Las cárceles catalanas descartan por ahora la semilibertad para los presos del ‘procés’

Las cárceles catalanas han propuesto que los nueve líderes independentistas encarcelados por el procés sean clasificados, de entrada, en segundo grado penitenciario. La propuesta, acordada por las juntas de tratamiento —un órgano técnico integrado por profesionales— no es vinculante para el Departamento de Justicia, que tiene la última palabra. El segundo grado o régimen ordinario — el que cumple la mayoría de presos en España— implica que los dirigentes políticos no podrán disfrutar de permisos de salida por ahora. El tercer grado, en cambio, implicaría que los presos podrían salir de la cárcel y regresar solo para dormir.

La decisión se ha adoptado tras un "intenso debate" y "sin unanimidad", según ha detallado el secretario general de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de Justicia, Amand Calderó. Si Justicia la ratifica, los presos podrán solicitar la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitiría salidas flexibles a diario para ir a trabajar o cubrir otras necesidades, como el cuidado de familiares. "El 100.2 es un muy buen instrumento que en cualquier momento se puede utilizar", ha dicho Calderó. No obstante, la propuesta debe salir de las juntas de tratamiento y ser ratificada por un juez de vigilancia penitenciaria.

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La propuesta se ha adoptado para los nueve condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y malversación: el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Calderó ha detallado que las juntas de las tres cárceles que acogen a los presos (Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric) se han celebrado a las 9.00 de forma "simultánea" para evitar filtraciones. El alto cargo del Govern ha insistido en que son órganos de carácter técnico que trabajan con criterios estrictamente profesionales. "Las penas las imponen los jueces; La Generalitat no dicta las sentencias. Los servicios penitenciarios actúan cumpliendo un mandato judicial", ha subrayado. Calderó ha recordado que los jueces "también tienen la última palabra en el ámbito de la clasificación".

Las juntas han apurado el plazo legal de dos meses que da la ley para proponer una clasificación a los presos una vez dictada sentencia. El Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del procés, en la que dictó penas de entre 9 y 13 años de cárcel, el pasado 14 de octubre. Su propuesta, sin embargo, es solo el primer paso. "Con la clasificación inicial no se acaba nada; todo comienza". El informe de los técnicos deberá ser ahora examinado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que tiene la última palabra y decidirá la clasificación de los presos. La consejera es Ester Capella, de Esquerra Republicana. El departamento dispone de otros dos meses para decidirse. Calderó se ha mostrado confiado en poder concluir antes, aunque ha advertido de que son cuestiones complejas.

Debate "técnico"

La decisión definitiva está en manos del equipo de clasificación de Justicia, formado por 10 funcionarios entre juristas y técnicos. Calderó ha subrayado que se trata de un órgano "estrictamente técnico, al margen del debate político". El secretario general ha indicado que puede dar "el visto bueno" a la propuesta de las juntas de tratamiento o bien "formular una contrapropuesta". Según las estadísticas de la Generalitat, solo el 5% de las propuestas lanzadas por las juntas de tratamiento son objeto de una contrapropuesta. "Eso es bueno, quiere decir que trabajamos de forma compenetrada", ha indicado Calderó. Una vez que la Generalitat decida, los presos podrán comenzar sus programas de tratamiento en prisión. Calderó ha admitido que el perfil de los políticos es "muy diferente del conjunto de la población reclusa", por lo que es posible que los programas de las prisiones catalanas "no respondan demasiado a sus necesidades".

La propuesta ha sido adoptada por las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona), donde permanecen los nueve condenados. En los tres casos, la decisión del segundo grado se ha adoptado "por mayoría" y después de un "intenso debate", según el secretario, que no ha dado a conocer el resultado de las votaciones ni ha aclarado si los directores de los centros han tenido que hacer uso de su voto de calidad.

Las juntas de tratamiento son órganos penitenciarios que se reúnen una vez por semana para adoptar resoluciones sobre permisos y clasificación de los presos. La reunión de Lledoners —donde permanecen los siete varones condenados por el Tribunal Supremo— se celebra habitualmente todos los jueves, aunque esta vez se ha avanzado al miércoles para hacerla coincidir con el resto de prisiones. En las juntas de tratamiento participa de forma habitual el director de la cárcel, el subdirector de tratamiento y otros profesionales de perfil técnico, lo que incluye psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales. Esos trabajadores son los que han mantenido reuniones y encuentros con los presos en los últimos meses y los que han expuesto sus puntos de vista en la junta.

La clasificación penitenciaria ha provocado un nuevo conflicto entre Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat). Todos los presos eran partidarios de la concesión del tercer grado. La defensa de los presos de Esquerra Republicana, sin embargo, se ha mostrado más comprensiva con la posibilidad de que las juntas propusieran el segundo grado como clasificación inicial. Sobre todo, teniendo en cuenta la longitud de las penas. Los republicanos anunciaron que recurrirían la decisión para solicitar el tercer grado y que, en paralelo, pedirían la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas flexibles y diarias de prisión para acudir al trabajo o para atender otras necesidades, como el cuidado de familiares. La defensa de Junts per Catalunya, en cambio, considera que existen motivos sobrados para conceder de entrada el tercer grado y recuerdan que la decisión final queda en manos del Govern.