Escritores y libreros se alían por un mercado más transparente

La desconfianza entre autor y editor por las ventas de los libros no es nueva, pero la obligación de concretar la “trazabilidad” de las ventas de los libros, sí. Es una exigencia impuesta en la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 177, que el pasado marzo incorporó la directiva del Parlamento Europeo para facturar con claridad los beneficios de los derechos de autor. Carlos Muñoz, abogado de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), explica que la norma reconoce muchos derechos a los creadores, “pero no pone los mecanismos para defenderlos”. Su asociación, que reúne a unos 2.000 autores, recibe más de un centenar de quejas anuales sobre la falta de transparencia en la liquidación de los derechos. Muchas podrían acabar en los tribunales, pero, afirma Muñoz, “los escritores no suelen tener el dinero para llevar ante el juez a una editorial”.

Para corregir esta desconfianza, ACE está a punto de cerrar, tras dos años de negociación, un convenio con la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), que agrupa a 1.400 librerías de fondo, mediante el que se comprometen a facilitar el número exacto de ejemplares vendidos en el mismo momento en que se reclame. Portales de venta online como Amazon quedarían fuera de ese pacto. Manuel Rico, poeta, novelista, crítico y presidente de ACE, dice que así atenderán a una demanda histórica de los autores, que “denuncian que algunas editoriales incumplen la ley, tanto en materia contractual como en materia de retribución económica. Hoy todo el mundo lucha por la transparencia, queremos saber la evolución real de las ventas y garantizar nuestros derechos”. Rico aclara que sobre todo son los sellos “pequeños y no tanto los grandes grupos” los que generan quejas. Jorge Corrales, director general de CEDRO, entidad de gestión de derechos de autor de los escritores, confirma que también está trabajando por cerrar un convenio similar con los libreros, que acarrearía un “beneficio para todo el sector”.

Para conocer los datos de venta (que son secretos y las editoriales muestran u ocultan a menudo como una herramienta promocional que es difícil de contrastar), las grandes editoriales pagan los servicios de GfK, empresa de investigación de mercados que proporciona cifras de grandes cadenas, almacenes, supermercados y algunas librerías independientes y que ha ido sustituyendo a Nielsen, que era la consultora más utilizada antes. Los autores no pueden conocer sus cifras exactas hasta la liquidación a año vencido, cuando reciben esa información de sus editores. La suscripción a esta herramienta es muy cara y depende del tamaño de la empresa (aunque esa cifra también es confidencial), y está fuera del alcance no ya de los escritores, sino también de los sellos de la parte baja de la tabla.

De ahí que los escritores acudan ahora a los libreros. Javier López Yáñez, director técnico de CEGAL, se muestra dispuesto a “compartir la información”. “Nuestros datos clarificarán discrepancias. Desde hace años los aportamos en casos de conflictos legales. Ahora estamos ultimando la herramienta para construir un sistema más transparente”.

Menos de 1.000 euros

Una encuesta reciente realizada por ACE, enviada a 3.000 autores y contestada por 603, desvela que el 77% recibe menos de 1.000 euros al año por la venta de sus libros. Los más privilegiados representan el 6,3% e ingresan más de 10.000 euros. La octava industria editorial del mundo no permite vivir de su trabajo más que a un 16,4% de sus creadores. La mayoría escribe en el tiempo libre que les deja su trabajo (profesores, funcionarios o periodistas, entre otros). Además, el 25,9% dice no haber firmado ningún contrato con el editor y el 39% no conoce la tirada en el momento de la publicación. Un 22% no ha recibido nunca ninguna liquidación anual, según la encuesta, como titular de sus derechos.

El estudio de ACE asegura que cuando se dan esas discrepancias, los escritores tienden a no reclamar. En el informe, Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGGEE), niega las acusaciones de poca transparencia contra el sector del libro. “Tenemos estudios sobre el comercio interior del libro, comercio exterior del libro, panorámica de la edición, sustentado sobre los ISBN registrados… Dudo mucho que existan otros sectores con tanta y permanente información estadística y pública”, explica Ávila. “Habrá quienes no paguen en tiempo y forma, como en todos los sectores”, explica Diego Moreno, de la editorial Nórdica, “pero la imagen del editor que estafa a sus autores es más bien una cosa del pasado. Lo que pasa es que las reputaciones tardan mucho tiempo en enmendarse”.

La claridad en las ventas fue una preocupación para la anterior directora general del libro del Ministerio de Cultura, Olvido García Valdés, que dimitió el pasado mes de octubre. El documento de trabajo Iniciativas de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, filtrado una semana antes de esa dimisión, proponía la imposición de hacer pública la cifra de los ejemplares vendidos en librerías de cada título, con el objetivo de “mejorar la transparencia del sistema”. Planteaba, como condición para acceder a ayudas, la obligatoriedad de comunicar públicamente los datos de ventas, y reclamaba la información en poder de los libreros, “relevante para la correcta gestión de derechos por los autores y traductores”.