Daniel Andrade, protagonista del ‘caso Convenios’: “Me retrataron como líder de una banda criminal”

Uno de los protagonistas del caso Convenios, Daniel Andrade, que era pareja de la diputada Catalina Pérez -ambos militantes de Revolución Democrática, del Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, aunque Andrade fue expulsado- ha concedido una entrevista por primera vez desde que estalló la trama el 16 de junio pasado. En conversación con el programa Contigo en la mañana, de la cadena televisiva Chilevisión, el que era representante legal de la fundación Democracia Viva -el símbolo de esta trama de corrupción, como la catalogó el ministro de Justicia del Gobierno- aseguró que “mirando en retrospectiva” jamás debió firmar esos convenios entre el ministerio de Vivienda y su fundación. “Ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado a mi gente cercana, al Gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. Eso me ha tenido mal. Al principio con crisis de angustia. En parte no salía también porque no me podía el cuerpo. Sentía como que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal”, manifestó uno de los rostros emblemáticos de esta causa que investiga la Fiscalía con distintas aristas y que tiene ha complicado al Ejecutivo de Boric.

Andrade, de 31 años, que fue dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, apunta a la responsabilidad en el ministerio de Vivienda, liderado por el socialista Carlos Montes -unas de las figuras históricas del partido- al que tanto su fuerza política como el Gobierno han intentando blindar en el transcurso de esta causa judicial y política. “Yo entiendo que dentro del ministerio (de Vivienda) estaban en antecedentes del convenio”, dijo.

La trama original del caso Convenios involucra a varias figuras del oficialismo, como a la diputada Catalina Pérez, militante de RD -hoy suspendida-, que fue presidenta del partido entre 2019 y 2021 y que tuvo que suspender sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Este caso representa una grave herida a una nueva generación política de izquierda que llegó al poder en marzo de 2022 con una fuerte promesa no solo de renovación de rostros, sino, sobre todo, de prácticas. La presión contra Boric para que saque del Gabinete de Giorgio Jackson -fundador y principal líder del partido RD- aumenta con las horas, sobre todo tras el robo de computadores el 19 de julio desde la cartera que lidera Jackson, muy cercano al presidente.

Cada ministerio tiene una secretaría regional ministerial, Seremi, en cada una de las 16 regiones en que está dividido el territorio chileno. La Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, en el norte del país, estaba liderada por Carlos Contreras -militante de RD, hoy expulsado- que fue un asesor cercano de la diputada Pérez, su jefe de Gabinete. En el ejercicio de su cargo asignó directamente 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, encabezada por Andrade, que era pareja de la legisladora. Estaban destinados, supuestamente, a colaborar en la ayuda se asentamientos precarios de la región.

El caso provocó la salida del Contreras, que suscribió el polémico convenio. La parlamentaria, que representa justamente a un distrito de Antofagasta, volvió recién hace pocos días a la Cámara de Diputados, tras una larga baja.

Andrade, el que era su pareja, en la entrevista de este viernes en Chilevisión asegura que fue Contreras el que los contactó para suscribir en convenio entre Vivienda y la fundación Democracia Viva: “Nosotros accedimos”. Y agregó: “Entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”, en referencia a Contreras. “Me conversa de que hay una mala evaluación de fundaciones anteriores y de que van a diversificar las fundaciones para que, de esta manera, se pueda llevar adelante la gran tarea que se estaba llevando a cabo, de las 260.000 viviendas que el ministro (Carlos) Montes había planteado”, relató Andrade.

Para el que era representante legal de la fundación Democracia Viva -la punta del iceberg de una fórmula para traspasar fondos del Estado a fundaciones afines políticamente-, desde el comienzo manifestó sus dudas a Contreras, porque no tenían experiencia en viviendas. “Él (Contreras) me sugiere esto, yo le planteo de vuelta ‘mira, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación”, dijo Andrade en la entrevista. “Y él me dice que no hay un problema, derechamente, porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras y lo que uno tiene que hacer es supervisar que las constructoras hagan el trabajo que la comunidad está llevando adelante”.

La trama del caso Convenios ha empujado la salida de cinco funcionarios del Gobierno. La última cayó el martes: Alejandra Jiménez, secretaria regional ministerial, Seremi, del ministerio de las Culturas en la Región Metropolitana de Santiago, militante comunista.

Este viernes, en paralelo, la Subsecretaría de Vivienda decidió rechazar el recurso presentado por la fundación Democracia Viva y la obliga a cumplir con el pago de 391.768.516 de pesos (458.369 dólares). De acuerdo a Andrade, “los gastos que hacía la fundación era tutelados por el Serviu [Servicio de Vivienda y Urbanización], que es un organismo técnico, no es la Seremi que es más político. Ellos autorizaron la construcción, las contrataciones”, aseguró el ingeniero. Sobre las boletas de garantía, Andrade dijo que “nunca” de las pidieron. “No fue algo que el Minvu, el Estado en este caso, nos pidiera”.

En esta extensa entrevista, se ocupó de exculpar a la que fue su pareja, la diputada Pérez, que “no influyó” en nada en el caso: “La diputada no influyó en la conversación que yo tuve con Carlos Contreras, ni con nadie”, dijo Andrade, que insistió en su “exceso de confianza”. “Fui imprudente en ese momento, actué con exceso de confianza de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que estaba dentro del marco legal y no medí los riesgos políticos de cómo armar este triángulo, de Catalina Pérez, de Carlos Contreras”, aseguró.