Bienestar animal: todos los mataderos de España deberán instalar cámaras de videovigilancia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que establece medidas de control del bienestar animal en los mataderos. La norma obliga a todos los mataderos de España a instalar sistemas de videovigilancia, a guardar las imágenes durante 30 días y a permitir el acceso a ellas a los servicios de inspección en el caso de que lo soliciten. Todas las instalaciones deberán poner cámaras, independientemente del tamaño. A los mataderos más grandes se les da un año desde la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado para hacerlo. A los pequeños se les da dos años. El Gobierno estima que alrededor de 700 se verán afectados por esta norma en todo el país.

El Ministerio de Consumo, el departamento que lleva casi dos años tramitando este real decreto, justifica la norma en la necesidad de “garantizar el bienestar animal durante la descarga, el traslado, la estabulación y el aturdimiento de los animales, y mejorar las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores”. En los últimos años, varias investigaciones de asociaciones animalistas han denunciado malas prácticas en algunos mataderos del país con vídeos grabados con cámaras ocultas.

Con este real decreto, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en el que los sistemas de videovigilancia son obligatorios para el control del bienestar animal, afirma Consumo. “Por ahora, tres naciones en el mundo han aprobado normas así”, señala Guillermo Moreno, director de la asociación Equalia. Primero fue Inglaterra, luego Israel y por último Escocia. Equalia ha difundido en los últimos años imágenes de cámaras ocultas de mataderos denunciando “irregularidades” tanto de las normas de “bienestar animal como de seguridad alimentaria”, añade Moreno.

Rafael Escudero, secretario general de Consumo del ministerio, explica que en la elaboración de la norma también ha participado el sector. “Esta medida era reclamada por las organizaciones de consumidores” y por las asociaciones de defensa de los animales, recuerda Escudero. Pero también “por la industria, que quiere ese prurito de calidad”. Porque, según interpreta Escudero, la instalación de cámaras en los mataderos supone una garantía también para la industria, un “sello de calidad”. Algunas asociaciones de productores de carne ya tienen en marcha sus propios sellos de calidad, que incluyen entre las cláusulas de concesión de estos reconocimientos la instalación de sistemas de videovigilancia.

El real decreto, sostiene Consumo, permitirá “la realización de controles adicionales a los que ya se efectúan en los mataderos” del país. Las cámaras “deberán abarcar, como mínimo, las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado”, sostiene el ministerio que dirige Alberto Garzón. “En el caso de aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para poder comprobar que no se someten a esta operación animales que presenten signos de vida”, añade.

“Los responsables de los mataderos deberán guardar las imágenes grabadas para posibles comprobaciones a posteriori”, insiste el ministerio. Al tratarse de lugares de trabajo, la Ley de Protección de Datos establece que solo se podrán guardar las imágenes durante un mes siempre que no se detecte una irregularidad. Respecto al tamaño de las instalaciones, el real decreto establece que para considerar pequeño matadero a una de estas instalaciones se deben sacrificar un máximo de 2.000 “unidades de ganado al año”.

Los sistemas de videovigilancia no serán obligatorios “en las zonas de espera donde se encuentran los medios de transporte con animales vivos antes del inicio de la descarga, pero las empresas sí deberán llevar un control del tiempo de permanencia de los animales en los vehículos”, añade Consumo.

“Hemos sido pioneros”, afirma Escudero. Pero, en su opinión, lo que está haciendo el ministerio es responder a una demanda social sobre el trato que reciben los animales. “Hay más países europeos que tienen este asunto en su agenda, igual que lo tiene la presidencia checa de la UE”, añade el secretario general de Consumo.

Moreno critica que se haya tardado tanto en aprobar la norma, aunque aplaude que se den pasos para conocer “qué es lo que ocurre en los mataderos”. “Pero es solo un primer paso”, sostiene. En su opinión, se debería establecer un órgano de inspección independiente del matadero que revise las imágenes de oficio y no dejar ese trabajo en manos de los titulares de las instalaciones.

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