Crisis del sistema de salud privado en Chile: el Gobierno de Boric rebaja la deuda de las aseguradoras a unos 1.000 millones de dólares

Este viernes, justo cuando se cumplía el plazo máximo para hacer modificaciones, el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric ha entregado una serie de indicaciones al proyecto de ley de isapres, como se conoce en Chile a las aseguradoras privadas de salud. La iniciativa legal fue presentada en mayo de pasado por el Ejecutivo como una manera de dar una salida a la crisis del sistema privado, luego de que un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 obligó a las isapres a devolver de forma retroactiva cobros en excesos a sus afiliados. Además, determinó que debían ajustar los precios de sus planes de salud, según la nueva tabla de factores.

Las nuevas modificaciones al proyecto de ley corta han tomado como insumo el informe del Comité Técnico encargado por la Comisión de Salud del Senado, compuesto por un conjunto de profesionales que acordó una propuesta para implementar el fallo del máximo tribunal sin que esto significara la quiebra del sistema de isapres, fundado en 1981 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Es un documento de 105 páginas que planteó una rebaja en la deuda que las aseguradoras deben restituir a sus afiliados, desde los 1.400 millones de dólares calculados inicialmente por la Superintendencia de Salud, a unos 451 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno no tomó en cuenta el criterio de mutualización de los planes establecido por la comisión para la rebaja de esa deuda y realizó un nuevo cálculo. De esta manera, el monto a devolver de parte de las isapres sería de unos 1.000 millones de dólares, 400 millones de dólares menos que lo calculado inicialmente.

Al respecto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que la rebaja se debió a que fue acogida la recomendación de la Comisión Técnica de considerar que no deben haber planes por debajo del 7%, el porcentaje que por ley cada chileno deber destinar de su sueldo para su previsión de salud. Actualmente, según datos del ministerio, un 25% de los cotizantes de isapres pagan menos de ese porcentaje por sus planes y reciben la diferencia como excedentes.

“Esto, de alguna forma, reduce los montos de que se habían hablado originalmente”, dijo, en una conferencia de prensa en la que estuvo flanqueada por la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Otro de los puntos del Comité Técnico que fue recogido en las indicaciones es la posibilidad de que cada aseguradora presente su propio plan de pago dependiendo de su situación particular, que no podrá ser mayor a 10 años y que podrá realizarse a través de prestaciones. Además, en forma complementaria, las empresas deberán proponer medidas efectivas de mayor eficiencia del gasto.

Asimismo, las nuevas propuestas permiten que, en paralelo, cada isapre pueda solicitar un alza extraordinaria del precio base de sus planes, como una manera de compensar el efecto de otro fallo en su contra de parte de la Corte Suprema en agosto pasado. El máximo tribunal determinó un precio máximo que las aseguradoras pueden cobrar por el paquete de Garantías Explícitas en Salud (GES), un conjunto de beneficios que deben proveer por ley a sus afiliados y que es una fuente importante de ingresos para el sistema.

Las dudas sobre la solvencia del sistema

En la conferencia de prensa, el ministro Cordero explicó que la ley corta de Isapres y las nuevas indicaciones nacen como “producto de la judicialización sostenida que por más de una década ha tenido el sistema de salud chileno desde la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en 2010 que declaró inconstitucional la tabla de factores”. Desde entonces a hoy, dijo, “la tasa de judicialización ha sido progresiva y en aumento, tanto que ha llegado a congestionar tanto a la Corte de Apelaciones como a la Corte Suprema. Por ejemplo, el 83% de los casos que el año pasado vio la Corte Suprema estaban vinculados estrictamente a Isapres”.

El problema de las isapres se incuba desde hace varios años. Luego de la sentencia del TC en 2010, en diciembre de 2019 la Superintendencia de Salud (SIS) del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera dictaminó, a través de una circular administrativa, que las aseguradoras ya no podrían cobrar valores diferenciales por sexo o edad y solo habría una tabla de factores para todos los cotizantes.

Las isapres, entonces, aplicaron esta nueva alza solo a quienes entraron al sistema a partir de abril de 2020, pero mantuvieron las reglas anteriores para sus antiguos afiliados. El fallo de la Corte Suprema de 2022 las obligó a aplicar de forma retroactiva los cobros en exceso y ampliar la nueva tabla de factores, sin sesgo, para todos sus cotizantes, independientemente de cuándo hayan entrado al sistema.

Tras a dar a conocer las indicaciones, la ministra Aguilera expresó que “lo que motiva al Gobierno a presentar la ley corta y también las indicaciones es la responsabilidad que tenemos con el sistema de salud de mantener las atenciones de las personas”. “Es un escenario al cual nos hemos enfrentado y el cual no hemos causado ya que es producto de la judicialización excesiva que ha tenido el sector y que tiene relación con la estructura de funcionamiento de los seguros privados que, usando la cotización que es de la seguridad social, funciona con leyes de mercado y eso ha sido la fuente de la judicialización creciente y que por responsabilidad tenemos que implementar esta ley e indicaciones como propuesta de mejoría”, añadió la líder del ministerio de Salud.

Desde que el Gobierno presentó su proyecto de ley, en mayo de este año, las dudas de si logrará dar salida a la crisis del sistema privado de salud han estado a la orden del día. La aplicación del fallo ha tensionado al Ejecutivo chileno, donde conviven distintas miradas sobre el sistema de salud privado, y despertado las críticas de la industria que en más de una oportunidad ha manifestado que está en peligro de colapso.

Ahora, tras estas nuevas indicaciones, las dudas sobre la solvencia del sistema siguen presentes. Todo dependerá de cómo el Congreso logre resolver la ley y de la evolución de la industria, que durante el primer semestre de este año logró revertir las pérdidas que acumulaba desde 2020 y alcanzar números azules.