La Xunta da su bendición ambiental a la polémica macrocelulosa Altri en el corazón de Galicia

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes, a las 7.00, la declaración de impacto ambiental positiva para el polémico proyecto de la multinacional portuguesa Altri, que busca construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei (Lugo), en el corazón de Galicia y junto al río Ulla, en su curso hacia una de las rías más castigadas y de mayor riqueza marisquera, la de Arousa, en la provincia de Pontevedra. El movimiento social despertado contra el proyecto de macrocelulosa ha dado lugar, desde hace meses, a algunas de las protestas más multitudinarias de la historia de Galicia, como la manifestación, con decenas de miles de personas, entre colectivos ambientalistas y trabajadores del mar, que tuvo lugar en diciembre en Santiago de Compostela.

De las instalaciones de la empresa pastera, enfocada al sector de la fibra textil fabricada con madera de eucalipto, saldrán al año hasta 400.000 toneladas de celulosa soluble y requerirá una captación de agua de un máximo de 46 millones de litros al día que, según subrayan sus detractores, equivale al consumo actual de toda la provincia de Lugo. Además, pretende devolver a ese cauce 30 millones de litros de aguas residuales tras ser tratadas en una depuradora. La planta, presidida por una chimenea de 75 metros, ocupará una parcela de 366 hectáreas, y limitará con la Red Natura.

El Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición al Gobierno de Alfonso Rueda (PP) en el Parlamento gallego, ha calificado el proyecto de “bomba ambiental”. Un rechazo que se ha extendido también en el PSdeG-PSOE, tercera formación del hemiciclo. El enorme rechazo social y el profundo malestar ciudadano frente a la fábrica y las muestras de apoyo al proyecto por parte de la Xunta provocaron que la promotora suspendiese, después de solo un intento, las charlas que estaba manteniendo con los vecinos para explicar su funcionamiento.

La publicación en el DOG era esperada desde hace días entre los sectores contrarios a la planta. La Xunta indica en su resolución que esta declaración de impacto ambiental no exime al promotor de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que sean legalmente exigibles para la ejecución y funcionamiento del proyecto. El beneplácito ambiental, según el documento oficial, se ha otorgado bajo una serie de condicionantes que obligan a la instalación a emplear tecnologías avanzadas para la gestión del agua, con un sistema de captación de un caudal máximo de 46.000 metros cúbicos diarios, extraídos del embalse de Portodemouros.

La declaración, de 76 páginas, detalla que esa captación hidráulica, así como su vertido, recorrerá los términos municipales de Palas de Rei (Lugo), Santiso (A Coruña) y Agolada (Pontevedra). El texto obliga a la creación de estaciones de tratamiento para las aguas residuales generadas tanto en la construcción como en la explotación. En sus esfuerzos por combatir el malestar social de un proyecto que se alimentará de grandes plantaciones de eucaliptos (sumándose a la ya existente ENCE, instalada al pie de la ría de Pontevedra), la compañía habla de la creación de 500 puestos de trabajos directos y 2.000 indirectos. Greenfiber, sociedad participada mayoritariamente por la portuguesa Altri y minoritariamente por la española Smarttia, ya inició los trámites con el Ministerio de Industria para obtener una ayuda directa de 250 millones de euros destinada a la construcción de la fábrica de pasta de celulosa y lyocell en Palas de Rei. El diario gallego Nós llama la atención sobre el hecho de que el documento que bendice ahora la nueva pastera, con fecha del pasado día 5 de marzo, está firmado por la directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Xunta, María José Echevarría, casada con el director territorial de Ence, Antonio Casal.

La resolución positiva abre ahora una nueva etapa en la lucha social contra la macrocelulosa, al anunciarse ya, desde hace meses, una ofensiva judicial, con varios procedimientos en los que trabajan organizaciones cívicas y de defensa medioambiental contra la factoría. El pasado 15 de diciembre, decenas de miles de personas, 100.000 según los organizadores, recorrieron las calles de Santiago para exigir que se parase la celulosa. Al grito de “Altri non”, los manifestantes exhibieron su rechazo a la gigantesca industria que promueve Altri en alianza con Greenalia, la empresa coruñesa de la que es directiva Beatriz Mato, exconsejera de Medio Ambiente de Alberto Núñez Feijóo. El objetivo de la pastera es generar 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y 200.000 de fibras textiles “ecológicas”, aunque la primera parte de la producción, la más polémica, no se desveló hasta después de las elecciones autonómicas en las que el PP hizo campaña abierta por Altri y se coronó con otra mayoría absoluta.

En un comunicado, la organización ecologista Greenpeace ha rechazado tajamente la resolución y ha asegurado que “el documento publicado no va dirigido a evaluar la viabilidad del proyecto, sino a ayudar a la empresa a instalarse dando todo tipo de facilidades al retorcer la normativa ambiental, hacer análisis más que cuestionables, dejar demasiados cabos sueltos y lo que es peor, confiar excesivamente en la voluntad del promotor”. “La Xunta nos verá en la calle, en los procesos administrativos y también en los juzgados hasta que este proyecto sea desechado. Además, sin fondos públicos Altri nunca será una realidad. Esperemos que el Gobierno central tenga más sensibilidad que la Xunta con el medio ambiente y con la sociedad gallega, que se ha movilizado como nunca —se han presentado 27.000 alegaciones, se han recogido más de 600.000 firmas— y tiene derecho a escoger que modelo de desarrollo quiere para su país”, ha destacado Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.