El Consejo de Estado ratifica que el galeón ‘San José’ es “patrimonio cultural de los colombianos”

El Consejo de Estado de Colombia, el máximo órgano judicial en el ámbito contencioso-administrativo, ha sentenciado que el galeón San José y su cargamento son patrimonio de los colombianos. El fallo aclara que, una vez se extraiga del mar Caribe, frente a la costa de Cartagena de Indias donde se hundió, será el Consejo Nacional de Patrimonio Sumergido quien debe decir "qué piezas son patrimonio y cuáles no". Es decir, el organismo no modifica la sentencia de 2007 en la Corte Suprema de Colombia que determinó que Sea Search Armada, la empresa cazatesoros que alega haber descubierto el barco en los años ochenta, recibiría el 50% de lo hallado siempre que se inventaríe como tesoro, no como patrimonio.

Para que Sea Search pueda obtener la parte del botín por la que litiga desde hace tres décadas en las cortes colombianas y estadounidenses, tendrán que demostrar que el San José se encuentra en las coordenadas exactas que anunciaron en 1982. La empresa aceptó la invitación de la ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés, para cotejar la ubicación en diciembre de 2016. "Nosotros vamos a aceptar la invitación porque es rogada", explicó a este diario Danilo Devis, abogado en Colombia de la empresa estadounidense. "Hemos reclamado esta verificación conjunta unas 12 veces desde el pasado diciembre cuando el presidente Santos anunció el hallazgo".

Desde que se anunció oficialmente el descubrimiento en 2015, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos ha negado de manera reiterada que las coordenadas de Sea Search sean correctas: "La empresa adquirió derechos en un punto que no corresponde de ninguna manera con aquel en el que el Estado colombiano reconoció las evidencias arqueológicas del galeón". El Gobierno mantiene su posición de que se trata de una zona inexplorada, pero por el momento no ha dado detalles del lugar ni ha realizado la expedición con la empresa cazatesoros. Su posición la sustenta en una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que otorgaba la razón a Colombia.

La decisión del Consejo de Estado es la respuesta a una acción popular liderada por Antonio José Rengifo Lozano, profesor de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y coordinador del Centro de Pensamiento de Mares y Océanos del mismo centro. El académico reclamaba que Sea Search no se reconociera como demandante para acabar con la disputa sobre la titularidad del galeón San José y, así, asegurar el patrimonio de Colombia.

Sigue la incógnita

El pasado julio, Santos anunció que iba a cerrar un contrato con un inversor privado para rescatar el galeón San José. En aquel momento, no reveló el nombre de ese socio ni en qué consiste su plan de trabajo hasta que se firmara el contrato. Esta alianza público-privada sigue siendo un misterio siete meses después.

El presidente, como sus ministras de Exteriores y Cultura, se aferra a la Ley de protección de patrimonio sumergido de 2013, ratificada por la Corte Constitucional, que permite a Colombia contratar a empresas privadas para este tipo de expediciones e investigaciones arqueológicas. Esta misma legislación da potestad al Estado para la comercialización de parte del contenido encontrado como pago en especias a las empresas o particulares que hayan participado de la investigación siempre que no se supere el 50% del material hallado. Es el Consejo Nacional de Patrimonio Sumergido el que decide a través de criterios como el de la repetición qué piezas pueden servir para la venta. Un criterio que se enfrenta a la convención de la UNESCO que Colombia, al contrario de otros 18 países de América Latina, no ha suscrito.

Se calcula que el galeón San José, el buque español hundido a cañonazos por el almirante británico Charles Wagner en la batalla de Barú, en 1708, esconde casi 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas. Un botín que nunca ha sido corroborado científicamente.