Francia deja de cortar Internet como sanción por las descargas ilegales

El ridículo ha muerto. El actual Gobierno socialista francés ha acabado con la ley Hadopi, una de las leyes estrella del anterior Gobierno conservador de Sarkozy. Nacida para acabar con las descargas ilegales de Internet, la ley Hadopi facultaba a los jueces a dejar a un hogar sin comunicación a Internet si persistía, después de tres avisos oficiales, en la descarga ilegal de contenidos.

En 2009, la entonces defensora de la ley, la ministra Christine Albanel, anunció que gracias a la nueva legislación se ordenarían al día un millar de desconexiones domésticas, es decir, 365.000 al año, casi millón y medio en este periodo de cuatro años. La avalancha de burocracia obligaría a crear un centenar de empleos en los juzgados, de los que una cuarta parte serían jueces especializados. La realidad es que en cuatro años solo ha habido un corte de la conexión a Internet.

El martes, la posibilidad de dejar a un hogar sin conexión a la Red quedó anulada por una reforma del Gobierno, publicada en el Diario Oficial de Francia.

Hacía un mes que la actual ministra, Aurelie Filippetti, había anunciado la muerte de Hadopi: “Para los internautas no habrá más cortes de Internet decididos por un juez”, porque supone un “atentado grave contra una libertad [la del acceso a Internet] reconocida por el Consejo Constitucional”, declaró.

La ley Hadopi, junto a otras similares que se desarrollaron o se intentaron desarrollar hace unos años, como las norteamericanas SOPA y PIPA, fueron muy criticadas por el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, que, en una carta a la revista Scientific American, llegó a acusar a estos países de coartar la libertad de las personas como hacen China y otras dictaduras.

La eliminación de la ley Hadopi llega tras el informe de Pierre Lescure, expresidente de Canal+, que promueve nuevas sanciones en el campo audiovisual.

El informe plantea mantener las cartas de advertencia e incluso las multas, pero no la privación de conexión a los hogares. Además, anima a reducir sensiblemente las sanciones económicas, pasando del tope de 1.500 euros de la Hadopi a un máximo de 60 euros.

La ley española similar, conocida con los nombres de sus ministros de Cultura, Sinde-Wert, no contempla la desconexión de los hogares, es decir del destino de los archivos, sino de su fuente: los sitios de almacenamiento de contenido sin derechos de reproducción.

Los cuatro años de la ley Hadopi han sido decepcionantes en todos los sentidos. Hasta ahora, la pena máxima por descarga ilegal era de 1.500 euros de multa y un mes sin acceso a Internet. En la práctica, las sanciones se habían reducido a tres en cuatro años que, tras diversos recursos, se quedaron en una, en septiembre de 2012: 15 días sin Internet y 150 euros de multa por la descarga de canciones de Rihanna.

El balance cuatrienal se completa con un gasto anual de 40 millones de euros, 1,6 millones de correos eletrónicos enviados, 147.000 órdenes expedidas, 30 denuncias en los juzgados y cuatro personas juzgadas, de las que fueron condenadas tres, aunque solo dos con penas.

La ley Hadopi tampoco ha conseguido que mejorara la industria cultural. El pasado año, el mercado musical francés cayó un 4,5%; el público del cine, un 11%; las ventas de DVD, un 8,7%, y el vídeo por demanda, un 16%. Solo suben los abonos a la música en streaming de sitios como Spotify o el local Deezer.

Por eso, el informe Lescure aconseja un impuesto para fabricantes y vendedores de ordenadores, tabletas, móviles inteligentes y teles con conexión a Internet. La tasa serviría para alimentar “una cuenta de apoyo a las industrias creativas que crean empleo en Francia”, según la ministra, que anuncia nueva ley tras el verano.