Los productores independientes amenazan al Gobierno por la ley audiovisual: “Esto es la guerra”

Los productores de cine y series independientes se esperaban una pequeña caricia del Gobierno. Aguardaban la nueva ley audiovisual con esperanza, para paliar algo sus habituales dificultades económicas. Y, sin embargo, se han llevado un bofetón. “Para nosotros, esto es la guerra”, ha asegurado María Luisa Gutiérrez, presidenta de AECINE, una de las asociaciones que han convocado este miércoles con urgencia una rueda de prensa para gritar la rabia de la “totalidad de la producción independiente”.

Se han juntado, “por primera vez en años”, porque consideran que un cambio de última hora en un artículo, introducido por el PSOE, sabotea de forma injusta su capacidad de financiación frente a los grandes grupos y amenaza su supervivencia. De momento, la escalada contra el proyecto, que se vota mañana en el Congreso, es verbal: se escucharon términos como “barbarie” y “desierto cultural”. Pero amenazan con pasar también a la acción: si el Gobierno no modifica de nuevo el texto o al menos se sienta a hablar de medidas alternativas, planean acudir a la UE, para denunciar que la ley viola el espíritu de la directiva que transpone, o al Tribunal Constitucional. Por lo pronto, se plantaron con una pancarta ante el Congreso.

“Honestamente, las esperanzas son pocas. Pero las tenemos”, reconocía José Nevado, director general de PATE. Antes de acudir a la batalla, todavía confían en el “plan A”, es decir, que la normativa cambie antes de la votación y vuelva a su formulación original. Precisamente lo que propone una enmienda transaccional presentada por ERC, EH Bildu y Unidas Podemos, que culpa a su socio de Gobierno de lo sucedido y busca negociar una solución que contente al sector. A nivel práctico, se trata de sustituir apenas una palabra. Pero los convocantes de la rueda de prensa insisten en que supone toda la diferencia del mundo.

La nueva ley obliga por primera vez a las grandes compañías de streaming como Netflix o Disney + a destinar el 5% de sus ingresos generados en España a financiar obras audiovisuales europeas, algo que ya cumplen las cadenas privadas. De ese porcentaje, un 70% debe invertirse en producciones independientes nacionales en español o lenguas cooficiales. Pero, ¿qué es un “productor independiente”? “La persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”, según el artículo 110.1, tras la modificación socialista.

La enmienda de Unidas Podemos, Esquerra y EH Bildu propone colocar “un” ahí donde la ley escribe “dicho”. En términos concretos, un productor vinculado a Atresmedia que prepare una película o serie para la misma emisora en ningún caso se puede considerar independiente. Pero, con la formulación actual, sí podría serlo si levantara un proyecto para otra gran cadena privada o plataforma. De ahí que Gutiérrez y sus compañeros teman sobre todo un “duopolio” donde Atresmedia y Telecinco produzcan obras cada una para la otra: “No podemos filtrar todos los contenidos solo por dos prismas”. Con “un”, en cambio, solo serían “independientes” aquellos que trabajan al margen de los principales actores de la industria. “De nada sirve una obligación si está vacía de contenidos”, incidió Gutiérrez.

“Se abre un panorama de consecuencias devastadoras para el audiovisual español”, afirmó Jordi Oliva, presidente de PROA. Y citó un éxito que, según él, resultaría casi imposible con la nueva ley: “Alcarrás, de Carla Simón, es la historia de unos agricultores, filmada en catalán y cuyo rodaje fue pospuesto un año por la covid-19. Sobre el papel, podía parecer un desastre financiero. Pero unos productores independientes apostaron, se jugaron su dinero, porque creían que merecía la pena ser contada. Y terminó ganando el Oso de Oro en la Berlinale”. “No queremos trabajar por amor al arte, sino ser empresarios que sacan adelante proyectos dignamente. Muchos van a dejar de estar motivados, para ganar un 3% de margen no montas una empresa. ¿Queremos depender todos de las grandes compañías?”, preguntó Nevado.

Cada vez que uno de los tres conferenciantes terminaba una reivindicación, la sala aplaudía. Entre la cincuentena de asistentes a un acto organizado a toda prisa, y con parte de la industria ocupada en el festival de Cannes, se veían rostros clave de la producción como Álvaro Longoria o Mariela Besuievsky. Eso sí, Amparo Climent o Fernando Colomo figuraban entre las pocas presencias de entre los directores o intérpretes más reconocibles del cine y las series españolas. Aunque los productores subrayan que el manifiesto que han elaborado cuenta con el apoyo de prácticamente todo el sector, desde la Academia de Cine hasta la asociación de cineastas Acción,
y con firmas tan prestigiosas como las de Pedro Almodóvar, Carla Simón, Alex de la Iglesia, Javier Fesser, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Antonio de la Torre, Marta Nieto, Maribel Verdú, Antonio Resines o Santiago Segura. “Es una cuestión de Estado, no de colores”, incidió Gutiérrez, que subrayó que hablan con “todas” las fuerzas políticas. Representantes de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Junts, de hecho, estaban presentes en el acto.

A la rabia, los productores dicen que suman la “sorpresa”. Durante dos legislaturas, quedó evidente la complicada relación entre el Gobierno del PP y el cine español, tradicionalmente escorado a la izquierda ideológicamente, de ahí que pocos se esperaran una “traición” justo cuando gobierna el socialista Pedro Sánchez. “La ley se ha traspuesto tarde y mal, se está haciendo con prisa por la espada de Damocles de la multa [Bruselas ha empezado el proceso para sancionar a España y otros cuatro países, porque el plazo vencía en septiembre de 2020]. Y de espaldas al sector independiente. No se hizo caso a ninguna de nuestras alegaciones. Cuando descubrimos la ‘enmienda sorpresa’, pedimos una reunión urgente con el Ministro de Cultura y Deporte [Miquel Iceta] y ni nos ha contestado. El gobierno se llena la boca de que España es la panacea audiovisual, pero para los que vienen de fuera. Para los de dentro es una tortura”.

Hubo más dardos hacia Iceta: el hecho de que la Ley General de Comunicación Audiovisual haya sido tramitada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, liderado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, demuestra “quién tiene la fuerza real dentro del Gobierno” y que Cultura no tuvo ni “voluntad ni capacidad de reaccionar”. Así que se han levantado ellos. Y no solo: en los últimos días, Cima, la asociación de mujeres cineastas y de los medios audiovisuales, ha denunciado que las cuotas de financiación para las creadoras que “el PSOE” le había “prometido” quedan reducidas o eliminadas; y la ONG Plataforma per la llengua sostiene que otro cambio diluye la defensa del catalán dentro de la reforma.

Los productores dicen que comparten estas reivindicaciones, pero prefieren centrarse en un solo punto. Oliva lo resumió así: “El proyecto de ley es muy malo. Hay muchos aspectos que no cumple. No te hacen caso, y encima te dejan peor de lo que se pretendía. Vamos a concentrar los esfuerzos, porque estamos convencidos de que somos los que mejor podemos garantizar también una diversidad lingüística, cultural y de género. Nuestras creaciones ya nacen en gallego o realizadas por directoras. Salvar la producción independiente de rebote salva a muchas cosas. Pero matarla también mata a muchas cosas”.

Con información de Xosé Hermida.