los tipos de “represión”, las multas, las sanciones. Dicen que se vive un momento en que el Estado busca asociar a ciertos movimientos e ideologías con el terrorismo. Aunque esa acusación concreta se caiga, como en el caso de Alsasua, “consigue igualmente su objetivo: aislar y desmovilizar”. Por eso anima a movilizarse colectivamente para evitar que se divida el movimiento. “Es fácil”, dice, “identificarse con los CDR en prisión porque provienen del mismo movimiento. Aunque sintamos afinidad por los presos políticos, el caso de los CDR es más próximo”. Eso causa desmovilización y al mismo tiempo, señala, divide, pues hay gente dentro de los CDR que cree el discurso del terrorismo y busca distanciarse de él. “Es una gota malaya, así actúa el Estado”.
Uno de los asistentes, un hombre de unos 60 años, hace referencia a esto último alegando que a veces se sentía “traicionado” por los suyos. “El poder criminaliza, vale, pero cuando los tuyos de repente compran el discurso del poder te sientes traicionado”. Hay protestas desde otro extremo de la sala: ”¿Quién compra el discurso del poder?”. El hombre aclara que no se refiere a los CDR, sino a “algunos políticos”.
La psicóloga de Iríada, Elisenda Pradell, anima a “cuidarse”. “Tenemos que preocuparnos las unas de las otras, mirar para el lado, saber que estamos juntas”. “Somos seres rutinarios”, dice, “es importante que la tensión de los días que vendrán no nos haga olvidar nuestras rutinas ni nuestros cuidados”. Una asistenta se queja de la frustración: la llega a aturdir. “Para eso están las movilizaciones, para canalizar eso”, le dice la psicóloga. “Pero no quiero dejar de estar enfadada”, concluye la mujer. Otra habla de las “consecuencias emocionales” del 1 de octubre de 2017, fecha del referéndum ilegal en la que la policía cargó contra los ciudadanos que se oponían a que los colegios electorales fuesen cerrados: “Cuando oigo el ruido de un helicóptero me recuerda a ese día y vuelvo a sentir la misma ansiedad”.
Levanta la mano una mujer mayor. Cuenta que en las manifestaciones alrededor del Parlament hubo cargas. Ella pensó que podría aguantar los golpes pero reaccionó huyendo: de la rabia, dice, se le contracturó la mandíbula. Pradell recuerda la importancia de conocer los límites de cada una: “La movilización de los CDR es más que estar en la primera línea, cada persona puede servir para una cosa distinta: socorrer, preparar la comida para todos...”. Más turnos de palabra. Una mujer relata cómo después de unas cargas, se encontraron en el mismo bar los manifestantes y los policías que habían cargado contra ellos. Un chico que había resultado herido fue a enseñarle a los agentes lo que le habían hecho, fue identificado y retenido.
Cómo actuar con la policía es uno de los puntos que más tiempo lleva del taller. “¿Puedo grabar una conversación con la policía?”. “Sí, si intervienes tú”, responde la abogada, “aunque anunciárselo no es buena idea”. Risas en la sala. Un hombre de mediana edad pregunta hasta qué punto se le puede pedir a un policía su número de identificación y no incurrir en falta de respeto a la autoridad, una de las sanciones más comunes. Más risas. Una señora de aproximadamente 70 años pregunta por los plazos de las retenciones y cómo actuar: la abogada le informa de que, cómo máximo, son 72 horas, y es importante no declarar, no hablar nunca. Hay que pedir un abogado. “Yo voy a estar: quiero un abogado, quiero un abogado, quiero un abogado, hasta sacarlos de quicio. La gota malaya voy a ser yo”.
Elisenda Pradell resume: “No hay que sentirse culpable, esto no es cosa de un día sino que será largo; la represión se utiliza porque funciona”. Por eso, dice, aunque “la situación es traumática, si validas el discurso, tu discurso, tus ideas, la situación es potencialmente dramática pero mucho menos”. Han pasado dos horas y media. Un bote se empieza a pasar entre todos los asistentes, que dejan billetes de diez y veinte euros; se trata de un crowdfunding de Iríada. De la Plaça de Nord ya se han retirado los niños y se ha levantado algo de viento, pero es viernes noche y los bares y las terrazas de Gracia están llenos. Este lunes el procés, la declaración unilateral de independencia hecha en octubre de 2017 y sus acontecimientos anteriores, conocerá la sentencia de muchos de los protagonistas políticos de entonces, los que no huyeron y llevan dos años en prisión provisional. Ese día, mañana, la Cataluña independentista de la realidad del día a día y la independentista del ideal político (Sancho y Quijote), será otra vez una, se desconoce con qué intensidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
- Procés Independentista Catalán
- CDR Cataluña
- Sentencia Procés
- Orden público
- Juicio al Procés
- Tribunal Supremo
- Seguridad ciudadana
- Referéndum 1 de Octubre
- Poder judicial
- Sentencias
- Casos judiciales
- Autodeterminación
- Referéndum
- Generalitat Cataluña
- Cataluña
- Gobierno autonómico
- Conflictos políticos
- Juicios
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Proceso judicial
- Administración autonómica
- España
- Administración pública
- Política