La colusión del gas que indigna a Chile: investigadas dos empresas por subir los precios del oxígeno en plena pandemia

Entre 2008 y 2019, al menos media docena de casos de colusión han enfurecido a los chilenos y han quedado tallados en su memoria. Primero fue un pacto entre las tres principales cadenas de farmacias, que controlaban el 90% del negocio, para subir los precios de más de 200 medicamentos, entre ellos hipotensores, anticonceptivos orales y antidepresivos. Luego fue la industria de los pollos; después dos firmas fabricantes de papel tissú –con productos de primera necesidad como el papel higiénico– y, más tarde, tres supermercados con la carne de pollo fresca. La lista sigue con los pasajes del transporte público en La Araucanía; con un grupo de ginecólogos de Ñuble, en la zona centro-sur, que fijaron un precio mínimo de consultas y procedimientos (en especial para partos y cesáreas), además de un centenar de médicos de Valparaíso que acordaron los montos de sus prestaciones. Ahora se ha sumado un nuevo escándalo, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara que las dos empresas más grandes en el mercado de los gases industriales y medicinales se concertaron, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, cuando los centros de salud requerían de oxígeno por el covid, para no competir entre sí y así poder controlar los precios que cobraran a sus clientes.

La denuncia la realizó la FNE, un organismo estatal que lidera el abogado Jorge Grunberg, al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). La ha hecho pública el 6 de mayo, después de una investigación en la que hubo allanamientos y pinchazos de teléfonos: en su requerimiento acusó de colusión a las empresas extranjeras Indura y Linde Gas Chile, que tienen el 77% del mercado nacional, y a tres de sus ejecutivos. Linde se acogió a la delación compensada, por lo que la agencia ha pedido que se le exima del castigo de multas, mientras Indura, que en un comunicado público señaló que “niega categóricamente las alegaciones de la FNE sobre prácticas colusorias”, arriesga una multa de de 31,3 millones de dólares en beneficio fiscal.

Si bien la imputación de la FNE abarca a los gases industriales, usados en rubros como el metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario y minero, entre varios más, la principal indignación de las autoridades chilenas, entre ellas el presidente Gabriel Boric, se ha concentrado en los gases medicinales. Esto, pues según la agencia encargada de defender y promover la libre competencia en los mercados locales, “la gravedad del ilícito se hace aún más evidente al considerar que la infracción fue contemporánea a la pandemia de covid-19 (...), en donde el oxígeno medicinal jugó un rol clave en el tratamiento de dicha enfermedad”. “Fue un insumo de primera necesidad para el correcto funcionamiento del sistema sanitario del país”.

Para el profesor de derecho económico de la Universidad de Chile Francisco Agüero, especialista en libre competencia, esta nueva causa tiene una particularidad respecto de los otras con que ha llevado la FNE, pues involucra a la pandemia. “El primer caso que menciona la fiscalía es oxígeno para hospitales públicos, así de concreto. Aunque hasta ahora no se conoce el detalle de todas las licitaciones que hubo en este reparto de mercado y este acuerdo de no competir” señala a EL PAÍS. Recuerda que la industria de los gases ya había tenido una acusación de colusión hace 20 años, pero que “no pudo ser probada porque entonces la fiscalía no tenía las herramientas de hoy: no había allanamientos ni la posibilidad de intervenir teléfonos ni la delación compensada”.

A Agüero le llama la atención que la fecha en que comenzó el acuerdo entre las firmas fue aproximadamente un mes después el estallido social de octubre de 2019 y que, precisamente, los casos de colusión en el país, como el de las farmacias de 2008, eran parte relevante “en el chip” de las protestas.

Boric ha señalado que el caso podría convertirse en “un grave atentado a la salud pública”, por lo que encomendó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, pedir al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representa legalmente al Fisco, analizar los antecedentes con miras a presentar acciones legales. “Suena a una cuestión bien rara, compleja, pero para que todos sepan, se coludieron. O sea, aumentaron artificialmente los precios del oxígeno durante la pandemia cuando los hospitales más lo necesitaban. Eso indigna, y no lo podemos aceptar”, señaló hace unos días el mandatario.

Aguilera refrendó el planteamiento de Boric ante el CDE: “Esta colusión habría afectado a nuestro sector por encarecer insumos médicos fundamentales para la atención de salud, en particular aquella de enfermedades respiratorias. A mayor abundamiento, se puede observar que la temporalidad en la que habrían ocurrido los hechos involucra el periodo más álgido de la pandemia por SARS-CoV-2, que constituyó una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPIII), que mantuvo a nuestro país en alerta sanitaria, por más de tres años y medio, y en la que el tratamiento de oxigenoterapia, dependiente de los gases en cuestión, resultó crucial”. Y agregó: “La conducta acusada sin duda es inadmisible, por cuanto puede poner en riesgo el acceso a la atención y, con ello la vida y salud de las personas”.

