La justicia española cierra el ‘caso Odyssey’ reconociendo su “enfado” con su “insólita tramitación”

Dos agravios y una victoria jalonaban hasta ahora la historia de la fragata Mercedes. La primera afrenta de la Marina británica provocó su hundimiento junto a sus 275 tripulantes el 5 de octubre de 1804, frente a la costa del Algarve (Portugal). La segunda ofensa de la empresa cazatesoros Odyssey la expolió, en mayo de 2007, al extraer 500.000 monedas de plata y oro del pecio. El triunfo llegó cuando la justicia estadounidense reconoció “la propiedad española” del tesoro en febrero de 2012. Pero a la historia de Nuestra Señora de las Mercedes aún le faltaba un ultraje más: el archivo definitivo de la causa judicial que, en España, debía juzgar el destrozo y la profanación realizada sobre el yacimiento subacuático. Tras una tortuosa instrucción de 14 años, la Audiencia de Cádiz se ha visto obligada a dejar morir la causa, no sin reconocer su “desconcierto” y “enfado” por lo que considera una “insólita tramitación”.

De forma paralela al proceso legal que se abrió en Florida (Estados Unidos) para averiguar de quién era la titularidad de las monedas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción (Cádiz) inició su investigación con la intención de determinar si el responsable de la empresa Odyssey Marine Exploration, Greg Stemm, y su equipo habían cometido delitos de daños en un yacimiento arqueológico y de contrabando.

El regreso a España de las 500.000 piezas de plata y oro en febrero de 2012 —casi 17 toneladas que hoy se conservan en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena ARQUA— dieron cuenta de que la batalla en Estados Unidos había llegado a buen puerto. Ahora, el auto 561/21 de la Sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 7 de julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, deja clara que la lucha en España ha naufragado definitivamente. La difusión del archivo del trámite judicial español coincide con el estreno de la serie La Fortuna, en la que el director Alejandro Amenábar ha llevado a televisión la historia a partir de El tesoro del Cisne Negro, un cómic de Paco Roca y Guillermo Corral.

Los tres magistrados ponentes consideran que el archivo, contra el que ya no cabe recurso, está sustentado principalmente en la prescripción de los propios delitos que se investigaban y pretendían juzgar, penados con un máximo de cinco años de prisión. Y esa paralización está justificada, según el mismo auto, en que la justicia estadounidense nunca llegó a responder a la comisión rogatoria realizada en 2013, necesaria para tomar declaración a Stemm y el resto de investigados. “Estados Unidos, en lo que refiere al pleito de las monedas, estuvo del lado de España”, resume Ángel Núñez, fiscal especialista en patrimonio y encargado del caso hasta el año 2009. “Pero es cierto que cuando se trata de empitonar a un nacional suyo son muy poco colaboradores. Y al ser investigados ciudadanos norteamericanos que no están a disposición de los tribunales españoles…”.

Lo cierto es que la causa española de la empresa Odyssey había entrado en barrena antes del pronunciamiento de este mismo año. Ya en diciembre de 2016, el juez de La Línea dictó el sobreseimiento de la causa. La acusación popular, ostentada por la empresa Nerea Arqueología Subacuática, recurrió y el juzgado lo rechazó. En un nuevo intento por no dejar morir el proceso, el arqueólogo Javier Noriega, uno de los responsables de esta pequeña compañía con sede en Málaga, apeló a la Audiencia, que ahora desestima definitivamente ese paso y confirma la decisión del juzgado. Con todo, los magistrados dejan claro que comparten “con la [parte] recurrente su extrañeza, desconcierto y hasta enfado por la, llamémosla, insólita tramitación de esta causa, al menos desde el año 2013″, aunque no llegan a precisar en qué se sustenta ese sentimiento.

El arqueólogo Javier Noriega cree saber muy bien a lo que se refieren. Él y los suyos decidieron personarse en la causa —representados por el abogado José María Lancho— como “deber profesional y moral” y ha visto cómo “todos estos años se resumen en el final: prescripción”. “Se evita entrar en el fondo de la cuestión de lo ocurrido sobre el patrimonio cultural español”, denuncia el experto. Esos insólitos pasos en la instrucción de los que habla la Audiencia y que Noriega sufrió de primera mano quedaron incluso narrados en la prensa cuando un procurador sin poderes que, anteriormente, representaba a los investigados fue descubierto en marzo de 2012 en el juzgado fotocopiando el sumario del caso, tal y como avanzó en su momento el periódico Abc.

La falta —que el fiscal jefe de Algeciras tildó incluso de “burla”— era grave, si se tiene en cuenta que la causa tenía como testigo protegido a un buzo que estaba amenazado por haber denunciado a Odyssey al ser conocedor de algunas de sus andanzas en el Estrecho. Ahora, Noriega, de 46 años, asiste con pesadumbre al fin de un proceso que le ha ocupado parte de su trayectoria: “Como amantes de nuestra profesión es frustrante, se convierte en una derrota de todos, de la cultura y de la sociedad. Si además de esto, el responsable ha quedado impune, porque ha prescrito, es tristísimo”. Pese al revés legal, el arqueólogo defiende que en la instrucción del sumario “hay pruebas de todo tipo, arqueológicas, testimoniales, técnicas, jurídicas y un montón de cuestiones rotundas desde el punto de vista científico que atienden con una veracidad aplastante a lo supuestamente ocurrido”. De ahí que el experto crea que se ha perdido la oportunidad de que desde Europa se lanzase “un mensaje claro a los ladrones que desde hace años destruyen la historia de los pecios de época moderna por el mundo”.

Solo les interesaron las monedas

Odyssey Marine Exploration nunca tuvo un interés en la fragata española que fuese más allá de su cargamento de oro y plata. Quedó patente en el brutal destrozo que la empresa provocó en la zona arqueológica donde reposan los restos de los 275 fallecidos en el ataque de 1804. “Un yacimiento cuando es expoliado, es destruido para siempre”, asevera Noriega. De hecho, tras el expolio, ARQUA capitaneó una excavación científica realizada en tres campañas —de 2015 a 2017— en la que se documentaron los restos que quedaban del pecio y se recuperaron las piezas que los cazatesoros se dejaron atrás: cañones, cuberterías y demás objetos cotidianos de la vida de abordo. En la expedición consiguieron el reto de descender 1.130 metros, la mayor profundidad alcanzada hasta entonces en una incursión arqueológica subacuática por un país europeo.

Aunque el daño hecho a un lugar de memoria como es el yacimiento de la Mercedes se vaya a quedar sin juicio ni culpables, Núñez cree que las consecuencias del proceso “fueron positivas, desde el punto de visto legal y global”. Noriega va más allá: “España y sus costas hoy son posiblemente el lugar más blindado y seguro del mundo en la protección del patrimonio ante el expolio”. Desde el caso Odyssey ha cambiado y mejorado la tipificación de delitos contra el patrimonio histórico en España, se han creado nuevos mapas arqueológicos, ha mejorado la coordinación entre administraciones y ha crecido la concienciación social contra este tipo de delitos, precisamente algunos de los talones de Aquiles que los cazatesoros aprovecharon para hacerse con las monedas. Tan poco favorable debió volverse el entorno —también, el internacional—, que hace ya seis años que la empresa estadounidense decidió reorientar su actividad a la minería subterránea.