Chile en alerta ante los homicidios de niños y adolescentes: las víctimas suben de 45 a 66 en ocho años
Según la Fiscalía Nacional, la mayoría de las muertes, entre 2016 y 2023, ocurrió en el contexto de una actividad delictiva. Este fin de semana cuatro adolescentes, entre 13 y 17 años, fallecieron acribillados en Quilicura, en Santiago
La madrugada del lunes 8 de julio, un niño de ocho años murió de un disparo en el tórax. Estaba en su departamento en Bajos de Mena, uno de los sectores más vulnerables del municipio de Puente Alto, en la zona sur de Santiago. El caso refleja la violencia urbana por la que atraviesa Chile, empujada en gran parte por el avance del crimen organizado, en un país donde el porte ilegal de armas de fuego ha ido en un aumento: el niño falleció por un balazo percutado por su hermano de 14 años, cuando manipulaba un arma pero, el telón de fondo de la tragedia, es que la había recogido poco antes en la calle. La encontró oculta en el pie de un árbol, después de presenciar una larga balacera entre bandas rivales.
La muerte del niño, que el fiscal Sergio Soto Yáñez, uno de los primeros en llegar al lugar, catalogó en la audiencia de formalización de cargos como “una tragedia sin precedentes”, quedará en una triste estadística. Según datos de la Fiscalía Nacional, los homicidios en Chile en contra de menores pasaron de 45, registrados en 2016, a 66 en 2023, lo que representa un incremento del 47% en ocho años, de acuero con el Ministerio Público.
Según el último Informe Estadístico de Homicidios Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público, “en términos comparativos tanto adultos como NNA [niños, niñas y adolescentes] presentaron estabilidad en su tasa entre los años 2016 y 2019″. Sin embargo, el mayor salto se produjo en 2022, cuando por primera vez se superó los 50 casos de víctimas menores de edad. La mayoría de las muertes ocurrieron en el contexto de una “actividad delictiva” que, de acuerdo con el documento, agrupa las categorías de disparos por “bala loca”, homicidio relacionado con grupos delictivos organizados o pandillas y ataques por desconocidos sin aparente provocación.
Hace unos días, el fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió a El Mercurio que “la preocupación pública, evidente”, respecto de la cantidad de homicidios de los que están siendo víctimas niños, niñas y adolescentes, “tiene sustento en la realidad”. Y lamentó que si en 2022 hubo 54 casos, “en 2023 pasamos a 66″, una situación que, en un año “representa un alza en la tasa de cerca del 20%”.
Para 2024, al deceso del niño en Puente Alto del fin de semana pasado, se suma lo ocurrido la madrugada de este domingo en una plaza de la comuna de Quilicura, en el sector norte de Santiago, cuando cuatro adolescentes fueron asesinados tras ser atacados a disparos desde el interior de un automóvil: uno tenía 13 años, dos 16 años y la cuarta víctima, 17. Celebraran un cumpleaños en un plaza en torno a una fogata. Según informó el fiscal Daniel Contreras “fueron ráfagas de tiros”.
“El Gobierno debe intervenir”
Comparado con otros países de América Latina, Chile mantiene uno de los índices de asesinatos más bajos. Sin embargo, existe una preocupación porque la tasa de homicidios, que abarca a víctimas de todas las edades, subió de 4,5 por cada 100.000 habitantes, en 2018, a 6,3% en 2023.
Para Anuar Quesille, Defensor de la Niñez de Chile, el aumento de los delitos de mayor complejidad, donde convive la violencia entre bandas dedicadas al tráfico de drogas que disputan territorios, es una realidad. “Hay un alza del crimen organizado, siendo éste un fenómeno que durante los últimos años se ha expandido, con una especial repercusión en el espacio público y que impacta fuertemente a la niñez y la adolescencia”, dijo a EL PAÍS.
Quesille, abogado, explica que la expansión del crimen organizado –un fenómeno mundial– se desarrolla en contextos de inexistencia o baja calidad de políticas públicas. “Esto no sólo ocurre en materia de prevención y posterior persecución eficiente del delito, sino de políticas públicas, en general, donde el Estado se encuentra ausente, generando exclusión social y territorial. Esto transforma el pertenecer a bandas delictuales en la única alternativa y expectativa de vida para muchos niños, niñas y adolescentes”, dijo.
En marzo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) condenó los “reiterados hechos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes”, en el contexto del asesinato de un adolescente, de 13 años, y de otros dos menores que resultaron heridos por tiros en Chile. La organización internacional mencionó que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2022, que lidera el ministerio de Desarrollo Social, indicó que un 43% (53% para el caso de la Región Metropolitana) de los hogares con menores en el país han vivido o presenciado balaceras en su entorno residencial.
Los principales mecanismos mediante los cuales se comete homicidios en Chile son las armas de fuego (52,3%) y objetos cortopunzantes (31%), según un informe elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, presentado en abril de 2024.
Este porcentaje también es similar en el caso de los menores. El Ministerio de Salud reportó 38 muertes de niños, niñas y adolescentes ocasionadas por lesiones con armas de fuego en 2023, lo que representa más de la mitad de los casos. No obstante, el año con mayor número de homicidios por este tipo de armamento fue 2022: un total de 47, según un estudio del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.
En este sentido, Quesille dice que no se puede normalizar la violencia: “El Gobierno debe intervenir, ya que es un desafío importante que deben enfrentar. En la política pública de seguridad, que está pronta a aprobarse, se debe incorporar la visión de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, especialmente desde la prevención y podría ser la instancia para evaluar el acceso a las armas de fuego”.
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