Hospitales públicos afectados

Según ha establecido la FNE, la colusión pudo afectar a centros de salud pública, como el Hospital Félix Bulnes, uno de los más grandes de Santiago, y que en medio del cartel del gas, terminó pagando un 41% más caro en las licitaciones. También al Hospital de Quellón de la región de Los Lagos, en el sur de Chile.

De acuerdo con el requerimiento de la FNE, las firmas, a través de sus ejecutivos, hoy cuestionados, tenían un modo de operar: “En la práctica, Indura y Linde alcanzaron el entendimiento que, ante los clientes en los que la otra empresa era incumbente, debían evitar competir de manera efectiva, ya fuese absteniéndose de participar en la respectiva licitación o cotización, ofertando precios deliberadamente elevados para no ganar el negocio, retirándose del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta, o desistiéndose de la oferta presentada en caso de resultar adjudicada. En los casos en que ambas empresas atendían al mismo cliente, cada una debía mantener aquella porción que ya abastecía”.

Tras la denuncia, la crítica ha sido transversal. Jaime Mañalich, exministro de Salud del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022), de la derecha tradicional, ha dicho que hubo “un aprovechamiento inmoral, indebido, y que debe ser perseguido, en mi opinión, penalmente” pues ha sido “una situación de fragilidad de salud pública, en el sentido de que uno está en riesgo de la muerte. O sea, si no hay oxígeno, los respiradores no funcionan, la gente se muere”. Y el gremio empresarial chileno, la Confederación a Producción y el Comercio (CPC), que preside Ricardo Mewes, ha declarado que el caso “tiene una connotación especialmente grave por cuanto no solo afecta a amplios y diversos sectores industriales, sino también al sistema hospitalario chileno en plena pandemia del covid 19″. También se ha pronunciado la principal carta presidencial de la oposición, la alcaldesa de Providencia de la UDI, Evelyn Matthei: ha dicho que la colusión del gas “es totalmente reprochable y de una sinvergüenzura que no tiene nombre. Esto debe ser investigado con todo el rigor de la ley”.

De la “paz y amor” a la delación

Según la FNE, en el inicio del acuerdo, y en su implementación dentro de cada empresa, intervinieron Marcelo Torres y Sergio Novelli, quienes eran gerentes generales de Indura y de Linde, respectivamente. Además de David Lori, ejecutivo de Linde, “que se encargó de controlar que el equipo de ventas de la compañía no se comportara de un modo inconsistente con el acuerdo”. Linde es la firma que después reconocería su participación en los hechos, cuando la investigación ya estaba abierta, para optar al beneficio de delación compensada.

El requerimiento no ha dicho cómo se generó la denuncia con la que abrió la investigación. Pero sí ha descrito que el acuerdo entre Torres y Novelli comenzó a fraguarse, según sus mensajes de WhatsApp intervenidos, en una reunión que programaron para el 11 de noviembre de 2019 en el café Tavelli, ubicado en Las Condes, un municipio acomodado del sector oriente de Santiago. “En dicho encuentro los gerentes generales abordaron diferentes aspectos comerciales de sus respectivas compañías, manifestando que ‘estaba difícil hacer ese repaso de precio, ese incremento de precio en los clientes, pero tenemos que seguir presionando por ello. Así, en la reunión compartieron su visión sobre la estrategia de precios que debían aplicar para velar por la rentabilidad de sus respectivas compañías y manifestaron su intención común de conducir las negociaciones con sus clientes hacia la aplicación de alzas de precios”, dice el documento.

Para 2020, agrega la FNE, los gerentes ya sellaban un “acuerdo de caballeros” o pacto de “no agresión”. Incluso, en una llamada que fue interceptada, se referían al pacto entre las firmas como una situación de “paz y amor”. Una paz y amor que se quebró el 21 de enero de 2021, cuando Linde postuló al mecanismo de delación compensada para colaborar con la indagatoria de la FNE. La firma ha contado en un comunicado reciente que realizó una investigación interna, y tras ella, ocho meses después desvinculó a los dos ejecutivos.

Indura, en tanto, he negado “las alegaciones de la FNE” y ha dicho que como empresa “ha priorizado salvar vidas” y que " trabajó arduamente para garantizar el esencial suministro de oxígeno medicinal al estresado sistema de salud de Chile durante la pandemia de COVID-19 y con posterioridad. La imputación de que Indura se benefició indebidamente no tiene ningún fundamento”. También realizó una indagatoria interna, una auditoría forense y un análisis económico del mercado que, dijo en un comunicado, no evidenciaron “que se hubiera producido colusión alguna”.

Marcelo Torres trabajó por más de 26 años en Indura. En su caso, la FNE ha pedido aplicarle una multa de más 114 mil dólares, de los 31,2 millones de dólares que ha soliticdo para Indura. El ingeniero comercial es el único de los involcrados que arriesga penas de cárcel.

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