“Algunos dicen que no pagan el billete por principios”

Viajar sin billete en los medios de transporte público del área metropolitana de Barcelona está penalizado con una multa de 100 euros. En el caso de que el título de transporte sea falsificado, es ya un delito con penas de hasta tres años de prisión. La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) —que aglutina metro, Renfe, tranvía y autobuses— calcula que alrededor del 3% de los pasajeros no paga su billete, hace un mal uso del mismo o bien es falsificado, un dato que se mantiene estable en los últimos años. Las cifras solo recogen las infracciones observadas in situ por los profesionales de cada operadora de transporte, encargados de imponer las sanciones. Los interventores detectan que casi una cuarta parte de los pasajeros defrauda, incluso en las líneas menos problemáticas.

En un tren de la línea R3, justo al salir del área metropolitana, la interventora de Renfe, Irina Fontán, detecta a una mujer que viaja sin billete. La joven ha cometido un fraude, pero se niega a identificarse y a pagar la sanción. “Cuando no quieren colaborar, lo mejor es que algún viajero me ayude y le dé un toque de atención al infractor”, comenta Fontán. La gente se indigna al ver que, por el mismo trayecto, hay personas que no pagan nada. Con miradas de reproche, la joven cede y se baja del tren con una multa en la mano. Durante ese día laborable, en el trayecto de Montcada a Vic, Irina Fontán puso cinco sanciones por viajar sin billete, además de ver cómo siete supuestos infractores que bajaron del tren al verla pasar.

Esta interventora, que patrulla en algunos de los 1.100 trenes que salen a diario de Barcelona, considera sorprendente la cantidad de personas que viaja sin billete. “Hay quien dice que no paga por principios”, cuenta Fontán. Para los interventores, enfrentarse a diario con estas situaciones no es siempre fácil. “Hay de todo, gente súper agradable que lo asume al momento, y otros que se niegan rotundamente. Incluso me han llegado a amenazar”, explica Fontán. Si hay complicaciones, los interventores pueden parar el tren y llamar a Mossos d’Esquadra.

El fraude tiene consecuencias más allá de la multa al viajero. Provoca retrasos en los trenes cuando se requiere a los agentes policiales para detener a los infractores que se nieguen a documentarse. También supone un gasto en recursos públicos, por los litigios abiertos ante las sanciones, cuyo coste la ATM cifra en tres millones de euros. Y puede provocar un riesgo en la seguridad de los interventores. Los revisores del tranvía de Barcelona están acompañados en todo momento por dos vigilantes, mientras que los de Rodalies acuden solos a trabajar y dependen de los Mossos para resolver posibles conflictos.

Todos los operadores coinciden en que los momentos más problemáticos son la tarde-noche y los fines de semana. “Por la mañana suele viajar gente trabajadora con abonos”, comenta Fontán, quien asume que “el problema aumenta en horarios no laborables o cuando se abren los tornos por seguridad”. El fraude se extiende por toda la red, aunque los interventores consideran que hay líneas más complejas. En el caso de Rodalies, esta interventora considera que las Líneas 1 y 11 dan más problemas. Sin embargo, durante esa misma mañana, Fontán detectará fraude en, al menos, un 25% de los pasajeros en la R3, una línea habitualmente tranquila.

Títulos falsos

Los títulos falsos también perjudican seriamente a los operadores. “Se han incrementado” los casos, asegura el jefe de la asesoría jurídica de ATM, Jaume García, que detalla en una entrevista en el boletín de la entidad que tienen tres macroprocedimientos contra tres organizaciones especializadas en la falsificación de billetes. En total, piden 5,5 millones de euros de indemnización. Sumando los juicios de menor entidad, la ATM tiene más de 100 litigios en curso. “La mitad del tren llevaba una tarjeta falsa”, asegura Fontán, quien reconoce ese tipo de billetes a primera vista. En algunos medios de transporte, la pedagogía ha servido para reducir el fraude. En el TramBesòs, el operador optó por que trabajadores sociales de la comunidad gitana de la zona, que hasta entonces no tenían ese sistema de transporte, para integrarlo en la vida de los vecinos. También formó a sus interventores. Hoy, las incidencias en las líneas T4, T5 y T6 se han reducido