El plan del ministro de Energía de Gabriel Boric para aliviar a las renovables

La pasada fue una semana intensa para el ministro de Energía del Gobierno chileno, Diego Pardow. A propósito de la visita de una delegación de la Comisión Europea liderada por su presidenta, Ursula Von der Leyden, el secretario de Estado sostuvo una serie de reuniones con embajadores europeos y empresas del mercado eléctrico. Uno de los temas que preocupa en ese lado del planeta es la delicada situación en que se encuentran actualmente las empresas de energía renovable, principalmente solares, que ya han invertido en Chile más de 5.000 millones de euros en proyectos de esta naturaleza.

En los últimos meses, dos generadoras—María Elena Solar, filial de la firma española Solarpack, e Ibereólica Cabo Leones II— se declararon en quiebra y al menos nueve empresas del sector manifestaron su inquietud al Gobierno chileno de que nuevas compañías de esta industria caigan en insolvencia.

Los problemas de congestión de la red eléctrica, producto del atraso en la construcción de líneas de transmisión están provocando un fenómeno complejo para estas compañías que inyectan energía al sistema en el norte del país sudamericano a precio cero, pero que luego deben retirar en la zona centro-sur para llegar a sus clientes finales a precios mucho mayores. Esta situación hace insostenible su capacidad financiera. Al mismo tiempo, el alto precio de los combustibles fósiles, cuyas generadoras compiten con las renovables, también genera distorsiones en los costos de retiro.

La crisis amenaza los planes de Chile para seguir consolidando su posición como potencia regional en la instalación de energía solar y eólica, las que el año pasado superaron por primera vez al carbón en la generación de electricidad en un período de 12 meses, según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). De paso, complejiza su meta para que a 2030 el 70% de la matriz energética del país sudamericano sea verde .

Una tormenta perfecta con la que Pardow se encontró a solo dos meses de asumir en Energía en septiembre del año pasado, la que, según explica a EL PAÍS, está tratando de navegar. Para eso, el ministerio que comanda presentará en julio un proyecto de ley de Transición Energética. Busca hacerse cargo de cuatro pilares clave: la sostenibilidad en la institucionalidad del sistema eléctrico; el fortalecimiento del sistema de transmisión para eliminar burocracia en la construcción de estas infraestructuras y resolver los cuellos de botella; poner en marcha un sistema de almacenamiento a gran escala –lo que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública del 1º de junio pasado– y que se realizará a través de un mecanismo de licitación, y extender las rentas por congestión sistémicas a las generadoras, mecanismo que en Chile se conoce como ingresos tarifarios.

Este último punto, explica Pardow, ayudaría a resolver los problemas financieros de corto plazo que hoy enfrentan las compañías renovables instaladas en Chile, ya que parte de ese menor precio que pagan los clientes finales sería traspasado a las generadoras que hoy enfrentan complejidades por la diferencia de costos. Hasta ahora, los ingresos tarifarios solo entraban en vigencia cuando existían retrasos en la puesta en operación de proyectos de transmisión. La idea sería que, ahora, el instrumento pueda utilizarse en casos de congestión sistémica extraordinaria, como el que ocurre actualmente, producto de la distorsión de precios de inyección versus el de retiro. “Si no lo devolviéramos, lo que pasaría es que aquellos generadores que no sean capaces de superar un evento extraordinario venderán sus activos y, por lo tanto, se concentraría el mercado”, explica el ministro.

Aunque la solución ayudó a calmar los ánimos, no todos quedaron cien por ciento satisfechos. Ursula Von der Leyen dijo que su reunión con Gabriel Boric que acogía “las primeras medidas adoptadas por Chile para proporcionar un marco claro, predecible y justo a las empresas de los sectores renovables, ya que siguen teniendo problemas de liquidez”. Y pidió “nuevas medidas para aliviar la situación de estas empresas aquí en Chile”. En dicho encuentro suscribieron acuerdos de cooperación y, además, la Comisión Europea anunció la entrega de 225 millones de euros al país sudamericano para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.

