El Tribunal Constitucional chileno destituye a la senadora Isabel Allende, la principal embajadora de su familia tras el golpe de Estado de 1973

El Tribunal Constitucional (TC) chileno ha resuelto este jueves, por ocho votos contra dos, destituir a la socialista Isabel Allende Bussi de su cargo en el Senado, en el marco de una causa relacionada con la compra y venta de la histórica casa de su padre, el presidente Salvador Allende (1970-1973), de calle Guardia Vieja, en el municipio de Providencia de Santiago de Chile. El caso arrancó cuando el Gobierno de Gabriel Boric, a través del ministerio de Bienes Nacionales, buscó comprar la vivienda para transformarla en un museo en memoria del líder de la Unidad Popular (UP). La senadora –una de las herederas y la principal embajadora de la familia Allende en el mundo tras el golpe de Estado militar–, estuvo dispuesta a vender. Aunque la operación se canceló, por un proceso lleno de errores y por el escándalo político, el TC la ha cesado de su cargo en la Cámara Alta tras 31 años en el Congreso por haber infringido la Constitución: como autoridad no podía celebrar contratos con el Estado. No es la primera víctima de la familia Allende en el marco de esta trama. Una nieta del presidente, Maya Fernández Allende, sobrina de la senadora, salió de ministra de Defensa el pasado 10 de marzo, luego de tres años en el cargo.

La decisión del TC, que ha sido anticipada por el medio chileno Emol, y confirmada por este periódico, representa un incalculable daño no solo para la familia Allende –un emblema de la izquierda chilena y mundial–, sino para el Partido Socialista y el Gobierno de Boric. “La negligencia del presidente y su equipo cobra otra víctima”, ha concluido la oposición.

Entre los jueces que estuvieron por cesar en el cargo a Isabel Allende se encuentran las ministras Daniela Marzi, presidenta, y Nancy Yáñez, ambas nombradas por el presidente Boric en 2022, mientras que Catalina Lagos y Mario Gómez fueron los votos de minoría, según Emol. El tribunal revisó por la mañana el requerimiento presentado por el Partido Republicano, de la extrema derecha, y el conglomerado Chile Vamos, de la derecha tradicional. La parlamentaria –la primera mujer en presidir la Cámara Alta chilena en sus 200 años de historia– era una de las cuatro propietarias de la casa de Guardia Vieja, junto a Maya Fernández. La dimisión de Fernández se concretó en la víspera de la acusación constitucional que diputados opositores presentaron en su contra para lograr destituirla, pero que finalmente fue desechada hace ocho días.

“Como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos”, ha dicho Allende en una declaración pública. “A la espera de la sentencia, quiero decir que la memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas. En mis más 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, agregó Allende, de 80 años.

Una vez divulgada la determinación, que el tribunal no ha oficializado, el Gobierno de Boric, a través de su portavoz Aisén Etcheverry, se pronunció desde La Moneda: “Como Poder Ejecutivo nos corresponde respetar los fallos del TC, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave”. “La senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. Tenemos la convicción de que ella y su familia actuaron de buena fe”. Y agregó: “Se trata de una decisión de un órgano autónomo del Estado que nosotros respetamos, respecto a un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y, por lo tanto, se instruyeron sumarios en esa dirección. Pero la destitución de una senadora democráticamente electa, atendidos los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave”.

Quien también lamentó la decisión fue Carolina Tohá, la candidata presidencial del PPD y exministra del Interior de Boric. “Es muy triste que por impericias, por hechos errados de asesores que intervinieron, termine teniendo este impacto en una figura como ella (...) Se acata el fallo del tribunal, está en sus competencias y no hay que relativizarlo en ningún minuto, pero esto no debió haber pasado”, aseguró en radio Pauta. Luego, escribió en su cuenta de X: “Isabel Allende ha tenido una carrera política intachable y un trabajo reconocido en Chile y el exterior. Corresponde respetar lo definido por el TC, en caso de confirmarse, pero eso no quita reconocer que es una noticia triste. Para Isabel y su familia todo mi cariño y respeto”.

Por la oposición habló Evelyn Matthei, la candidata presidencial de Chile Vamos, de la derecha tradicional. ”Nuestra Constitución se debe cumplir y respetar siempre. El Gobierno no se apegó ni respetó las leyes. No hay lugar para excepciones ni privilegios para nadie”, dijo en un video que divulgó en X, en el que también destacó el trabajo de Máximo Pavez, que representó al bloque opositor ante el TC. “Es uno de los abogados más brillantes que me ha tocado conocer. Él hizo un escrito de una seriedad y una contundencia impresionante y también su alegato fue increíble. Yo me imagino que para el Partido Socialista y para la familia Allende esto tiene que ser muy doloroso. Sin embargo, la Constitución es clarísima: no se podía realizar esa compra y la Constitución tiene que ser respetada por todos”, agregó.

El anuncio de la compra de la casa de Salvador Allende y de su esposa Hortensia Tencha Bussi ocurrió el 30 de diciembre, cuando la Administración de izquierdas informó del proceso de adquisición por 933 millones de pesos (unos 922.000 dólares) del inmueble y otros 1.300 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) por dos casas en las que vivió el exmandatario Patricio Aylwin (1990-1994). Pero, tres días después, el Gobierno echó pie atrás a su determinación respecto de la residencia del exlíder de la Unidad Popular. “Como parte de este proceso, y debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, decía un comunicado público emitido por el ministerio de Bienes Nacionales.

Menos de una semana después, el 6 de enero, Boric pidió la renuncia a Marcela Sandoval, la ministra de Bienes Nacionales, militante del Frente Amplio, su propio partido político. Fue la primera de los siete funcionarios que han dimitido por el caso.

En 2023, cuando Chile conmemoró los 50 años del golpe de Estado, EL PAÍS entrevistó a Isabel Allende, que realizó un relato íntimo de los hechos políticos y familiares del 11 de septiembre de 1973. “No pensé que el abrazo silencioso con mi padre en La Moneda sería el último”, aseguró.