Los directores piden que se cree la Agencia Estatal del Cine

“Habrá que volver al trabajo, y se tardará, pero para ese momento deberíamos tener mejores herramientas”. Desde su confinamiento, el cineasta Achero Mañas pide algo más que medidas paliativas -"fundamentales, pero que no pueden ser las únicas", arguye- para el audiovisual. La asociación de directores de cine Acción, que ya ha agrupado en su poco más de un año de existencia a más cien profesionales y que preside Benito Zambrano con las vicepresidencias de Azucena Rodríguez y Mercedes Gaspar, ha elaborado un documento para empezar a gestionar una mesa que resuelva un mal endémico del cine español: su dependencia financiera de los Presupuestos Generales del Estado y, “por tanto, del gobierno de turno”, apunta Alberto Morais, uno de los redactores de la propuesta. Mañas, vocal de la junta directiva, subraya que el documento “es una declaración de intenciones, no entra en detalles técnicos porque esos tienen que salir de la negociación”.

Como insiste el documento de Acción, “la crisis sanitaria de la covid-19 ha puesto de manifiesto la extrema vulnerabilidad del sistema en todos los sectores de nuestra sociedad. Las consecuencias en la industria cultural han sido especialmente graves y han tenido efectos muy perjudiciales para el sector [...]. Los mecanismos de financiación clásicos quizá puedan ayudar en este momento actual de urgencia con un paquete de emergencia concreto, pero en ningún caso serán suficientes para abordar las soluciones de carácter global”. Y ahí entra Acción a recordar que ya “en la Ley 55/2007 del Cine, en su Disposición Adicional Primera se contempla la creación de la Agencia Estatal del Cine”. Esa agencia supondría un cambio radical de paradigma, que acercaría al audiovisual español a la legislación francesa, “y habrá que iniciarlo con un comité asesor y una mesa de negociación con todo el sector”, apunta el documento. En la mesa estarían representados “todos el cine, desde técnicos, autores, actores, productores, distribuidores, exhibidores, Comunidades Autónomas, sindicatos, televisiones y representantes de la sociedad civil cuya experiencia pueda ser útil a tal fin”.

A Mañas le duele que el desarrollo normativo del 2015 solo haya logrado, como queda escrito en el texto, “una hiperindustrialización sin medida de las ayudas, eliminando los sistemas de equilibrio previos y dejando, de facto, fuera del sistema muchos de los contenidos con una clara vocación cultural, protegido principalmente por pequeñas empresas que, en muchos casos, han acabado extinguiéndose”. En Acción arrancarán esta semana contactos con los otros sectores del cine para impulsar esa mesa del diálogo. “Tenemos que aprovechar esta crisis brutal para una vez ejecutadas las medidas pauliativas que se anunciaron el viernes por parte de los ministros de Cultura y Hacienda, y que son tan necesarias, pensemos en cómo queremos regularnos”, explica el director de El Bola, al que afectó directamente en su carrera el estado de alarma: Mañas iba a estrenar un largo, Un mundo normal, a concurso en el festival de Málaga, tras una década apartado de la dirección cinematográfica.

Alberto Morais llega más lejos: “Esta Agencia Estatal de Cine es, en estos momentos, la única herramienta eficaz para blindar la industria cinematográfica y dar respuesta a las necesidades de futuro. Porque el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) es autónomo, aunque no independiente, y sufre con las presiones de los productores”. Morais insiste en que hoy las ayudas “están cortadas para las televisiones”. Y no importa tanto el recorrido de una película en festivales o ni siquiera el guion: “La Agencia tendría un comité en el que todo el sector se viera reconocido”. Y que gestionaría "un fondo procedente no del Estado, sino de una capacidad propia recaudatoria en taquillas, en el espacio radioeléctrico actual y otras tasas”. Calcula que podría llegarse a un presupuesto para la Agencia de unos 350 millones de euros anuales, más del triple de lo que maneja actualmente el ICAA.

En Acción ponen como plazo “un máximo de dos años para la transición desde el ICAA hasta la Agencia Estatal del Cine y del Audiovisual, cuya existencia y sentido estarán basados en el concepto de diversidad cultural, tal y como lo defiende la UE”.