La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir vetará la macrourbanización junto a Doñana y advierte de que el suelo es inundable

El informe que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) emitirá en las próximas semanas sobre la macrourbanización turística que se quiere levantar en Trebujena (Cádiz), junto a las marismas del Guadalquivir y frente al parque natural de Doñana, será negativo, según han confirmado fuentes del organismo a este diario. La CHG es quien tiene la última palabra para dar luz verde a este proyecto que planea levantar sobre 2.000 hectáreas de suelo en terreno inundable un campo de golf, varios complejos hoteleros y 300 viviendas de lujo, después de que la Junta de Andalucía emitiera una Declaración Ambiental Estratégica favorable el pasado 12 de abril, a expensas, tal y como reconoció su portavoz y consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, del visto bueno final de la entidad que gestiona la cuenca del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central.

El informe técnico que debe emitir la CHG debe pronunciarse sobre el riesgo de inundabilidad y la disponibilidad de recursos hídricos. Es en este segundo punto en el que se basa todo el grueso de la oposición del organismo, ya que, según señalan las fuentes consultadas, “la autorización para construir en terrenos de dominio público marítimo-terrestre compete a la Junta de Andalucía”.

El informe presentado por el Ayuntamiento de Trebujena sobre el abastecimiento hídrico del complejo señala que el agua vendría de la cuenca del Guadalete-Barbate, una cuenca sobre la que la CHG no es competente. No obstante, en el documento también se indica que se construirán dos depuradoras para la urbanización y el riego que se instalarían en la demarcación del Guadalquivir y se señala que se utilizará agua de algunos cauces y aguas pluviales de ese río. Es en esas dos circunstancias donde la CHG denegará la autorización porque “no se pueden otorgar concesiones de agua y no está planificado”. El proyecto prevé un consumo total de 850.000 metros cúbicos de agua —levemente superior a lo que consumen los 7.000 vecinos de Trebujena, según las estimaciones de Ecologistas en Acción―.

Sobre la inundabilidad de los 2,3 millones de metros cuadrados, las fuentes de la CHG se muestran visiblemente molestas con la actitud de la Junta. “Sabe, porque los mapas de riego están a su disposición, que esa zona son terrenos inundables, si tenía tanta prisa por otorgar la concesión, los podría haber consultado porque son públicos”, señalan. El organismo que regula la cuenca del Guadalquivir recuerda que las confederaciones son las encargadas de realizar los mapas de riesgo de inundabilidad, pero que la competencia sobre la inundabilidad del dominio público terrestre, que es el caso en el que se encontraría el macrocomplejo turístico de Trebujena, corresponde a la Junta.

“La CHG informará al Ayuntamiento de que el emplazamiento de la urbanización y el campo de golf están claramente en una zona de riesgo de inundabilidad y en zona de flujo preferente, pero es lo único que puede hacer”, indica el interlocutor consultado. Es al Gobierno andaluz al que, insiste, “le corresponde trasladar al promotor las indicaciones para que, si lo estima conveniente, se realicen las medidas necesarias para rebajar la inundabilidad”.

“Decisión absurda”

Esta misma mañana, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reiteraba que no creía que se fuera a construir el macroproyecto porque estaba proyectado sobre terrenos inundables. “No entiendo cómo es posible que la Junta de Andalucía haya tomado una decisión tan absurda y, evidentemente, la CHG se lo hará saber”, ha señalado. Desde el Gobierno andaluz se insiste en que él no ha autorizado nada “porque no tiene competencias” y que se ha limitado a “emitir la declaración medioambiental estratégica”, tal y como ha sostenido Fernández Pacheco, que ya ayer, volvía a trasladar toda la responsabilidad a la CHG, asegurando que los cinco informes que dependían de su departamento eran positivos, pero que habían reclamado el definitivo a la confederación en tres ocasiones, sin obtener respuesta. “Nos podríamos haber quedado esperando o actuar”, dijo el martes tras el Consejo de Gobierno para insistir en que si el informe de la CHG era negativo, su autorización decaía.

No es la primera vez que la Junta de Andalucía señala a la CHG como responsable última de decisiones o medidas que ella impulsa. Primero ha sido con la ley de ampliación de regadíos de Doñana, que modifica la calificación urbanística de los terrenos agrícolas, otorgando unos derechos de agua a los agricultores, que la CHG ya ha dicho que no va a poder atender porque el agua del trasvase del Tinto, Odiel y Piedra ya está comprometida.

La última polémica ha sido a cuenta de la romería del Rocío. En plena sequía y con el río Guadalmar sin una gota de agua, la Consejería de Presidencia pidió a la confederación que desembalsara agua para que se llenara el vado del Quema, una finca de la provincia de Sevilla por la que pasan varias hermandades y en la que suelen bautizarse los peregrinos, para que pudieran beber los animales. Desde la CHG se recordó que solo se desembalsaría el agua si los agricultores, que son sus destinatarios, lo pedían y que nunca se haría exclusivamente para llenar el Quema. Finalmente, estos han pedido que el agua se libere en junio, por lo que el vado estará vacío, una circunstancia que no ha molestado en absoluto a las hermandades, disgustadas porque El Rocío se haya introducido dentro de la guerra del agua que la Junta mantiene con el Gobierno central.

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