La rebelión de los bomberos forestales

Las cartas de despido han empezado a llegar a los bomberos forestales de Castilla y León. El 30 de septiembre concluye la campaña estival y muchos de los casi 5.000 integrantes del dispositivo que se enfrentaron a los terribles fuegos de este verano se quedan sin trabajo. Aunque se suele decir que los incendios se apagan en invierno, cuando hay que realizar tareas forestales para prevenir la acumulación de combustible en los montes, en la comunidad con datos más catastróficos —80.000 hectáreas calcinadas y tres víctimas mortales entre junio y septiembre— se vuelven a reducir ya los efectivos contratados, como en años anteriores. Sin embargo, esta no ha sido una campaña de incendios como otras. Bomberos de Castilla y León no solo reclaman que se extienda su periodo laboral para reforzar el equipo que trabaja en prevención (realizando desbroces, cortafuegos y otras labores forestales para cuando vuelvan las temperaturas extremas), sino que han salido a protestar, caminando. El martes arrancó una marcha de Villardeciervos (Zamora) en la que se van turnando grupos de estos profesionales para recorrer 150 kilómetros hasta Valladolid, donde se manifestarán este sábado para reclamar ser reconocidos como bomberos y no como meros “peones forestales”. En otras comunidades muy afectadas también por el fuego como Galicia o Comunidad Valenciana, no se han mandado todavía cartas de despido, pero este colectivo se queja igualmente de la precariedad laboral que sufren.

En la marcha de protesta en Castilla y León, el ritmo de los tres primeros caminantes deja claro que están acostumbrados a trabajar cargando mochilas de hasta 15 kilos. Sus piernas avanzan a paso ligero por las carreteras de Zamora, donde solo se escuchan sus conversaciones y la berrea de los ciervos. La fase de celo y reproducción de estos venados acontece este año entre hectáreas arrasadas, de color negro y olor a ceniza. “Reivindicamos mejoras laborales básicas como la categoría de bomberos forestales [sus convenios los definen como peones forestales, con peores condiciones], mayor formación y estabilidad para trabajar todo el año y no solo unos meses”. Aseguran que los rebeldes, como un compañero con 15 años de experiencia que criticó la calidad del EPI que le ofrece la empresa subcontratista, son fulminados. Este colectivo ha insistido desde junio, cuando las llamas de la Sierra de la Culebra desolaron el entorno por donde ahora transitan, en la importancia de la prevención y de apagar los fuegos en invierno. Las brigadas se reducen a un nimio 25%, pese a que los meses de menos riesgo deberían aprovecharse para retirar la madera quemada “para que no sea como cerillas para 2023″ o reducir el sotobosque que sirve como “combustible” en cuanto una chispa alcanza suelos desatendidos. Esas reducidas brigadas, lamentan, no bastan.

Los números avalan esta impotencia: Castilla y León, la comunidad más extensa de España, dedica 65 millones de euros anuales a combatir las llamas, equivalentes a 13,65 euros por hectárea forestal; mucho menos que los 88,2 euros de Galicia o los 39,2 de Andalucía. El recorrido se entrelaza con la lectura de un acuerdo anunciado esa misma mañana entre la Junta, la patronal y los sindicatos, que incrementa el presupuesto para incendios y el periodo de contratación de los empleados. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sostenía en 2018 que era “absurdo y un despilfarro” mantener las cuadrillas todo el año, pero ahora ha aceptado prolongar los contratos. La inversión llegará a 130 millones de euros anuales en 2025, con subidas progresivas hasta entonces. La “estabilización del personal del operativo y la mejora de sus prestaciones y condiciones de trabajo” recibirá 86 millones, 54 para el “personal de carácter público” y 31 para el de “empresas privadas”. La comunidad cuenta con unos 4.500 bomberos, la mayoría pertenecientes a entidades subcontratadas. La lectura de esas condiciones genera cierto optimismo en los manifestantes. Sin embargo, consideran que no es suficiente, pues muchos ya recibieron la carta de despido. La protesta continúa.

