El Tribunal Supremo rechaza ordenar ya la demolición de El Algarrobico

El Tribunal Supremo ha descartado este martes ordenar ya la demolición de uno de los símbolos más conocidos de la fiebre del ladrillo que devoró a principios de este siglo una parte importante del litoral español: el hotel levantado en la playa de El Algarrobico del municipio almeriense de Carboneras. La Sala Tercera (de lo contencioso-administrativo) ha desestimado el recurso planteado por Greenpeace contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en julio de 2021 concluyó que ese derribo no se puede acometer mientras la construcción —que nunca llegó a abrirse al público— siga teniendo en vigor la licencia de obras que el Ayuntamiento concedió a la promotora hace casi 20 años, en 2003. Ese permiso municipal debería haberlo revisado ya el consistorio, pero ante la demora de este, la organización ecologista Greenpeace había reclamado que se ordenase el derribo de esta mole que está condenada a desaparecer tarde o temprano sin esperar a que se remate ese trámite. Fuentes del alto tribunal han confirmado que la sala ha desestimado el recurso de los ecologistas, aunque hasta dentro de unos días no se notificará la sentencia con los argumentos jurídicos que han llevado a tomar esa decisión.

La construcción de este hotel fue paralizada por un juez de Almería en febrero de 2006, cuando las obras estaban prácticamente rematadas. En los últimos 16 años ha quedado acreditada su ilegalidad tras alrededor de medio centenar de pronunciamientos judiciales de todo tipo: la construcción invade los 100 metros de la franja de dominio público marítimo-terrestre, se levantó en una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar donde no se puede construir y los suelos en los que está son propiedad de la Junta de Andalucía, que ejerció el derecho de retracto también en 2006, tras la polémica que se generó. Uno de los problemas de este caso es que, para concretar todas estas infracciones, se han ido abriendo durante los últimos años un sinfín de causas individuales que han acabado creando una compleja maraña judicial de sentencias y recursos.

Hasta 13 fallos acumula solo en el Supremo este hotel, que impulsó la promotora Azata con el beneplácito en su momento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras. El único asidero legal que le queda es la licencia de obras y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instó al consistorio a revisarla de oficio el pasado año, ante los indicios de que pueda ser nula. Pero ese tribunal no ordenó el derribo al entender que antes debe anularse esa licencia municipal concedida hace 20 años. Es decir, ese es el trámite que tendría que concluir con el expediente de demolición de la construcción, pero el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, no ha llevado a cabo esa revisión pese a los requerimientos de la justicia y de los grupos ecologistas, que ya han pedido al TSJA que sancione al alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo.

“Las numerosas resoluciones judiciales no han tenido efecto práctico alguno. El Ayuntamiento de Carboneras se niega a cumplirlas”, lamentaba Greenpeace en el recurso presentado ante el Supremo. “La existencia de esta edificación manifiestamente ilegal durante casi 20 años provoca alarma social” y “falta de confianza en la Administración de Justicia”, señalaba el escrito presentado por José Ignacio Domínguez, el abogado que lleva batallando contra esta construcción para diferentes asociaciones ecologistas desde el comienzo de este caso. “Tras cuatro lustros de ilegalidad de nada han servido las 13 sentencias de esta sala”, añadía el recurso.

Sin embargo, el Supremo entiende ahora que no se puede ordenar la demolición mientras no esté anulada la licencia municipal. El debate jurídico de fondo radicaba en si es posible considerar válida una licencia municipal si se sustenta en unas normas urbanísticas que han sido anuladas por la justicia durante los últimos años y que dejan a la construcción en la ilegalidad.

Tras el fallo, Greenpeace ha anunciado que tiene intención de recurrir ante el Constitucional y que pretende seguir presionando al Ayuntamiento de Carboneras para que anule la licencia de obras. Este grupo ecologista, además, continuará pidiendo al TSJA que sancione al alcalde. El TSJA ya envió hace un mes y medio un requerimiento al alcalde en el que le ordena que informe cada 15 días sobre los pasos que está dando para cumplir otra de sus sentencias, de 2018, que obliga al Consistorio a modificar su planeamiento urbanístico para dejar claro que en la zona en la que se levantó esa mole de hormigón no se podía construir. En este último escrito, fechado el 28 de octubre de este año, se avanza que si se siguen incumpliendo los requerimientos se le puede imponer alguna multa al regidor o trasladar el caso a la Fiscalía para que actúe contra el alcalde.

El Ayuntamiento de Carboneras, por su parte, ha afirmado este martes que mantiene una actitud de “plena colaboración para cumplir con todo aquello dictado por la justicia sobre el hotel y en todos los procedimientos judiciales que le afectan”. El Consistorio alega que el pasado septiembre emitió un decreto que explicaba la modificación del planeamiento urbanístico municipal para “adaptar su contenido a las sentencias”, informa Javier Martín-Arroyo.

Protocolo de derribo

Cuando las cosas se pusieron realmente feas para el hotel de El Algarrobico con los diferentes pronunciamientos judiciales que demostraban su ilegalidad, las Administraciones central y autonómica acordaron un plan conjunto de derribo. Fue en 2011, pero a pesar de los fallos que siguieron llegando, ambos gobiernos aseguraban que no podían ejecutar aquel plan hasta que todo el horizonte judicial se despejara, algo que los ecologistas pretendían que hiciera el Supremo.

El protocolo de derribo acordado establece que la Administración central se haría cargo de los costes de la demolición y la Junta de los de la restauración de la zona, sin perjuicio de las acciones que luego se pongan en marcha para reclamar ese dinero a terceros, como el Ayuntamiento o la promotora. Y ¿cuánto cuesta la demolición? Un estudio de 2012 elaborado por Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, estableció que el coste total sería de 7.175.000 euros (una década después se debería actualizar esa cifra).

Tras el derribo se tendrían que trasladar a vertederos 40.000 metros cúbicos de residuos, el equivalente a 16 piscinas olímpicas. Además, se deberá restaurar un terreno de 65.800 metros cuadrados, según se indicaba en aquel estudio de Tragsatec que sigue siendo la mejor guía para saber cómo se puede hacer desaparecer a este símbolo del ladrillo que lleva más de 16 años varado en la playa de El Algarrobico.

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