El ministro Pardow asegura que “en ningún caso me manifestaron un condicionamiento [de la entrega de los fondos a una solución del problema que atraviesan las renovables] o algo de ese tenor”, como trascendió en informaciones de prensa. Reconoce, sin embargo, que “manifestaron su preocupación, siempre de una manera más bien propositiva”.

La tardanza en la tramitación del proyecto de ley es otra de las inquietudes de las empresas del sector. Según sus cálculos y los del propio ministerio, la tramitación de la nueva legislación podría demorar entre seis y ocho meses. Mientras, en el mercado se teme que nuevas empresas puedan entrar en insolvencia. “Yo entiendo su preocupación, pero por los tiempos regulatorios es muy difícil hacer algo antes de ese plazo”, dice el ministro Pardow. Agrega, sin embargo, que como secretaría de Estado están dispuestos a ofrecer ayuda a compañías que puedan ver comprometida su continuidad. “Si hay una empresa en particular que necesita que encontremos una solución financiera específica, ya sea a través de mecanismos de créditos blandos o socios que las capitalicen, o asistencia de organismos financieros multilaterales, siempre hemos estado disponibles y lo vamos a seguir haciendo”.

La transmisión y almacenamiento

El problema de costos de corto plazo de las renovables tiene su origen en las fallas en el sistema de transmisión eléctrica. Pardow explica que parte del conflicto tiene que ver con el retraso en la construcción de la línea Kimal-Lo Aguirre, un trazado de 2.000 kilómetros que se extendería desde la nortina región de Antofagasta hasta la céntrica Región Metropolitana de la capital, y cuyas obras todavía no comienzan. Pero advierte también que la crisis de transmisión también se extiende a obras adicionales, de expansión y líneas específicas, en el centro-sur del país. “En particular en la región del Ñuble y en la Región de Los Lagos, hay líneas que están generando mucha congestión y que están afectando el desarrollo local, por problemas productivos de empresas que no se pueden conectar a la red eléctrica”, explica.

Parte del proyecto de ley que presentarán tiene por objeto resolver estos nudos. “Hoy tenemos un tercio de lo que se denominan obras adicionales que están o declaradas desiertas o con problemas de retraso muy significativo. Y de las obras de ejecución, en plazo solamente hay un 40%. O sea, hay un 60% de las obras en ejecución que tienen algún tipo de retraso. Necesitamos hacer más de estas grandes obras, que se avance mucho más rápido y para eso hay que simplificar el sistema”. El proyecto de ley busca terminar con la burocracia del actual sistema eléctrico, por ejemplo en las obras adicionales, donde será eliminada la figura del Coordinador Eléctrico [organismo técnico encargado de la coordinación del conjunto de las instalaciones]. De esta manera, las empresas establecerán una relación directa con Comisión Nacional de Energía [entidad encargad de analizar precios, tarifas y normas técnicas].

Otro cuello de botella es el almacenamiento. Actualmente, Chile no cuenta con un sistema para almacenar la energía que no se vierte al sistema, lo que impide, por ejemplo, que las plantas solares que generan de día puedan inyectar al sistema durante la noche. “Si tuviéramos sistemas de almacenamiento desplegados, podríamos usar la infraestructura de transmisión, no solamente ocho de las 24 horas al día, sino las 24 horas del día. Seríamos capaces de utilizar la misma infraestructura que ahí tenemos de mucha mejor manera”, dice Pardow, quien agrega que, según los cálculos del ministerio, el país necesitaría instalar alrededor de 2 gigas de capacidad. Para eso, en 2024 abrirán un proceso de licitación que garantice ingresos a los actores que quieran entrar.

“Si no somos capaces de generar con mayor velocidad un sistema de almacenamiento, nuestra ruta de descarbonización se compromete”, advierte el ministro, quien es amigo personal del mandatario chileno, Gabriel Boric, y ofició como coordinador programático de su campaña presidencial.