En la carretera, los bomberos se van encontrando con gente que les muestra su apoyo. Los pocos coches que pasan por estas zonas azotadas por la despoblación pitan o saludan a los manifestantes que toman al relevo, que antes del mediodía llegan a Ferreras de Arriba, donde comenzó el primer fuego devastador del verano. Allí, bajo el tañer de las campanas, leen un manifiesto y despliegan la pancarta que los acompaña estos días. Los carteles muestran que el pueblo está con ellos. “Más bomberos y menos consejeros” o “La Culebra no se calla” destacan entre decenas de mensajes contra la Junta. Así opina Salomé Canas, de 70 años, que espera turno en el médico y habla de “abandono”, otra palabra con la que coinciden los bomberos. “De haber tenido más gente en las brigadas y haber estado mejor el monte, el impacto se hubiera reducido, un bosque nunca será un jardín botánico”, zanjan los bomberos rumbo a Ferreras de Abajo, donde una vecina les sonríe antes de que la ayuden a cargar un saco de pienso: “Que Dios os guarde”. La primera jornada concluirá en Tábara, de infausto recuerdo: allí murió abrasado su compañero Daniel Gullón. Tenía 62 años, esposa y dos hijos. Uno de los bomberos ha portado todo el día, con mimo frente a su pecho, una foto conmemorativa del veterano bombero que sufría bajo esas condiciones precarias e inestables que hoy sus herederos luchan por cambiar en su memoria.

En Galicia prolongan el dispositivo

En otra de las comunidades más afectadas por las llamas este verano, la Xunta de Galicia asegura que mantendrá su dispositivo contraincendios hasta el 17 de noviembre. En esa fecha se extinguirán los contratos de seis meses de los 1.000 profesionales que se incorporaron a estas tareas el pasado mayo, lo que equivale a una tercera parte del personal desplegado. Ante el otoño seco que se avecina, la Consellería de Medio Rural aún no ha decidido que hará después, si prorrogará o no los contratos de esos operarios para conservar la plantilla propia de las temporadas de alto riesgo. Fuentes de este departamento autonómico señalan que “se actuará en función de las condiciones que se registren en cada momento” y no descartan “evaluar su ampliación”, “siempre en función de criterios técnicos”. Por otro lado, la continuidad de los 1.300 trabajadores de refuerzo que aportan los ayuntamientos en verano depende de lo que decida cada consistorio, informa Medio Rural.

“Están siempre improvisando”, lamenta Ignacio Salcedo, bombero forestal de Pontevedra. “Este año, a los que tenemos contrato de seis meses nos avisaron para incorporarnos con una semana de antelación”. Salcedo, que es secretario de la Asociación Profesional de Bomberos Forestales de Galicia (Apropiga), explica que la “brutal inestabilidad laboral” que sufren los miembros del dispositivo en Galicia no solo supone un agravio para ellos sino que merma la eficacia de la lucha contra las llamas. Aboga por un operativo “único, público y anual”. Que todos los bomberos forestales trabajen todo el año, aunque el riesgo de incendios sea bajo, no supone que estén brazo sobre brazo, defiende: “La prevención no es solo desbrozar, hay muchas cosas que hacer”. Otros bomberos gallegos consultados apuntan también a la necesidad de que se cubran las vacantes por bajas, “que no se está haciendo”.

Bomberos de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, otra de las regiones con más hectáreas ardidas, la Generalitat cuenta con un millar de bomberos forestales: unos 700 trabajan todo el año y algo más de 200 son refuerzo durante seis meses. Según Ferran Edo, delegado sindical de CGT en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emergencias (SGISE), aquí también falta personal para mejorar la prevención. “Los refuerzos deben trabajar todo el año, sobre todo en un escenario de cambio climático, y permitir un tercer turno que permita más rotación y refresco de los efectivos”, añade el sindicalista, que reclama además coeficientes reductores en la edad de jubilación.

Por su parte, la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Consejería de Agricultura, Paula Tuzón, defiende que sí se está avanzando en evitar los incendios. “El Gobierno valenciano [PSPV, Compromís y Unides Podem] creó en 2015 el departamento de prevención, que no existía antes, y se ha duplicado el presupuesto dedicado a prevención, que en 2022 asciende a 27 millones de euros”. No obstante, la consejería que preside Mireia Mollà (de Compromís) ha pedido tras los grandes incendios de este verano más dinero público para este apartado, de forma que se llegue a los 86 millones, lo que superaría la cantidad presupuestada para apagarlos (81 millones).

Isaac Vidal, bombero forestal de Castellón, estuvo en el “durísimo” incendio de Bejís. “Trabajamos durante 10 días en un grupo de solo tres bomberos (la unidad suele componerse de seis miembros), con muchas horas extra y poco descanso”, describe renegando de la etiqueta de “héroes” que les cuelgan a menudo. “No somos heroes sino profesionales y los medios públicos han de ser eficientes y para ello necesitan plantillas estables y en número suficiente”, agrega este bombero con un contrato declarado por los tribunales en fraude de ley. Hay cerca de 300 efectivos en la misma situación precaria que él. Después de meses de protestas de la plataforma que los agrupa, arrancaron a la Generalitat el compromiso de que convocarían en 2023 un concurso de méritos, en lugar de una oposición, para convertirse en personal fijo.

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