Una gran primaria legal es la mejor alternativa para el progresismo

Desde la instauración de las primarias legales mediante la Ley Nº 20.640 de 2012, los siguientes tres presidentes de Chile han surgido de coaliciones que participaron de este mecanismo voluntario para que la ciudadanía elija al mejor representante de cada sector: así ocurrió con Michelle Bachelet, que fue parte de las primarias de la Nueva Mayoría en 2013; con Sebastián Piñera, quien hizo lo propio en las de Chile Vamos el 2017; y con Gabriel Boric, que sorpresivamente derrotó a Daniel Jadue en las primarias de Apruebo Dignidad en 2021.

Las primarias legales constituyen una plataforma clave para proyectar candidaturas y proyectos políticos antes de las elecciones generales. Gracias a la franja televisiva, los debates y la organización estatal de la elección en todas las comunas del país, este instrumento fortalece tanto a las coaliciones como a los liderazgos que se someten a él.

Así lo entendió desde sus inicios el Frente Amplio, que, a pocos meses de su formación como conglomerado en 2017, se embarcó en la inscripción de las primarias presidenciales que terminaron con su ganadora, Beatriz Sánchez, a apenas 160.000 votos de arrebatarle el paso a segunda vuelta a Alejandro Guillier, el candidato de los partidos tradicionales de la centroizquierda que decidieron omitirse de ellas. En la siguiente elección, debido a enredos, vetos e improvisaciones de última hora, repetimos el mismo error, esta vez con consecuencias aún más graves: nuestra carta presidencial, Yasna Provoste, terminó en el quinto lugar de la primera vuelta de 2021.

En el escenario actual, desde una centroizquierda conformada por los partidos de la alianza de Gobierno del presidente Boric y, esperemos, por la Democracia Cristiana, no tenemos otra opción viable más que inscribir una primaria legal, tanto por el perjuicio electoral que implica saltarse este mecanismo, lo cual en un contexto de desventaja inicial frente a la derecha sería lo más parecido a la crónica de una muerte anunciada en las elecciones de noviembre, como también por un factor adicional que resulta absurdo esconder bajo la alfombra: la fragilidad de una alianza constituida de manera ad hoc para dar soporte político a esta Administración necesita del mecanismo democrático de las primarias para presentarse como tal ante el país, contrastar posiciones y legitimar un programa y una candidatura que sea capaz de proyectar al progresismo chileno como el proyecto político más capacitado para brindar estabilidad y propiciar las transformaciones necesarias para el desarrollo del país.

Con ese objetivo en mente, una gran primaria que incluya una alternativa del PC, otra del FA, una de la DC y otra del Socialismo Democrático -o al menos del PS y el PPD, que nunca han dejado de competir juntos en elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia-, sumado a las candidaturas ya anunciadas por partidos como el PL y la FRVS, sería el escenario ideal desde el cual puede emerger una candidata o candidato con altas posibilidades de derrotar a una derecha que difícilmente podrá replicar un ejercicio similar del otro lado del tablero. Al contrario de lo que algunos creen, una primaria lo más amplia posible no representa un problema, sino una oportunidad inigualable.

Incluso en el hipotético caso de una tercera postulación de la expresidenta Bachelet, tampoco deberían descartarse las primarias con todas las candidaturas que estén disponibles para ello, comprendiendo que sus beneficios van mucho más allá del resultado inmediato de la próxima elección.

La historia y la lógica indican que el próximo presidente o presidenta de Chile, al igual que los tres anteriores, probablemente surgirá de alguna de las primarias legales que se presenten ante la ciudadanía el 29 de junio. No hay razones para que la centroizquierda renuncie a esa posibilidad.