Plebiscito constitucional: la política en deuda

A pocas semanas de cerrar el 2023, las chilenas y chilenos volvieron a rechazar un borrador para un nuevo texto constitucional. Con voto obligatorio y una participación electoral del 84,3%, una mayoría (55,8%) se inclinó por rechazar la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional. Transformando al país en un caso inédito a nivel mundial, con dos rechazos consecutivos a propuestas constitucionales redactadas por órganos electos específicamente para ese fin.

Entender las razones que llevaron a esto y sus implicancias para el futuro tomará tiempo, estudio y debate. Para aportar a ello, cinco lecciones y reflexiones iniciales que nos deja este resultado.

La democracia electoral ha salido fortalecida. A pesar de preocupantes tendencias globales, y aislados intentos en años recientes en Chile, las instituciones electorales lograron lidiar exitosamente con un calendario electoral sin precedentes, sumando a escrutinios regulares otras cinco contiendas en tres años: un plebiscito de entrada, dos de salida, dos elecciones de constituyentes. Este domingo, a pesar de una campaña altamente polarizada, con altos grados de desinformación, incitación a la rabia y al miedo, las personas concurrieron a votar en tranquilidad y sin incidentes, a menos de una hora de cerradas las urnas ya había cómputos oficiales con tendencias claras, y los distintos sectores aceptaron rápidamente el veredicto popular. La volatilidad en las preferencias de la ciudadanía durante este largo ciclo terminó fortaleciendo la legitimidad de las elecciones en tanto quedó demostrado que existe la posibilidad de una competencia efectiva. La integridad, transparencia y eficiencia de las elecciones salieron fortalecidas.

Diseñar procesos constitucionales requiere diagnósticos acabados, no sólo acuerdos. El diseño del primer proceso constitucional contó con amplia participación de los partidos políticos, la sociedad civil, especialistas y académicos, con un debate que se extendió por varios meses. Después del aplastante rechazo de la propuesta de texto en septiembre del 2022, los partidos se apresuraron a diseñar un nuevo proceso en un tiempo acotado y con menor participación de actores externos. Se generó un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas de que era necesario y positivo impulsar un nuevo proceso constituyente a pesar de que cada sector interpretó el triunfo del rechazo desde sus propias preferencias y no compartían un diagnóstico común para explicar lo qué estaba ocurriendo en la sociedad chilena. Así, la labor de la Comisión de Expertas/os y del Consejo Constitucional estuvo marcada por bajo involucramiento, interés y apoyo ciudadano. El rechazo final del texto puede bien ser producto de una falta de conexión entre las necesidades y demandas de la sociedad y la oferta propuesta por élites políticas.

La lectura del primer rechazo constitucional debe ser revisada a la luz de un segundo rechazo. El relato que se ha construido respecto de las razones del triunfo del voto en contra en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 puso foco en el contenido del texto y en el accionar de las/os convencionales. El contenido de una propuesta que buscaba expandir derechos y fortalecer el rol del Estado, ampliar mecanismos de participación, además de un órgano ideologizado y partisano serían las principales razones que lo explicaban. Las chilenas y chilenos no querían un texto refundacional progresista. Muchos llamaron la atención, además, al papel de independientes y movimientos sociales en la convención; sería su presencia la causante de la incapacidad de ofrecer a la sociedad un texto transversal.

Hoy ese primer rechazo debe ser revisado a la luz de esta nueva negativa, ahora de un texto con un enfoque ideológico diametralmente opuesto al primero, con un enfoque neoliberal, orientado a limitar el rol del Estado. Proceso que además fue diseñado y compuesto íntegramente por representantes de partidos políticos con experiencia en negociación. Entender el fracaso de ambos procesos para construir legitimidad social en procesos con tan disimiles diseños institucionales, composición y enfoques debe, necesariamente, mirar más allá de la esfera institucional, y las particularidades idiosincráticas de actores individuales, para evaluar dinámicas sociales y la interacción entre política y sociedad.

La debilidad de la política. El resultado de este segundo plebiscito de salida deja en evidencia la incapacidad de la política institucional para cumplir con el mandato que el pueblo de Chile les habría conferido en 2020 para arribar a un nuevo pacto constitucional en democracia. Quienes tuvieron el liderazgo y el poder para definir el contenido de este texto e impulsaron su aprobación sin acuerdos con sus adversarios tienen por cierto responsabilidad en este resultado. Pero el problema es más transversal y profundo. La debilidad de la política para resolver los problemas más complejos de la sociedad ha quedado de manifiesto y representa un riesgo para la democracia.

Se cierra la discusión constitucional, pero ello no asegura legitimidad futura. El presidente Boric se dirigió al país para asegurar que se cierra la discusión constitucional durante su mandato. Los partidos de gobierno y oposición han reafirmado lo mismo. Ya no hay ánimo ni interés para persistir en un esfuerzo que se inicia post en 2018 pero que se extendió por más de una década: ya en 2013 emerge un movimiento ciudadano pidiendo reemplazar la Constitución a través de una asamblea constituyente (Marca tu voto) y la entonces candidata Michelle Bachelet proponía al país un proceso constituyente durante su segundo Gobierno. La posibilidad de reemplazar el texto constitucional de manera íntegra y total queda cerrada para las actuales generaciones. Sin embargo, el cierre del proceso no significa que la política haya logrado recomponer la confianza de las personas en las instituciones, ni que los sucesivos fracasos en redactar un nuevo texto lograran construir legitimidad social para la actual Constitución. Esa es por ahora una pregunta abierta.

Finalmente, la experiencia chilena servirá sin duda para que otros países que buscan establecer nuevos contratos sociales y/o adaptar sus instituciones al mundo actual, evalúen seriamente si el remplazo constitucional es la única o mejor forma de hacerlo.