Juicio por el arte religioso de Barbastro: “¿Qué son 111 obras para Cataluña, que tiene muchísimas?”

Ni uno ni dos. Tres obispos han declarado hoy en el juicio que enfrenta al obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón contra el obispado de Lleida y el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida por la propiedad de 111 bienes de 43 parroquias; unas iglesias que reclaman su patrimonio desde hace 24 años, después de que en 1995 pasaran de la diócesis de Lleida a la entonces recién creada diócesis de Barbastro-Monzón. El encuentro de los tres obispos se ha producido durante la primera sesión de esta causa civil, consecuencia de la demanda puesta por el obispado de Barbastro a su colega de Lleida en febrero de 2018 y después de décadas de enfrentamientos en los tribunales eclesiásticos, que no han servido para solucionar este litigio patrimonial entre Cataluña y Aragón.  El procedimiento ha generado 36 tomos con 25.500 folios donde se han incorporado 1.017 documentos.

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Antes de entrar a la sala donde se celebraba la vista todo fueron gestos de amistad entre los tres prelados. Abrazos, palmaditas en el hombro y apretones de manos entre el demandante Ángel Pérez, obispo de Barbastro, Alfonso Milián, obispo emérito de Barbastro, y el demandado, el obispo de Lleida, Salvador Giménez, que continuaron cuando Giménez dio paso a Pérez en el estrado y abandonó la sala. Quedó claro que que ninguno variará un milímetro la posición que les han llevado a los juzgados por la posesión de las obras en litigio. Antes de entrar a la sala, Pérez aseguró que estaba "triste", pero que había hecho todo lo que tenía que hacer "para recuperar las piezas”. También que “a las parroquias aragonesas les asiste la justicia”.

Abrió el fuego Giménez, en el cargo en Lleida desde 2015, que reconoció, a preguntas de los abogados del Gobierno de Aragón y del obispado de Barbastro, que él y sus antecesores en el obispado habían manifestado su deseo de devolver las piezas a las parroquias aragonesas, pero que él cambió de opinión después de conocer las más de 300 cartas que se han conocido hace unos años. En ellas, se habla de compensación por parte del obispado a los párrocos, a cambio de las obras, llevada a cabo principalmente por Josep Messeguer (obispo de Lleida de 1889 a 1905), y por lo tanto de una posesión legal de las piezas y no de un mero depósito, como aseguran las autoridades de Barbastro y se mantiene en todas las sentencias y decretos eclesiásticos dictados hasta el momento.

Por su parte, Pérez, ha insistido en la buena sintonía con su homólogo leridano: “Somos hermanos”, ha dicho, pero también que no entendía su cambio de aptitud: “¿Es el mismo Salvador que antes?”, ha llegado a preguntarse. Sin perder el sentido del humor, en un momento dado también ha dicho: “Pero ¿qué son 111 obras para Cataluña, que tiene muchísimas?”. Durante la vista los abogados leridanos aseguraron que se “habían allanado” con respecto a 28 de las obras de las 111, tras reconocer la propiedad aragonesa. Pero durante toda la vista la cifra total se fue alternando con las 83 restantes.

Tras ellos declaró el tercer obispo, Milián, emérito de Barbastro, como primer testigo de la parte aragonesa. Él contó que todos los obispos leridanos con los que coincidió durante su mandato aseguraban que tenían voluntad de entregar las obras, “pero que las administraciones del patronato del museo no lo dejaban”. De hecho, el obispado de Lleida es propietaria solo del 5% del Museo de Lleida; el resto es de la Generalitat, Ayuntamiento y Diputación provincial. “Aunque el obispado abandonara el patronato del museo, las obras no podrían devolverse”, había dicho Giménez antes.

Durante la mañana declararon también Pedro Escartín, secretario-canciller de Barbastro, el único que ha vivido todo el pleito desde que se inició en 1995, que señaló lo que considera “la continua obstrucción del obispado de Lleida” durante estos años. Escartín y Milián reconocieron que nunca habían visitado el Museo de Lleida ni visto las obras en litigio.

La mañana se cerró con las declaraciones de Nuria Gilart, conservadora restauradora de museo, que respondió a las preguntas sobre el coste del mantenimiento y conservación de las obras; unas piezas que, dijo, ingresaron con graves problemas de conservación. Alberto Velasco, conservador también de la institución leridana, ofreció casi una clase magistral sobre bienes de la Iglesia, habló de cómo las piezas en litigio fueron algunas de las que entregaron las iglesias por las recomendaciones del Papa Leon XIII a finales del siglo XIX para constituir los primeros museos diocesanos españoles (el de Lleida es el segundo de España, después de el de Vic) y cómo eran siempre obras en “desuso del culto” y “arrinconadas”, como vírgenes sin brazos o que habían perdido el Niño Jesús y que el Concilio Vaticano II había mandado retirar.

Por la tarde, el primero en declarar, por la parte aragonesa, ha sido Antonio Naval, experto en arte aragonés “emigrado”, que ha negado que el obispo Messeguer comprara en ningún momento las piezas, “ya que los curas no podían vender sin licencias, incluso de la Santa Seda, si se superaba las 500 pesetas”. Por su parte, Domingo Buesa, exdirector general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, insistió en el que hecho de que los párrocos no podían vender ni enajenar los bienes de sus iglesias, ya que “solo eran conservadores y mantenedores de los mismos” y que un “obispo no podía comprar una obra a uno de sus párrocos, porque sería una barbaridad", dijo.  "No conozco ningún documento que conste realmente ningún expediente donde se diga que se inicia el trámite para enajenar una obra o sustituirla. No son ventas, son traslados de un sitio a otro”, remachó Buesa, que además agradeció y defendió el trabajo documental “que no su interpretación” de Carme Berlabé.

Esta conservadora del Museo de Lleida fue la penúltima en declarar. Ella publicó su tesis doctoral sobre la formación de la centro de arte publicando 352 cartas entre cuatro obispos y los párrocos. En especial, se refiere a las 434 piezas que compró para el museo Josep Meseguer, obispo entre 1890 y 1905, casi todas las que están en litigio. Berlabé, delante del juez, defendió su trabajo realizado entre 1993 y 2018, basado, sobre todo, por la documentación inédita del Archivo Diocesano de Lleida que ha permitido revisar trabajos anteriores. Según la especialista, en las cartas queda clara la compra de las obras a cambio de dinero por parte de los obispos y que en más de una ocasión se hacía diferencia entre obras en propiedad y en depósito. “Cuando se usa limosna en las cartas se usa por eufemismo, pero esconden una compra“, en defensa de la acusación de la parte contraria que asegura que nunca hubo compensación económica. “Seguía las instrucciones de mi amantísimo Padre, el Papa Leon XIII”, remachó la investigadora. La declaración de Marc Sureda, historiador y conservador del Museo de Vic, se dejó para el segundo día de la vista, viernes, cuando los cuatro abogados leerán sus conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia.