Subir a las cumbres en helicóptero y bajar a toda velocidad en bicicleta: ¿hora de regular el ‘helibike’?

El aumento de la práctica de bicicleta de montaña (MTB) provoca conflictos entre ciclistas y senderistas (por el peligro que supone su aparición a alta velocidad) y las quejas de organizaciones ecologistas, que advierten de la fragilidad de las cumbres y de la erosión que provoca. En Aragón, la polémica ha saltado con una modalidad todavía más extrema, el helibike, que consiste en subir en helicóptero a determinados picos a los deportistas con sus bicicletas para después descender sobre ruedas grandes desniveles. Altituderides, la única empresa que se dedica en España a este negocio, opera con una licencia de 2017 del Gobierno de Aragón y actualmente su actividad se circunscribe a la ruta Punta Suelza (2.900 metros)-Bielsa, aunque la autorización les permite descender en otros tres lugares más del pirineo aragonés, en las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza.

La controversia, que ha llegado hasta los tribunales, se centra en si ese tipo de práctica deportiva debería contar con mayores estudios sobre el impacto ambiental que provoca. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una mesa de trabajo para comprobar si existen o no impactos ambientales y Jorge Pueyo, diputado de Sumar, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que propone al Gobierno español abordar la prohibición de esta práctica deportiva para “proteger el frágil territorio de alta montaña”. En medio del embrollo administrativo y judicial, un agente de protección de la naturaleza de Aragón, que denunció la actividad de la empresa, se enfrenta a un expediente.

Altituderides publicita el descenso en su página web como una “experiencia única en España de sobrevolar los Pirineos y descender 2.000 metros de desnivel por un sendero sin fin, desde las cumbres rocosas y agrestes hasta el fondo del valle, atravesando praderas, roquedos, bosques y ríos”. El propietario de Altituderides, Pablo Irigoyen, asegura que su negocio es legal y está “autorizado, con permiso de Aviación Civil [que depende del Estado], una licencia y, además, nos han dado la razón los jueces”. En total suben durante tres meses al año a entre 150 y 200 personas y en cuanto a la erosión que pudieran provocar, Irigoyen responde que es un número de personas “irrisorio” y que, en todo caso, “serían similares a los que ocasionan otros ciclistas que utilizan las mismas sendas y a los que en muchas ocasiones se sube en todoterreno”.

Sin embargo, el dictamen del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ―un órgano consultivo en el que participan desde los empresarios a los sindicatos, pasando por las administraciones públicas― recomendó que se sometiera esta modalidad deportiva a evaluación de impacto ambiental ordinaria. El informe concretó que podían existir molestias a fauna protegida como al urogallo, al quebrantahuesos, a la perdiz pardilla, a la perdiz nival y en menor medida al alimoche. Las formaciones vegetales también sufrirían debido al pisoteo y lo mismo ocurriría con el relieve y el paisaje, por incremento de los procesos erosivos, porque aunque en zonas bajas se utilizan pistas o caminos bien trazados, en las partes elevadas, en muchas ocasiones son sendas poco o nada marcadas, ni señalizadas. También podrían existir potenciales molestias con el incremento del nivel de ruidos con los vuelos del helicóptero. El consejo detectó como impactos positivos los referidos al aumento de visitantes en la zona.

Helicópteros y cría de aves

“Las ONG conservacionistas siempre lo hemos visto como una actividad poco sostenible que, en todo caso, necesita que se evalúe medioambientalmente de forma adecuada”, sostiene el secretario de la Fundación para la Protección del Quebrantahuesos, Juan Antonio Gil. La llegada de helicópteros en los meses de verano, a partir de junio, perturba la cría de las aves y contribuye a masificar más estos espacios de gran riqueza natural. Gil apunta a que “el problema viene desde origen, con la primera licencia, y hay un responsable principal que es el servicio del Gobierno de Aragón que autorizó esa actividad que no estaba adecuadamente evaluada”. Advierte, al mismo tiempo, de que “hay que abordar el tema de la bicicleta en su conjunto y de otros deportes, porque es necesario convivir y coexistir”.

La empresa obtuvo en septiembre de 2017 una autorización, sin fecha de caducidad, otorgada por el Servicio Provincial de Desarrollo Rural y sostenibilidad de Huesca del Gobierno de Aragón. Pero el órgano competente para ello era el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que solicitó a la empresa un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ordinario en 2020, lo que implica un examen mucho más exhaustivo de la actividad. Se abrió incluso un expediente sancionador a la compañía por haber desarrollado la actividad sin ese informe, que conllevaba una posible multa de más de 200.000 euros. Altituderides presentó entonces un contencioso-administrativo contra la resolución del INAGA ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), al considerar que la licencia con la que contaban estaba vigente y en regla. Los jueces dieron la razón a la compañía, porque no se ha anulado ni está sometida a renovación.

En medio de todo el conflicto, y mientras el Ejecutivo regional reconoce que “son empresas peculiares y que no existe una regulación”, se ha abierto un expediente a un agente de protección de la naturaleza, que denunció a Altituderides en medio del embrollo legal por continuar con los vuelos y la subida de ciclistas. Ahora es Altituderides quien le acusa por una supuesta persecución. “Es el mundo al revés, porque él solo estaba cumpliendo con su obligación al recibir la información de que la actividad era ilegal”, asegura su abogado, José Manuel Marraco. El agente se habría topado, añade Marroco, con el error inicial que parte de la Administración pública: “La forma en la que se concedió la licencia, en un simple folio y sin plazo de caducidad, ha generado informaciones contradictorias”.

Antonio Villoro, responsable del Sindicato Profesional de Agentes Forestales de UGT Aragón, también sostiene que la indeterminación propiciada por la Administración, en la que primero consideran la actividad legal y luego ilegal, ha desembocado en la apertura del expediente sancionador al agente. “El control de la actividad no puede ser nunca responsabilidad de una sola persona, no tiene sentido”, concreta. Aboga por una regulación del helibike y de otras actividades en montaña turístico-recreativas, que eviten estos casos. Javier Escorza, presidente de la Asociación de Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón, defiende la actuación del agente expedientado. Escorza mantiene que el helicóptero como un “medio muy perturbador, porque se vuela bajo, pero también al tomar tierra, sobre todo en estas zonas de montaña, y luego vienen las bajadas a saco, que también las hacen otros ciclistas que no suben por ese medio”.

“Claro que hay que regular, pero con cabeza y con más diálogo, que aquí no sobra nadie”, Rafael Bergua, presidente de la asociación empresarial Zona Cero, un colectivo que se creó hace 13 años y en el que participan más de 100 empresas turísticas en la comarca del Sobrarbe, donde se realiza el helibike. Según sus estimaciones, en la zona se registran entre 80.000 y 90.000 pernoctaciones al año de ciclistas. “El territorio es tan amplio que nunca hemos tenido un problema serio entre bicicletas y senderistas”, explica. Han recuperado 1.200 kilómetros de senderos que estaban abandonados. Reconoce que esta práctica deportiva erosiona, “pero lo que más erosiona es el abandono”.

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