La SGAE promete a Cultura cumplir con sus peticiones para evitar la intervención

El Ministerio de Cultura y la SGAE llevan tiempo al borde del abismo. A veces lo miran, se asoman, y dan pasos hacía él. Otras, de golpe, retroceden y se alejan del barranco. El ministerio anunció hace justo una semana que plantearía al juez la intervención de la entidad, tras demasiados meses de desencuentros y falta de confianza. Días después, José Guirao pareció matizar su intención y, sin embargo, el miércoles envió un nuevo requerimiento a la SGAE con el que le prohibía la concesión de anticipos-préstamos a los socios. Ahora es la propia entidad la que tiende la mano a Cultura para apartarse del precipicio: hoy viernes ha remitido una serie de promesas en las que, básicamente, se compromete a cumplir con los principales deseos del Ministerio. A cambio, la SGAE espera evitar la intervención anunciada. De hecho, el ministro podría renunciar a la intervención una vez enviado el escrito al juez.

El 27 de septiembre de 2018, Cultura envió un apercibimiento a la entidad, donde amenazaba por primera vez con su intervención si no solucionaba antes de enero tres asuntos pendientes: la reforma de los estatutos —para adaptarlos a una directiva europea—, la introducción del voto electrónico en sus comicios y la modificación del reparto, para evitar desajustes a favor de la música emitida de madrugada, que nadie ve pero ingresa millones, y que investiga la justicia. Pues bien, la SGAE propone ahora un arreglo para las tres cuestiones: cambiar su reglamento para incluir el voto electrónico, “aplicar directamente” la nueva directiva europea “sin la intermediación de los estatutos”, y someterse a lo que decida la justicia sobre el reparto de 2018. He aquí un indicio de las complicaciones que vive la entidad: sus últimas tres distribuciones semestrales de los ingresos entre los socios están recurridas ante los tribunales.

“En virtud de este triple compromiso, la SGAE ha solicitado a Cultura el archivo del expediente de apercibimiento. De forma paralela, la entidad se compromete a retirar el recurso contencioso-administrativo presentado contra el citado apercibimiento”, se lee en un comunicado emitido por la SGAE. La Audiencia Nacional ya rechazó el 29 de enero la petición de la SGAE de paralizar el apercibimiento del ministerio.

La SGAE se esfuerza

La junta directiva de la entidad subraya también los esfuerzos realizados en los últimos meses. Y recuerda que elaboró en los tiempos previstos una propuesta de modificación de los estatutos que recibió el 58,01% de votos a favor en la Asamblea General de los socios en diciembre. Sin embargo, precisaba de una mayoría de dos tercios, de ahí que la reforma fuera rechazada. “La junta directiva no tiene responsabilidad alguna sobre la decisión de la Asamblea. Entiende que ha impulsado la modificación de los estatutos hasta donde alcanza su competencia”, defiende el documento. Por eso, la SGAE informa al ministerio también de que le entregará un informe para detallar cómo aplicar la directiva europea a la espera de la reforma de los estatutos, a la vez que promete volver a intentar someterlos al voto de la Asamblea en “un tiempo prudencial”.

El movimiento de la entidad añade dudas en el camino hacia la intervención, para la que Cultura necesita, en todo caso, la autorización de un juez. Por un lado, cientos de creadores como Pedro Almodóvar, Álvaro Urquijo, Isabel Coixet, Miguel Ríos o Coque Malla pidieron al ministerio una "urgente y necesaria" actuación, para que cese a su presidente, José Ángel Hevia, y la junta directiva y que revierta los repartos de derechos de junio y diciembre de 2018. Por otro, fuentes de Cultura explican que varios nombres conocidos e importantes del sector, y de poderosas cadenas de televisión, les han trasladado su oposición a la intervención. Tanto la SGAE como el Ministerio han dejado claro que esta era el último recurso y el menos deseado.

El panorama, como es habitual en la SGAE, se complica debido a los muchos otros frentes abiertos a la vez: la conclusión de la comisión deontológica (que acusa a 14 miembros de la cúpula de la SGAE, entre ellos Hevia, de conflictos de intereses); la denuncia de la propia entidad contra varias editoriales; una serie de sentencias judiciales que ponen en duda tanto las actuaciones de los últimos meses de la SGAE como sus repartos; o la investigación judicial sobre la música emitida de madrugada, una franja en la que actúan a menudo muchos miembros de la actual junta directiva.