El Gobierno cambia por decreto la mayoría parlamentaria para renovar RTVE ante el bloqueo de la corporación

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se cambian las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los integrantes del consejo de administración de RTVE ante el bloqueo al que se ha visto abocada la corporación. Si la formación de un nuevo órgano de gobierno no sale adelante por dos tercios de las Cortes se podrá aprobar por mayoría absoluta. La composición del actual consejo de administración de RTVE, que tiene a 5 de sus 10 integrantes con el mandato caducado desde abril y mantiene una vacante que correspondía al PSOE desde la dimisión como presidente de José Manuel Pérez Tornero en septiembre de 2022, es fruto del acuerdo al que llegaron el año anterior el PSOE, el PP, Unidas Podemos y el PNV, que ahora se ha roto para abrir paso a un nuevo pacto dentro de la mayoría que respaldó la investidura de Pedro Sánchez. Este texto deberá ser convalidado por la mayoría del Congreso en el plazo de 30 días. La intención del Gobierno es llevarlo al pleno de la semana que viene.

Durante la presentación de la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado que la consecuencia de la aprobación de este decreto es que “el próximo consejo de administración de RTVE será el más plural de la historia”. López ha añadido que el mandato de los nuevos consejeros, que tendrán dedicación exclusiva y serán 15 en lugar de los 10 que prevé actualmente la ley, tendrán un mandato por seis años sin renovación parcial, y podrán ser elegidos solo una vez. Once de los nuevos integrantes del consejo serán elegidos por el Congreso; los otros cuatro, por el Senado. Y se establecerá además un régimen de incompatibilidades para los integrantes del órgano de gobierno de la corporación, en relación al establecido en la legislación mercantil para los administradores.

El decreto es fruto de una negociación entre el PSOE y Sumar dentro del Gobierno, pero está pensado para que lo aprueben todos los grupos de la mayoría, imprescindibles para llegar a los 176 escaños que se necesitarán para nombrar el nuevo consejo. La clave es la ampliación de 10 a 15, que permitirá dar entrada a grupos que no estaban ahora, como ERC, Junts o Bildu. Al dejar solo cuatro para elegir en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, queda diluido el peso de este partido en el órgano de Gobierno de RTVE. Si el PP no entra en el acuerdo, un escenario más que probable en este momento, el escenario más realista es que habrá 11 consejeros de la mayoría, repartidos hasta en seis grupos, y cuatro consejeros del PP, elegidos por el Senado. No habrá ninguno de Vox: López ha insistido en que no hablarán con este grupo parlamentario porque supone “todo lo contrario a los valores de RTVE”. Mientras el PSOE y el PP pudieron desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con RTVE las negociaciones no avanzan desde hace meses, como tampoco lo hicieron con el Banco de España, donde no hubo acuerdo y el Ejecutivo nombró al anterior ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá.

“Estoy convencido de que vamos a conseguir esa mayoría” para aprobar la iniciativa, ha dicho López. “La composición del consejo de administración de RTVE antes era un pacto a propuesta del PSOE, del PP y un tercer partido. En esta ocasión, va a ser más plural todavía”. Y ha afirmado: “Me atrevo a aventurar que el PP también estará en el consejo de administración”. Esa cuota entraría en el Senado. El Real Decreto Ley establece, según López, “plazos para impulsar lo antes posible un nuevo consejo de administración”, de manera que las presidencias del Congreso y el Senado deberán impulsar su tramitación en el plazo de 15 días naturales desde su aprobación “y deberá incluir en los 15 días siguientes para que haya un nuevo consejo en 30 días”.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha valorado el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros como un intento de hacerse con el “control absoluto” de la corporación, “como han hecho con otras instituciones”. Y ha añadido: “Teniendo en cuenta la política del Gobierno en cuanto a la toma de instituciones públicas, van a por una más. Quieren el control absoluto de RTVE”. El sistema de mayorías del texto aprobado por el Gobierno es similar al que prevé la elección de consejeros en Telemadrid, la televisión pública de la comunidad autónoma que preside la popular Isabel Díaz Ayuso; o en TVG, la televisión pública gallega cuya comunidad preside el también popular Alfonso Rueda y que ha impulsado una reciente reforma legal ad hoc.

