Los grandes cruceros ya no entrarán al corazón de Venecia

El Gobierno de Italia da un golpe sobre la mesa y prohíbe definitivamente la entrada de cruceros en la zona más céntrica de Venecia. Después de que las medidas tomadas en plena pandemia el pasado mes de abril no se hayan respetado y las grandes naves surquen de nuevo las aguas del corazón de la ciudad, el consejo de ministros ha aprobado hoy un decreto ley por el que se cierra la historia por completo. Lo hace in extremis, solo dos días antes de que comenzase la reunión de la Unesco en China en la que debía discutirse la conveniencia de colocar a Venecia en la lista de los 53 bienes en peligro en el mundo. Una decisión que entrará en vigor el 1 de agosto y que tendrá amplias implicaciones culturales, medioambientales y económicas.

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La organización internacional se quedó atónita a mediados de junio, cuando el crucero MSC Orchestra, de 92.000 toneladas, surcó el canal de la Giudecca ante la plaza de San Marcos como si el Ejecutivo no hubiera anunciado hacía meses el fin de este tipo de situaciones. Era el primer gran crucero que volvía a la ciudad después de la interrupción de 18 meses que provocó la pandemia. En ese periodo estas embarcaciones no entraron en Venecia debido a las restricciones impuestas por el coronavirus y su ausencia contribuyó a mejorar la calidad del agua. En 2018 pasaron por la ciudad 594 cruceros, casi dos al día, que atracaban, desembarcaban a los pasajeros, se detenían algunos días y después partían. Una fuente de ingresos fundamental para Venecia, pero un daño incalculable para su patrimonio y para la sostenibilidad medioambiental de la laguna. Por ello, el Ejecutivo se compromete ahora también a otorgar ayudas a la región, al Ayuntamiento y a las compañías perjudicadas.

El nuevo decreto afectará a las embarcaciones de más de 25.000 toneladas, a las que posean una eslora superior a 180 metros o una altura de 35 metros. También, desde el punto de vista medioambiental, a las naves que produzcan más de un 0,1% de azufre. Básicamente, el cálculo que hace el Ejecutivo es que las embarcaciones que podrán seguir pasando por serán aquellas que llevan menos de 200 pasajeros. El decreto entrará en vigor en los próximos días y liquidará la confusión de la anterior medida.

El Gobierno estipuló en abril que, en una primera fase, las grandes naves atracarían en el puerto industrial de la vecina Marghera, una localidad perteneciente al municipio de Venecia situada al oeste de la ciudad y en tierra firme, bañada también por la laguna veneciana. La propuesta, que no contaba con el apoyo de las asociaciones contra los cruceros, era una solución temporal, ya que el objetivo era alejar completamente las naves de gran tonelaje de la zona. El Ejecutivo anunció que lanzaría un concurso para elegir una terminal portuaria alternativa alejada de la zona para las embarcaciones de más de 40.000 toneladas, con el objetivo de resolver el problema “de manera estructural y definitiva”. Pero los tiempos se alargaban sobremanera y los resquicios legales de la iniciativa del Ejecutivo permitieron el regreso de las grandes naves.

Reivindicaciones históricas y economía

El Palacio Chigi ha emitido un comunicado en el que se congratula por una medida muy debatida en los últimos días en las diferentes formaciones que conforman el Ejecutivo de unidad. “Es un importante paso para la tutela del sistema de la laguna veneciana. Estas normas intervendrán de inmediato con la cautela y las ayudas necesarias para mitigar el impacto en el empleo del sector. Se añadirán al concurso de ideas para la futura realización y gestión de puntos de atraque fuera del área protegida de la laguna”, señala.

El conflicto y el tira y afloja entre las autoridades y los vecinos vienen de lejos. En 2013, el Gobierno prohibió el acceso al canal de la Giudecca a las embarcaciones que superaran las 96.000 toneladas, pero poco después se retiró la norma. En 2017 también se anunciaron nuevos planes para atajar la situación, que contemplaban, entre otras medidas, el desvío de las grandes naves a Marghera, pero nunca llegaron a aplicarse completamente. También se habló de un proyecto privado para construir un punto de atraque en el borde entre la laguna y mar abierto, pero no consiguió la aprobación del Ayuntamiento ni del Ministerio de Transportes. Ese mismo año, varias asociaciones lanzaron un referéndum popular, sin ningún valor legal, para que los habitantes del centro histórico de la ciudad, donde viven 53.000 personas, votaran si querían expulsar a las grandes naves del corazón de Venecia. Participaron cerca de 25.000 ciudadanos y el sí ganó por un 98,7% de los votos.

El decreto aprobado por el Gobierno de coalición que preside Mario Draghi sustancia ahora esta reivindicación histórica. Pero deberá hacer cuentas también con las exigencias económicas de los supuestos perjudicados.