Mucho te quiero, torito, pero pan, poquito (I)

Ocho comunidades autónomas y nueve diputaciones provinciales tienen presupuestados en 2020 para el mundo de los toros la cantidad de 10.864.678 euros.

Los gobiernos de Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Navarra aportan 7.568.180 euros; y las diputaciones de Badajoz, Castellón, Palencia, Albacete, Málaga, Guadalajara, Salamanca, Zaragoza y Valencia dedican 3.296.498 euros. De la suma de ambas partidas, hay que restar lo que la Comunidad de Madrid y los órganos provinciales de Palencia, Málaga, Zaragoza y Valencia perciben por el canon de alquiler de sus respectivas plazas de toros, que asciende a 3.433.306,9 euros. En suma, la aportación real sería de 7.431.371,1 euros.

Esta cifra puede parecer una fortuna, pero la partida de las diputaciones no alcanza más allá del 4 por ciento de los casi 80 millones de euros que estos organismos dedican al área de cultura; y en el caso de las comunidades autónomas ‘taurinas’ no llega al 1 por ciento del apartado cultural. Asimismo, son partidas aprobadas, pero no todas con posibilidad de ejecución directa a causa de la pandemia, que ha modificado necesariamente algunos criterios; y otras, además, han surgido, excepcionalmente, para paliar los efectos de la alerta sanitaria en el sector taurino.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el coronavirus ha obligado a la suspensión de ferias y festejos, que eximirá a las empresas del pago del canon de las plazas de propiedad pública; además, se han paralizado las escuelas taurinas y numerosas actividades que contaban con un apoyo presupuestario que ahora deberá ser reconducido hacia otras áreas.

Las partidas de las CCAA y diputaciones suponen el 1 por ciento y el 4 por ciento de sus respectivos presupuestos de Cultura

Además, 9 gobiernos autonómicos y 31 diputaciones ignoran el mundo de los toros en sus presupuestos y programas instrumentales, si bien algunos de ellos colaboran con la tauromaquia en algunos servicios sin partida económica concreta. Es posible, incluso, que alguna administración autonómica o provincial que no figura en este informe colabore económicamente con los toros, una contingencia poco probable.

De todos modos, son estos unos fondos muy exiguos, que contrastan con la importancia económica, laboral y social que la tauromaquia mantiene en algunos de esos territorios, y con las efusivas declaraciones públicas de amor que sus dirigentes políticos profesan a la fiesta de los toros cuando las circunstancias les ofrecen una oportunidad propicia.

Téngase en cuenta que siete comunidades autónomas (Castilla-León, Castilla-La Mancha, Generalitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) han aprobado en sus respectivos parlamentos la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural.

Y la última de ellas, La Rioja, aprobó la ley 3/2018, de 16 de febrero, para la protección, difusión y promoción de la tauromaquia. El texto consta de tres artículos; el primero afirma que “La Rioja es tierra de tradición taurina y la tauromaquia forma parte de nuestras raíces culturales”; el segundo, añade que la tauromaquia debe ser protegida en el marco de la legislación vigente. Y el tercero asegura que el gobierno regional deberá proteger, promover y difundir la tauromaquia, debido a su carácter cultural.

Asimismo, son muchos los gobiernos provinciales y locales que han declarado solemnemente la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Tal es el caso, por ejemplo, de las diputaciones de Almería, Huelva, Palencia, Jaén y Badajoz, y de los Ayuntamientos de Madrid, Teruel y Sevilla, entre otros de localidades pequeñas. El de la capital andaluza declaró en 2004 la tauromaquia como ‘fiesta mayor’ de la ciudad.

Un caso paradigmático es el de la Diputación Provincial de Badajoz, que en octubre de 2011, una moción presentada por el PSOE y el PP consideró la tauromaquia como ‘obra maestra del patrimonio cultural inmaterial’, y cada año aprueba una importante partida económica (950.000 euros en 2020) para su escuela taurina.

Si a todo ello se le añaden las cariñosas manifestaciones que sobre la tauromaquia realizan presidentes autonómicos como los de Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, habría que colegir que la simpatía y el cariño institucional y personal no son directamente proporcionales a los presupuestos que se aprueban. O sea, ‘mucho te quiero, torito, pero, pan, poquito’, excepto en la provincia pacense.

Y un dato importante: si bien la ley 18/2013 que declara la tauromaquia como patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional obliga al Estado a defender y promover la fiesta de los toros, son las Comunidades Autónomas las que tienen transferidas las competencias taurinas; en consecuencia, tiene razón el ministro de Cultura cuando el pasado día 5 decía en una entrevista radiofónica que muchas de las demandas que hace el sector debería dirigirlas a estas. Ello no exime, en todo caso, al departamento ministerial de su responsabilidad de amparo y ayuda, que actualmente, se limita a publicar cada año unas ordenadas estadísticas de profesionales, festejos y asistentes a las plazas de toros.

El cariño institucional a los toros no se corresponde con los presupuestos públicos que recibe

Curiosamente, y a pesar de que el número total de festejos ha disminuido, estas cantidades presupuestarias previstas para 2020 son superiores a las que Juan Medina, profesor de Teoría Económica de la Universidad de Extremadura, recopiló en un exhaustivo estudio publicado en 2014, en colaboración con Mar Gutiérrez, secretaria técnica de ANOET, la patronal de los empresarios taurinos.

Este documento, titulado ‘Los toros en España: un gran impacto económico con mínimas subvenciones’, aseguraba que, en 2013, solo Andalucía, Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid asignaron un total de 3,007 millones de euros frente a los 874 millones que concedieron a otras manifestaciones culturales. A ello habría que sumar distintos programas instrumentales de Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. Las diputaciones ‘taurinas’ de la época eran 11 -a las actuales se añadían Córdoba y Sevilla-, que destinaban a los toros un total de 2.384.744 euros.

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Juan Medina añadía un apartado especial a la contribución de los ayuntamientos, cuyos presupuestos, no contabilizados ahora en este reportaje por su complejidad, han disminuido en la medida en que ha bajado el número de festejos desde 2013.

En aquel año se celebraron 1.858 festejos taurinos, y en 2019, 1.425; la diferencia es de 433 espectáculos menos, y la inmensa mayoría de ellos se celebraban en plazas de tercera, que contaban con apoyo municipal.

Contaba Juan Medina que, en aquella temporada, 2.767 localidades celebraron espectáculos taurinos, y que la contribución global de los ayuntamientos a la tauromaquia fue de 20.116.278 euros. Bien es cierto que el 83,4 por ciento de estas ayudas se dedicaron a festejos populares (16,78 millones), por lo que el 16,6 por ciento restante se asignó a los espectáculos formales y reglados (3,34 millones de euros).

Destaca, finalmente, el autor dos particularidades. La primera que los municipios recuperaron casi tres millones de euros a través de los cánones de arrendamiento o de los ingresos en la gestión directa de las plazas de su propiedad; y segunda, que partidos políticos de toda ideología apoyaron las subvenciones municipales, tanto los mayoritarios como Izquierda Unida, Bildu o Ezquerra Republicana.

Queda por conocer, finalmente, en qué parcelas invierten las comunidades autónomas y las diputaciones el dinero que dedican a la tauromaquia en el presupuesto de 2020, que se abordará en la segunda parte de este informe.