El fraude continuado en el sistema de publicaciones científicas

La ciencia es una actividad que tiene un gran impacto sobre la manera como pensamos y como vivimos. Es un universo muy diverso, ya que no es igual la manera como se trabaja en Matemáticas o Física que en Biomedicina, sin hablar de disciplinas que alguien denomina Ciencias Sociales, Económicas o Jurídicas. Pero, en su conjunto, aquellos que se identifican a sí mismos como científicos se adhieren a un método y a unas reglas que son la base de la credibilidad de sus resultados. Es lo que denominamos Buenas Prácticas Científicas que deberían ser válidas en cualquier tiempo y lugar. El crecimiento de la ciencia en España pone de relieve la importancia de tenerlas en cuenta.

Ya sabemos qué cuestiones de este tipo aparecen en las noticias cuando algo no va bien. Por ejemplo, cuando hay algún caso de fraude científico o de conflictos entre investigadores. Recientemente, se ha hablado de problemas en las publicaciones científicas, un tema crucial en ciencia, ya que una investigación no existe hasta que se publica. En términos generales, podemos decir que los seis millones de científicos que la UNESCO ha contado existen en el mundo, publican anualmente unos dos millones de artículos en como mínimo unas 30.000 o 40.000 revistas internacionales, en inglés en su gran mayoría. Se ha calculado que estas revistas representan una industria editorial que maneja unos 19.000 millones de dólares anuales, lo que la sitúa entre las industrias del cine y de la música. No es un negocio trivial.

Las publicaciones científicas han sufrido una revolución enorme con su digitalización y puesta en línea. Desde el ordenador de un investigador se puede acceder al contenido de cualquier revista científica sin necesidad de desplazarse a una biblioteca. Sin embargo, esta facilidad tiene un precio. Hay revistas a las que hay que suscribirse para tener acceso a ellas y las hay que son de acceso abierto, lo que muchos fondos públicos favorecen. Sin embargo, hay que pagar para publicar en ellas. Una revista de gran difusión puede exigir el pago de 3.000 o 5.000 euros para publicar un artículo, algo que algunos grupos de investigación no pueden permitirse. Este hecho no ha escapado a inversores que han visto una oportunidad de negocio en las revistas científicas y el número de estas ha ido creciendo, pero en algunos casos la exigencia de calidad es menor. Para aceptar un artículo para su publicación, las revistas usan el sistema de revisión por pares, que en algunos casos se simplifica significativamente.

Al mismo tiempo, desde hace unos años se ha desarrollado toda una industria que mide el impacto de las revistas basado en las veces que los artículos que publican son citados por otros investigadores. Ello ha dado lugar a la aparición de unos indicadores que se supone miden el impacto de investigadores, grupos de trabajo, centros de investigación y universidades. Indicadores y clasificaciones han dado lugar a una carrera hacia la publicación en revistas con los mayores índices posibles en la que todo parece que valga. Esto va desde un mercado de artículos que se compran y venden a autorías ficticias y, recientemente, se han visto universidades de algunos países que pagan a autores para que afirmen pertenecer a ellas. Todo ello pervierte el sistema de publicaciones y constituye un fraude continuado. Para remediarlo, ha habido declaraciones en las que se exige abandonar la evaluación a base de indicadores numéricos y llevar a cabo evaluaciones de forma cualitativa que permita examinar la validez y la calidad de los trabajos que se realizan. Esto implica más trabajo de revisión y una mayor confianza en quienes participan en ello.

En España esta situación conflictiva se produce en los momentos en que la investigación que se lleva a cabo en nuestro país va aumentando tanto en cantidad como en calidad. A ello ha contribuido el aumento de fondos que en su mayoría son competitivos y, por tanto, necesitan una evaluación. Esta también es necesaria para atribuir los llamados complementos de productividad a los salarios de docentes e investigadores. Para quienes gestionan el sistema de Ciencia y de Universidades lo más sencillo es utilizar indicadores y rankings basados en los índices de impacto de publicaciones. Si el dinero para trabajar o el que se recibe a fin de mes dependen de estos indicadores, no es de extrañar que se haya creado una idolatría hacia el impacto de las publicaciones y aparezca una picaresca lamentable.

Esto ocurre cuando sin que tengamos en España una cultura de la investigación científica en la que las Buenas Prácticas Científicas estén bien enraizadas, ni procedimientos de análisis de las desviaciones que se producen inevitablemente cuando hay una presión sobre el personal investigador y docente. Justo este año se ha constituido el primer Comité de Ética de la Investigación del Estado que ya estaba previsto en la Ley de la Ciencia de 2011. Es cierto que instituciones como el CSIC ya tienen un Comité de Ética desde el año 2009 que ha tratado docenas de casos. En Cataluña se creó hace cuatro años el Comité para la Integridad de la Investigación y poco a poco centros de investigación y universidades se dotan de instancias similares. Pero a las instituciones les cuesta analizar posibles casos de malas prácticas y llegar a medidas disciplinarias, en parte por tradición corporativista, pero también porque las reglas de la Función Pública impiden aplicarlas. Los procedimientos de la Administración pública en nuestro país no están adaptados para una gestión eficiente de la ciencia y contribuyen a pervertir el sistema. Sería necesario llegar a cabo acciones para asegurarse que los investigadores conocen y se adhieren a las normas que dotan a su trabajo de credibilidad, ya que todos debemos estar convencidos de que solo tiene sentido una ciencia honesta y de calidad. Y debemos estar vigilantes para que cuando algo ocurre tenemos procedimientos para analizar los casos y se toman las medidas apropiadas de forma transparente y diligente.

Pere Puigdomènech es profesor de investigación ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) y expresidente del Comité de ética del CSIC

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