Sacrificios del hidrógeno verde

Sin cuestionar un ápice de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde heredada del Gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Gabriel Boric se embarcó en la ambiciosa meta de ser líder productor global de hidrógeno verde (H2V) por electrólisis al 2030.

Gobierno, empresas desarrolladoras y banca multilateral hacen una gran apuesta en Chile bajo el supuesto de que este vector energético pueda convertirse en solución para la descarbonización, pero no se están haciendo cargo, de la debida manera, de la multiplicidad de impactos socioambientales negativos que se generarán en los territorios. Esto reviste un gran riesgo para las comunidades, más aún, en ausencia de un marco regulatorio adecuado.

Miles de kilómetros cuadrados de gigantescos aerogeneradores y parques fotovoltaicos, grandes desalinizadoras de agua y plantas de hidrólisis, construcción de puertos, plataformas, caminos, líneas de alta tensión y barcos cargados de amoníaco navegando en costas y bahías, serán parte de la nueva fisonomía de aquellas zonas que fueron ungidas como polos de desarrollo de hidrógeno verde, en particular la Región de Antofagasta y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se trata de intervenciones de gran escala con impactos a gran escala.

Decisiones que se toman desde el nivel central entre cuatro paredes, sin participación de las comunidades afectadas ni gobernanza, sin ordenamiento territorial, ni tampoco líneas de bases públicas sobre atributos de los territorios, podrían generar nuevas formas de sacrificio para algunas zonas de Chile. La Región de Magallanes, en el extremo sur, podría terminar pagando altos costos socioambientales si el H2V no se desarrolla con los debidos resguardos. Los grandes proyectos anunciados para esta región y sus gigantescos parque eólicos están proyectados justo en áreas que son críticas para tres especies de aves en peligro de extinción: el Playero ártico (Calidris canutus rufa), el Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis) y el Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps). ¿Es posible hablar de transición energética justa cuando estamos poniendo en riesgo a especies en peligro?

Para poner la escala de los proyectos en perspectiva, cabe mencionar el caso de H2 Magallanes de Total Eren. Con 150.000 hectáreas de extensión, se busca alcanzar 10 GW de capacidad instalada eólica, junto con 8 GW de capacidad de electrólisis, una planta desalinizadora, una planta de amoníaco e instalaciones portuarias para transportar el amoníaco verde. Este solo proyecto pretende desarrollar, con una gran intervención en la estepa magallánica, más del doble de la capacidad eólica instalada en todo Chile durante los últimos 20 años.

Caso altamente complejo es también el de la Región de Antofagasta, en el norte de Chile, que a pesar de su altísima vulnerabilidad y fuerte degradación, deberá asumir ahora y de manera simultánea la llegada del hidrógeno verde y de la explotación del litio. Se trata de un territorio que literalmente ya no soporta más carga.

A pesar de que se prepara de la mejor manera posible, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no será capaz, por sí solo, de abordar la escala de riesgos, impactos y sacrificios que trae consigo el hidrógeno verde para comunidades y ecosistemas. ¿Contra qué se van a evaluar los grandes proyectos en los territorios si ni siquiera contamos hoy con líneas de base pública que den cuenta de los principales atributos de los mismos?

No es posible abordar la problemática de las intervenciones a gran escala del H2V proyecto a proyecto. Necesitamos con urgencia hacernos cargo del resguardo de los territorios de manera integral, mirando las sinergias y los impactos acumulativos que se tendrán que absorber a nivel local.

Se ha señalado que la transición energética tendrá un efecto positivo en el crecimiento económico y que el desarrollo de la industria del H2V y el proceso de descarbonización en Chile aportaría al menos 0,4 a 0,5% al crecimiento tendencial, pero ¿cuál es el costo socioambiental detrás de esto?

Desde los Ministerios de Economía y de Hacienda se ha dado señales permanentes hacia los desarrolladores para posibilitar una tramitación más eficiente a las inversiones en proyectos relacionados a H2V y facilitar financiación de proyectos, disminución de riesgo, créditos directos, cobertura y líneas de garantía. Incluso, Chile ha adquirido deuda pública en beneficio del sector privado.

Sin embargo, y más allá de medidas que llegan tarde como la reforma para incorporar el hidrógeno como tipología al SEIA y el inicio de líneas de base públicas para Magallanes, el resguardo de los territorios sigue siendo el gran ausente en el relato y en las medidas.

Si el Gobierno tiene la voluntad real de avanzar hacia una transición energética justa y si el desarrollo de la industria de H2V se sustenta en una política de Estado, una condición mínima es que el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 -actualmente en etapa final de elaboración- sea sometido a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de modo de incorporar, aunque de manera tardía, la dimensión socioambiental en esta política pública que condicionará la vocación de zonas de alta sensibilidad y afectará significativamente la forma de vida de un gran número de comunidades.

Si bien la EAE debió acompañar al Plan de acción desde sus primeros pasos con el fin impulsar la planificación sustentable del desarrollo del hidrógeno verde en el país (resulta inexplicable que no haya ocurrido), el Gobierno tiene una última ventana de oportunidad de enmendar el rumbo e innovar en su aplicación, de modo que se puedan visualizar y abordar los riesgos socioambientales más críticos y las limitantes territoriales existentes.

Si a pesar de seguir llegando tarde no somos capaces de adaptar el proceso e integrar de manera explícita el resguardo socioambiental en la política pública de hidrógeno verde a través de la EAE como instrumento, es altamente probable que los riesgos aumenten para los territorios y que los proyectos enfrenten alta conflictividad socioambiental y judicialización. Así, la transición energética lejos de ser justa, será altamente cuestionada por la sociedad.