El Poder Judicial chileno hablará mapudungún, rapa nui, aymara y quechua

Es una primera etapa, pero se pretende avanzar en el futuro con más tramos. Así es la iniciativa que lanzará el Poder Judicial chileno, en el contexto de la comisión de lenguaje claro, para promocionar por primera vez cartillas que traducen términos jurídicos clave de acceso a la justicia en el idioma de cuatro de los diez pueblos originarios reconocidos en la ley indígena de 1993: mapudungún, rapa nui, aymara y quechua.

Quien lidera esta iniciativa es la ministra y vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, que además es presidenta de la comisión de lenguaje claro y está a cargo del comité de grupos y personas vulnerables y acceso a la justicia del Poder Judicial. En paralelo, y por segunda vez, la magistrada es parte de la comisión constitucional del máximo tribunal que se instaló de cara al segundo intento de Chile de elaborar una nueva Carta Magna, luego que en septiembre de 2022 se rechazase la primera propuesta.

“El trasfondo de esta iniciativa es que Chile tiene una unidad como país, pero esa unidad no puede desconocer que existen distintos grupos que tienen culturas, lenguas originarias y una individualidad. En otras palabras, que sea Chile un Estado unitario no significa que no haya distintas etnias y realidades”, dice Ángela Vivanco. “Esas realidades, desgraciadamente, han vivido etapas históricas muy carenciadas por falta de difusión de su cultura y su lengua, lo que ha generado niveles de aislamiento de esos grupos al no ser reconocidos en su amplitud y su riqueza del mismo modo que otras realidades nacionales”, agrega.

De los cuatro pueblos originarios seleccionados para esta etapa inicial, dos tienen la mayor población. De acuerdo con el Censo de 2017, el 12,8% de las personas consultadas se identificó con un pueblo indígena. De ellas, el 79%,se declaró mapuche, el 7% aymara, el 1,55% Quechua y el 0,43% Rapa Nui, entre otros.

Las cartillas, que se presentarán oficialmente el 21 de febrero, se titulan Guía de acceso a la justicia para ciudadanas y ciudadanos de pueblos originarios. Y abordan en lenguaje claro, sin tecnicismos jurídicos, desde cuál es la labor y cómo se compone el Poder Judicial hasta a qué tribunales dirigirse en materias laborales, civiles, de familia y penales; cómo revisar digitalmente el estado de las causas y, entre otros puntos, los derechos y deberes tanto de víctimas como imputados.

“Desde el punto de vista tradicional, muchas veces el acceso a la justicia se ha mirado solo desde la perspectiva de que la ley permita a todos poder ejercer acciones frente a la justicia. Pero hay un segundo nivel que tiene que ver con que también importa la comprensión de los procesos, porque no puedo acceder a la justicia en términos sustantivos si no comprendo qué es lo que tengo que hacer, para qué lo hago y cuáles van a ser los resultados posibles”, señala Vivanco.

La magistrada explica que el uso de lenguaje claro no solo implica que la terminología se use correctamente, sino que los jueces tienen que ser capaces de decodificarlo “para que el ciudadano común lo pueda entender. En el caso de las personas que pertenecen a los pueblos originarios, no es lo mismo recibir esa información en el idioma común que nosotros tenemos, que es el castellano, que en sus propios lenguajes, porque les resulta más cercano y de más fácil comprensión”.

Justicia indígena y proceso constitucional

Esta es la segunda vez que Ángela Vivanco integra la comisión constitucional de la Corte Suprema. En el proceso anterior, el Poder Judicial fue crítico frente a varias propuestas relativas a la judicatura de la Convención Constitucional, el órgano electo que en 2022 elaboró el texto que fue rechazado por un 62% de la ciudadanía.

Uno de los puntos que criticó el Poder Judicial fue el alcance de la propuesta sobre justicia indígena. Cuestionó que no quedaba claro a quiénes se aplicaría, si era voluntaria o no y quiénes la impartirían.

Vivanco recuerda aquellos cuestionamientos: “Chile es un Estado unitario, por lo que todo el sistema de justicia constituye una unidad. Pero cuando se dice que va a haber un sistema paralelo, significa que no existe esa unidad. En la propuesta solo se planteaba que se unificara en la Corte Suprema, pero por una unificación de jurisprudencia, entonces, perfectamente podía haber muchas causas que nunca llegaran al sistema unitario, pues había dos sistemas de justicia. Eso generaba mucha inquietud y muchas preguntas. ¿Qué determinaba que una persona fuera a un sistema o a otro? ¿el demandado o el demandante, la materia o el lugar? Eso nunca se definió”.

La jueza señala que el Poder Judicial debe ir de la mano con el Estado unitario de Chile. “Puede haber espacios locales para justicia indígena, particularmente en temas que se puedan resolver de acuerdo con las costumbres de las comunidades, lo que no puede significar una dualidad de sistemas. Por ejemplo, para resolver problemas vecinales o temas de pequeña propiedad”.

El segundo proceso de elaboración de la nueva Carta Maga de Chile se inicia el 7 de marzo con la instalación de la comisión experta que hará un anteproyecto que servirá de base para el trabajo del Consejo Constitucional, que tendrá 50 integrantes electos en mayo.

En Chile, los pueblos originarios no están reconocidos en la Constitución, sino solo por ley. Pero, en el acuerdo político que selló este segundo proceso se establecieron 12 bases fundamentales. Entre ellas, así como se reafirma que Chile es un Estado unitario, se señala que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.

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