La historia de RTVE durante la democracia ha supuesto una sucesión de controles políticos ejercidos por los partidos en el Gobierno hasta la llegada a La Moncloa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Su reforma legal pactada con Mariano Rajoy, al frente entonces de la oposición del PP, abrió una nueva etapa con la presidencia de consenso de Luis Fernández. Pero al suceder a Zapatero en la presidencia del Gobierno, Rajoy cambió la ley para retomar el control político sin el consenso de la oposición. Con el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se nombró a Rosa María Mateo en 2018 como administradora única, una decisión contraria al criterio del Tribunal Constitucional. El órgano de garantías dictó una sentencia de 2021 donde señaló el regate que supuso aquella decisión al debate en las Cortes, y en particular al Senado. El pacto para elegir a Tornero como presidente de RTVE que alcanzaron en 2021 el PSOE, el PP, Unidas Podemos y el PNV supuso retomar la senda pactista de la corporación de medios públicos españoles. Y también dejó el consejo de administración actual, sumido en una grave crisis de gobernanza.

La composición actual del órgano de gobierno de RTVE mantiene tres consejeros propuestos por el PP (Jenaro Castro —que dirige y presenta un programa semanal de entrevistas en la noche de La 2—, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio, cuyos mandatos están caducados desde el final del pasado marzo); tres, a propuesta del PSOE (Concepción Cascajosa, Elena Sánchez y Ramón Colom, este último también con el mandato caducado); los dos de Unidas Podemos (Roberto Lakidain y Jose Manuel Martín Medem); y el del PNV (Juan José Baños, con el mandato caducado).

El último episodio del bloqueo institucional en el que se encuentra sumida RTVE tuvo lugar el pasado 24 de septiembre, cuando su presidenta interina, Concepción Cascajosa, levantó el pleno del consejo de administración que iba a decidir su continuidad al frente de la corporación. Cascajosa argumentó entonces que la ausencia de Elena Sánchez, su antecesora en el cargo, impedía votar de forma secreta la prolongación de su “mandato inicial de seis meses”, como habían solicitado varios consejeros. Y la sesión se suspendió para solicitar informes sobre dicha votación sin que se haya vuelto a convocar una nueva reunión. El consejo de administración debe reunirse por ley cada mes y tampoco se ha llevado a cabo hasta ahora convocatoria alguna para celebrar el pleno ordinario de octubre.

Cascajosa llegó a la presidencia interina de la corporación de medios públicos españoles, que cuenta con más de 6.500 trabajadores y un presupuesto anual de 1.200 millones, tras unas tormentosas reuniones del órgano de gobierno los pasados 26 y 27 de marzo, conocidas internamente como Plenos de Puerto Hurraco. Aquellos plenos tuvieron lugar durante las controvertidas negociaciones para el fichaje del humorista David Broncano, que derivaron en los ceses de Elena Sánchez, antecesora de Cascajosa en la presidencia interina; del director de contenidos generales, José Pablo López; y del secretario general del consejo de administración, Alfonso Morales. Estos dos últimos puestos no han sido cubiertos desde entonces, con la ausencia de rumbo editorial que supone carecer de un responsable en la dirección de contenidos generales. Y hay más puestos de alta dirección vacantes ante la situación de bloqueo a la que se ha visto abocado el órgano de gobierno de la corporación.

La operatividad del consejo de administración tras los Plenos de Puerto Hurraco se ha tornado inviable con su composición actual. Y dibujó tres bloques en las votaciones: por un lado, la presidencia de Cascajosa apoyada en sus iniciativas por Colom, Lakidain y Baños —considerados estos últimos por un integrante del flanco opositor como “los tres caballeros que apoyan a la presidenta”—; por otro lado, Castro, Sastre y Aparicio, los tres consejeros a propuesta del PP; y un tercer sector de oposición a las decisiones de la presidencia formado por Medem y Sánchez, quienes han coincido en diversas votaciones con los consejeros populares.

La formidable crisis por la reciente cancelación de las oposiciones tras una filtración del examen ha sido el último episodio de una sucesión de escándalos que han sacudido a la corporación en los últimos tiempos. Su gobernanza lleva debilitada desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero en septiembre de 2022, tras la cual se han sucedido dos presidencias interinas y un periodo de inestabilidad entre la plantilla, muchos de cuyos integrantes coinciden en manifestar la falta de definición hacia objetivos concretos. Y ante todo, predomina la ausencia de una idea clara sobre cómo y qué debe ser una corporación de medios públicos españoles en un tiempo tan incierto y cambiante.