El Supremo rechaza el último intento de Extremadura para evitar la demolición del complejo de lujo Isla de Valdecañas

El Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite el recurso de casación presentado por la Junta de Extremadura y las dos promotoras de la urbanización Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) con el objetivo de impedir su demolición. Esta resolución agota la vía judicial ordinaria, que iniciaron hace 15 años las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex contra la construcción de la urbanización de lujo en una zona protegida por la figura de Red Natura 2000 (áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea). Los jueces consideran que no es “pertinente reabrir un debate”, que han cerrado otras sentencias anteriores en las que se indicaba “expresamente” que no existe ninguna “imposibilidad material” para su ejecución ―derribar lo construido y devolver el espacio a su estado original―, tampoco alegando intereses socioeconómicos o de otra índole.

Ángel García Calle, portavoz de Ecologistas en Acción, asegura que “es un paso muy importante” hacia la restauración de Valdecañas. “Ya no caben más recursos ante el Supremo, y la Junta de Extremadura debe elaborar un informe con el proyecto de restauración del entorno en ocho meses”, añade. El Gobierno extremeño y los propietarios no se han rendido y presentaron dos recursos contra la orden de demolición del complejo ante el Tribunal Constitucional, que decidió admitirlos a trámite en noviembre de 2022 por un ajustado resultado de seis votos a cinco. El tribunal apreció que las cuestiones planteadas tenían “especial trascendencia constitucional” y que la cuestión iba más allá de este supuesto concreto, porque establece una cuestión jurídica de repercusión social o económica relevante y general. García Calle indica que este proceso “no debería suspender el cumplimiento de la sentencia”. “El paso lógico”, añade Ecologistas en Acción en un comunicado, sería acometer el derribo inmediato de la parte a medio construir ―los esqueletos de hormigón de viviendas y de un hotel paralizados desde hace años―. La organización va a instar al Tribunal Superior de Extremadura a que inicie estos trabajos sin más dilación.

Entre los intentos para mantener el complejo turístico, la Junta de Extremadura aprobó este marzo una ley en la que se declaran 55 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS), entre las que sobresale Valdecañas. De esta forma, se considera que esas áreas carecían de protección hasta ahora, pese a que la Unión Europea las reconoció ya en 2003 y 2004. Por lo tanto, la construcción del complejo de lujo sería legal. La norma salió adelante solo con los votos de los socialistas. Ecologistas en Acción ha respondido con una querella por prevaricación contra los diputados que aprobaron la ley y van a presentar, además, un recurso de inconstitucionalidad. “Promueven una ley que modifica la Red Natura 2000, que es de ámbito europeo, y que, a la vez, es una burla flagrante al poder judicial por parte del legislativo para evadir una sentencia”, plantea García Calle.

El complejo, al que se conoció en su época de esplendor como la Marbella extremeña, se encuentra a dos kilómetros del municipio de El Gordo, en una isla de 135 hectáreas rodeada por el pantano de Valdecañas. Cuenta con campo de golf de 18 hoyos, 180 villas — el 33% de las 565 previstas— con 270 metros cuadrados de media en parcelas de 800 con impresionantes vistas al pantano, de color ocre y una construcción discreta integrada en el entorno; un hotel de cuatro estrellas; piscinas; playa artificial; 76 atraques y pistas polideportivas. Ecologistas en Acción y Adenex pidieron la paralización cautelar de las obras apenas iniciadas, en 2012, pero el Tribunal Superior de Extremadura les solicitó una fianza de 41 millones de euros, una cantidad completamente inasumible para estas organizaciones.

La cuantía de las obras a acometer para revertir la situación es uno de los argumentos principales esgrimidos por el Gobierno autonómico para respetar el complejo. En 2011, el tribunal extremeño señaló “taxativamente” que el entorno tenía que ser restaurado y volver a su estado inicial. Pero en julio de 2020, en una de las tantas vueltas que ha dado el proceso, el auto de ejecución de esa sentencia decidió que no había que tirar lo que ya estaba construido. Los magistrados lo justificaban en el “elevado perjuicio económico”. La Junta de Extremadura tendría que hacer frente “al menos” a 145 millones de euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe. Esta cifra es la suma del coste de demoler lo edificado (casi 34 millones) y del “posible perjuicio económico” que se causaría a los propietarios de las viviendas “que podría alcanzar los 111.000.000 euros”. Más tarde, en febrero de 2022, el Supremo decidió que la demolición debía ser completa, también de lo edificado.

Los vecinos de El Gordo y Berrocalejo, los dos municipios en cuyos terrenos se encuentra la urbanización, rechazan su desaparición porque implicaría menos puestos de trabajo y un mayor despoblamiento de la zona. Ecologistas en Acción reclama “de forma especial” que se atienda a los habitantes de los pueblos afectados con las medidas de conservación que se consideren necesarias.

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