El Congreso aprueba la primera ley climática para erradicar los gases de efecto invernadero en 2050

El Congreso de los Diputados ha saldado este jueves una deuda que había contraído en 2011, cuando una mayoría de grupos parlamentarios pidió que el país contara con una ley climática. El pleno del Congreso ha dado el último visto bueno a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética una década después con la aprobación de las últimas seis enmiendas que se incorporan al texto. Para sacarla adelante, PSOE y Podemos han contado en la tramitación parlamentaria con el apoyo de los grupos que invistieron a Pedro Sánchez y con la abstención del PP, que no ha intentado bloquear la norma. Solo Vox ha votado en contra en las Cortes. La ley ha vuelto a recibir críticas de partidos de izquierdas y grupos ecologistas por la falta de ambición a la hora de fijar los objetivos de recorte de emisiones para esta década. El Gobierno defiende que el texto ya establece que esas metas se revisarán al alza en 2023.

El objetivo general es conseguir que España erradique casi por completo sus gases de efecto invernadero para mediados de este siglo. Se pretende así que el país pueda cumplir sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de París. Y esto supondrá abandonar los combustibles fósiles y una transformación completa de la economía. Para conseguir esa meta en 2050 la norma establece una serie de objetivos intermedios y de medidas concretas para esta década.

En 2030 las emisiones globales del país deberán haberse reducido un 23% respecto a las de 1990 y se tendrá que haber alcanzado una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual). Además, se deberá lograr un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable (frente al 40% de este momento) también a finales de esta década.

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La meta de reducción del 23% de las emisiones lo fijó el Ministerio para la Transición Ecológica hace más de dos años, antes de la pandemia y, sobre todo, antes del plan de recuperación europeo, que persigue en gran medida acelerar la descarbonización de la economía comunitaria. La principal crítica que se ha repetido este jueves dentro y fuera del Congreso ha sido la falta de voluntad en la tramitación parlamentaria para ir más allá del 23%. Greenpeace, por ejemplo, ha reprochado que la norma “nace mucho más débil de lo que sería necesario para afrontar la crisis climática que enfrenta el mundo”.

“España llega con retraso a la aprobación de esta ley. Esta ley deberíamos haberla tenido hace 10 años”, admitía este jueves la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en EL PAÍS. Ribera ha defendido la norma este jueves en el Congreso y ha considerado que el objetivo del 23% es “ambicioso” y “congruente”. Pero ha insistido en un par de ocasiones en que la propia ley establece la revisión al alza en 2023 de esa meta.

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Prácticamente la totalidad del texto de la norma ya fue aprobado por el Congreso en abril de este año. Pero en su paso por el Senado se incluyeron seis enmiendas de carácter técnico, que este jueves han tenido que ser ratificadas por la mayoría del pleno. Tras este último paso, la ley ya está definitivamente aprobada y durante los próximos meses y años se tendrán que ir desarrollando las medidas que incluye, como la presentación de una ley de movilidad sostenible, una reforma eléctrica y los planes de impulso a las renovables y a la movilidad eléctrica.

En este último debate de la norma, que entró en Las Cortes hace casi un año, las seis enmiendas han salido adelante de nuevo gracias a los partidos que invistieron a Sánchez. Pero muchos de sus portavoces han deslizado críticas a la falta de ambición. Gabriel Rufián, de ERC, ha considerado que no es “suficiente”. Inés Sabanés, de Más País Verdes Equo, ha sido la más dura: “Hace 10 años esta ley hubiera sido una ley muy avanzada”. Pero Sabanés ha considerado que ahora hacía falta “pisar el acelerador” ante la crisis climática. Esta parlamentaria ha recordado, por ejemplo, el caso de Alemania, que acaba de endurecer sus objetivos climáticos tras un varapalo judicial y el auge de los Verdes en ese país.

Juan López de Uralde, de Unidas Podemos, ha defendido la norma y los objetivos fijados, y ha recordado que si España no puede reducir sus emisiones a un ritmo mayor se debe al retraso que lleva el país respecto a la media europea. “España alcanzó su pico de emisiones en 2007, mientras que la UE ha reducido un 25% sus emisiones desde 1990″, ha explicado López de Uralde.

Si desde los partidos de la izquierda del arco parlamentario las críticas han llegado por la falta de ambición, desde las formaciones de la derecha los reproches han llegado por los supuestos impactos en el empleo. La diputada de Vox Mireia Borrás ha criticado que la “ofensiva contra los combustibles fósiles” está ligada a un proceso de “desindustrialización”. El popular Guillermo Mariscal, por su lado, ha acusado al Gobierno de “ideologizar la batalla del clima”. “Usted será responsable del cierre de empresas”, le ha reprochado Mariscal a la vicepresidenta cuarta.

“No hay empleo en un planeta muerto”

Tanto López de Uralde como Ribera han defendido justo lo contrario, las oportunidades de empleo que creará la aplicación de esta ley. “Generará actividad económica, inversión y empleo”, ha dicho el parlamentario de Unidas Podemos. La ley contempla que “el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas” en 2030 gracias a todas las medidas propuestas.

“No hay empleo en un planeta muerto”, ha respondido por su parte Ribera, que ha defendido la “urgencia” que existe por transformar el “modelo de desarrollo” del país. “Este es un Gobierno que quiere actuar de forma progresista, feminista y ecologista”, ha concluido desde la tribuna la vicepresidenta.

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