La crisis del sistema privado de salud en Chile enfrenta a los tres poderes del Estado

La crisis del sistema privado de salud en Chile, al que pertenecen tres millones de personas, ha crecido con los días y enfrenta a los tres poderes de Estado. Un dictamen de la Corte Suprema de noviembre de 2022 obligó a las isapres –las aseguradoras privadas de salud en el país sudamericano– a devolver 1.400 millones de dólares a sus afiliados y a rebajar el costo de sus planes. Para dar cumplimiento al fallo del principal tribunal del país, el Gobierno de Gabriel Boric presentó la semana pasada un proyecto de ley donde concede un plazo de seis meses a las instituciones para cumplir lo determinado por la justicia. El lunes, sin embargo, la polémica subió de tono cuando en la comisión de Salud del Senado se aprobó en general una ley alternativa a la del Gobierno, presentada en diciembre del año pasado por un grupo de senadores y que busca, a través de un proyecto de reforma constitucional, darle viabilidad al sistema.

El problema se incuba desde hace varios años. En diciembre de 2019, dos meses después del estallido social chileno, la Superintendencia de Salud (SIS) del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera dictaminó, a través de una circular administrativa, que las isapres ya no podrían cobrar valores diferenciales por sexo o edad y solo habría una tabla de factores para todos los cotizantes. Las isapres, entonces, aplicaron esta nueva alza solo a quienes entraron al sistema a partir de abril de 2020, pero mantuvieron las reglas anteriores para sus antiguos afiliados. El fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 las obligó a aplicar de forma retroactiva los cobros en exceso y ampliar la nueva tabla de factores –sin sesgo– para todos sus cotizantes, independientemente de cuándo hayan entrado al sistema.

El máximo tribunal de justicia encargó a la Superintendencia de Salud hacer los cálculos y ver la forma de implementar el dictamen, con un plazo que se cumplía el próximo 30 de mayo. A solo semanas, el Gobierno presentó la semana pasada su ley corta, que generó críticas desde la industria y desde la oposición, que acusa que la Administración de Boric de querer acelerar el fin del sistema privado de salud, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet, en 1981.

El proyecto que aprobó la comisión de Salud de la Cámara Alta chilena el lunes –que debe recorrer su trámite legislativo– permite a las isapres recalcular el precio base de sus contratos vigentes suscritos antes del abril del 2020. La reforma, así, moderaría el efecto retroactivo que las obligaría a a devolver los 1.400 millones de dólares a sus afiliados, a la vez que disminuiría el impacto de ajustar los planes actuales con la consiguiente caída de sus ingresos.

La ofensiva parlamentaria motivó la reacción de varios miembros del Gabinete e, incluso, del mismo presidente Boric, que este martes planteó: “A uno podrá gustarle o no el fallo de la Corte Suprema. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no me cabe ninguna duda es que todos debemos estar de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir”. El mandatario de izquierdas agregó: “Como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir su cumplimiento”.

Las isapres, en tanto, nuevamente explicaron su actual situación. En la Comisión de Salud del Senado, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, señaló este martes que si el proyecto de ley del Gobierno se aprueba tal como está hoy, “en septiembre estará cerrado el sistema”. Simon explicó que “la sentencia de la Corte Suprema debe cumplirse, eso no se discute, pero tenemos la convicción que aquí no ha habido cobros indebidos, sino cambios de criterio que, en este caso, implican devoluciones”, dijo.

El presidente de las aseguradoras fue enfático en que, más allá de la restitución de excedentes, el gran problema radica en el ajuste a los planes de los cotizantes. Según los cálculos de la Superintendencia de Salud, el ajuste en las tarifas provocaría una caída de 8% mensual en los ingresos de la industria, frente a lo cual Simon explicó que sería equivalente a 31 mil millones de pesos chilenos menos cada mes, es decir, unos 38 millones de dólares mensuales. “Eso quiere decir que las isapres necesitarían tener márgenes 12 veces superiores a los que tienen hoy para sobrevivir”, recalcó Simon.

La ministra de Salud del Gobierno chileno, Ximena Aguilera, respondió estas declaraciones. Sentada en la misma sala de la comisión, la secretaria de Estado criticó a la industria de las aseguradoras privadas por no tener ninguna propuesta concreta para solucionar el problema y por la falta de argumentos que avalen las cifras que la industria ha mostrado para dar cuenta de su frágil situación.

“Estamos dando propuestas respecto a la gradualidad de la aplicación. Estamos abiertos a recibir propuestas del Congreso, por eso se presenta un proyecto de ley. Se está llamando a otro poder del Estado, justamente, para dar cuenta de las incertidumbres relacionadas con la sentencia (de la Corte Suprema), pero ustedes no hacen ninguna propuesta concreta, más bien esperan que el Ejecutivo o el Legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que les plantean”, respondió Aguilera a Simon.

“Si se plantea que no hay un diagnóstico común, entonces ¿cuál es su diagnóstico (de las isapres) respecto a las consecuencias del fallo de la Corte Suprema?. Y lo mismo respecto a la posibilidad de entrar en insolvencia en el mes de septiembre. No han presentado cifras que respalden esa afirmación”, sentenció Aguilera.

La disputa tiene encendidos los ánimos entre el Gobierno y la oposición, mientras que la amenaza de la caída del sistema de salud privado atemoriza tanto a sus tres millones de afiliados, como a los 15 millones del sistema estatal (Fonasa), que no daría abasto para integrar a nuevos usuarios.

Hasta el minuto, no hay manera de encontrar puntos de encuentro. “Este lío de las isapres se ve cada vez peor”, planteó Alfredo Joignant, cientista político y columnista de EL PAÍS, a través de su cuenta de Twitter.

La senadora Ximena Rincón, que fue democristiana y ahora forma parte del Partido Demócrata, una fuerza de centro en formación, estuvo detrás del proyecto alternativo del Senado. De acuerdo a la legisladora, “el proyecto del presidente Boric es un pelotazo al córner que posterga al 2024 o 2025 una solución coja”. Y agregó: “Es falso que nuestro proyecto haga un perdonazo” al sistema privado de salud y que evada el fallo de la Corte Suprema.