El borrador de la nueva Constitución chilena entra en una fase clave marcada por la falta de acuerdos

El proceso constitucional chileno entra este lunes en una fase clave. El Consejo Constitucional, un órgano elegido por la ciudadanía compuesto por 50 miembros y dominado por los 33 consejeros de las derechas, recibirá un informe con todas las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos designados por los partidos, en un proceso donde los especialistas no lograron acercar posiciones. Los consejeros votarán a partir de este lunes una a una las observaciones y, de no llegar a consensos, pasarán a una Comisión Mixta, compuesta por expertos y consejeros. De acuerdo al republicano Luis Silva, de la extrema derecha, podría haber un texto definitivo de propuesta de nueva Constitución a fines de esta semana, según dijo este domingo en el programa Mesa Central de canal 13.

En la etapa anterior, la del debate de los 24 expertos, no se llegaron a acuerdos en asuntos sustanciales. Lo explicó la especialista Alejandra Krauss, de la centroizquierda: “Leyendo normas que pasan al Consejo para la revisión y las que ya son parte del texto que se plebiscitará [en diciembre]. Se corrigieron errores técnicos, se suprimieron normas que jamás debieron estar. Pero en derechos como educación, salud, pensiones, negociación colectiva y huelga hay retrocesos”, escribió la democristiana.

Hasta ahora, las derechas han hecho valer su contundente mayoría en el Consejo y la propuesta tiene un sello conservador que no solo ha alertado a la izquierda, sino también a líderes del centro político. En la etapa que se inicia los consejeros deberán votar cada una de las indicaciones realizadas por los expertos, entre las que figuran varias que podrían moderar el borrador. Los 22 representantes del Partido Republicano, de la derecha dura, sin embargo, cuentan con poder de veto. El escenario juega en contra del oficialismo.

La cronología del debate

Este segundo proceso constitucional chileno comenzó con el trabajo de los 24 integrantes de la Comisión de Expertos –de todo el espectro político–, un órgano nombrado por el Congreso chileno. Este grupo elaboró un anteproyecto constitucional moderado que logró un apoyo transversal. El 7 de junio, le entregaron el documento al Consejo Constitucional dominado por las derechas, donde se aprobaron modificaciones profundas. Incluyeron normas polémicas como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados, la objeción de conciencia institucional y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos, aunque se trata de una norma de gran apoyo popular). La semana pasada los expertos recibieron ese texto y votaron más de 600 modificaciones para entregárselas en un informe este lunes a los consejeros.

El núcleo de los expertos pretendía lograr nuevamente un acuerdo político transversal, como en la primera etapa, pero fracasaron en su intento. Cada observación debía ser aprobada por 14 de los 24 integrantes. Si se no lograba el número, quedaba la enmienda que les había llegado a sus manos. La derecha tradicional, la coalición de Chile Vamos, jugó un papel esencial. En algunos casos, hubo descolgados que se sumaron a la izquierda y, por ejemplo, dieron sus votos para eliminar la exención tributaria de la primera vivienda y la objeción de conciencia institucional, que sacaron del texto (aunque en esta nueva fase puede volver a incluirse).

En los casos en que los expertos no llegaron a consenso hay algunos que sacan ronchas en la izquierda. Uno de los principales es la norma de que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y el que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. El oficialismo plantea que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.

Como apuntaba Krauss, luego del debate de los expertos se mantuvieron normas respecto de derechos sociales que son rechazadas por los sectores de izquierda y centroizquierda. Quedó el artículo que reza, por ejemplo, que las cotizaciones obligatorias de salud deben ser administradas siempre por una entidad pública y otra privada, lo que podría bloquear que el Estado pueda administrarlas en su totalidad y respaldar el sistema actual de la industria de las isapres, las aseguradoras de salud privadas. Algo similar ocurrió con las pensiones, donde se mantiene la protección de la propiedad de los fondos y la libertad de elección vinculada a la administración de estos recursos por entidades privadas como públicas.

En las observaciones, el Estado social, una aspiración histórica de la centroizquierda chilena, fue devuelto al artículo primero de la propuesta, en el inciso tres —el Consejo Constitucional lo había dejado en el segundo— pero, aún así, no quedó en el lugar que ocupó en el anteproyecto de la Comisión Experta: inciso dos.

Gabriel Osorio, experto socialista, escribió: “Espero que en la etapa que viene, se pueda arreglar este entuerto y no se siga apostando por un plebiscito adversarial, que tanto daño ha hecho a Chile y que solo busca una ventaja sectorial y de corto plazo”.

La derecha está a favor

Lo rechazado en la Comisión de Expertos ya no tiene vuelta atrás. Lo aprobado, sin embargo, entra esta semana en una fase determinante. El pleno del Consejo deberá aprobar (30 de 50 votos) o rechazar (33 de 50) sus observaciones. En esta instancia está en juego el grueso de la propuesta constitucional y los temas claves para los republicanos, que tienen poder de veto. Si se reúnen los votos necesarios a favor, pasa al texto final. Si no, deriva a la Comisión Mixta, integrada por 12 integrantes, seis expertos y seis consejeros. Previsiblemente, estará conformada por cinco integrantes de izquierda y siete de derecha, proporcional a la configuración del Consejo. Los nombres se definirán este lunes. La Comisión Mixta es, básicamente, la gran instancia de los acuerdos finales.

Mientras, los principales líderes de la derecha han comenzado a dar vueltas las cartas para llamar a apoyar el nuevo texto en el plebiscito del 17 de diciembre, cuando la ciudadanía deberá decir si está En Contra o A Favor de la propuesta. Este fin de semana fue el turno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que en El Mercurio dijo que “un eventual rechazo nos deja en una situación muy negativa de inestabilidad e incertidumbre”. Desde el ala liberal de la derecha, el excandidato presidencial Sebastián Sichel, dijo en La Tercera: “Voy a votar A favor, a pesar de José Antonio Kast, porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría”.

El oficialismo de Gabriel Boric sigue firme en su postura de no dar vuelta sus cartas ante el referéndum, pero resulta evidente que, tal y como está, el Gobierno no quiere el texto que se trabaja.

De acuerdo a la encuesta Plaza Pública Cadem, de este domingo, un 28% dice que votará a favor en diciembre y 53% que rechazará, sin cambios respecto a la medición de la semana anterior.